“No hay garantía de seguridad en Oaxaca”

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Las tres camionetas que transportaban a los integrantes de la Caravana por la Paz que fueron emboscados la tarde de este martes y que se dirigían al municipio indígena de San Juan Copala “quedaron prácticamente deshechas por las balas, tenemos el reporte de personas heridas y muertas, pero no tenemos datos exactos”, dijo el Coordinador de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Oaxaca Wilfrido Mayrén Pelaez.

Por su parte Comunicación Social del Gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa menciona que “a la entrada de San Juan Copala, algunos de los vehículos fueron alcanzados por disparos de armas de fuego, resultando lesionada Mónica Citlalli Santiago Ortiz, de 22 años de edad, originaria y con domicilio en la ciudad de Oaxaca”.

Detalla que la lesionada, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), “presenta lesión superficial por esquirla de bala en la región dorsal derecha” y ahora recibe atención médica en la clínica del Hospital Rural número 66 del IMSS en Santiago Juxtlahuaca. Hasta el momento no se han confirmado los hechos que en diversas versiones circulan respecto a otras personas lesionadas o fallecidas”.

Mientras que el dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) Florentino López Martínez, ex vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y organizador de esta caravana explicó que en la comunidad de La Sabana, “un poco antes de llegar a San Juan Copala”, en una curva cerrada, las camionetas “encontraron bloqueada la carretera con palos y piedras y fue cuando empezó la balacera”.

Agregó “los compañeros que lograron escapar dicen que al instante cayeron dos personas de origen extranjero, pero no tenemos información de sus nombres, la comunicación es muy mala, las llamadas telefónicas se cortan a cada momento”.

El sacerdote Wilfrido Mayrén Pelaez, también fundador del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) mencionó que estos hechos demuestran que “el Estado no puede garantizar la seguridad en Oaxaca”.