La justicia argentina sienta de nuevo en el banquillo al dictador Bignone.

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El último dictador de Argentina, Reynaldo Bignone (1982-1983), se sometió ayer por segunda vez en su vida a juicio por los secuestros, torturas y desapariciones de los que se le acusa. Bignone fue el general que asumió el poder después de la derrota argentina en la guerra contra Reino Unido por las Islas Malvinas y quien no tuvo otra opción que abrir la transición democrática. En medio de todo eso, sin embargo, destruyó los archivos sobre las detenciones y asesinatos cometidos por el régimen militar (1976-1983) y promulgó una fallida ley de amnistía para los responsables del terrorismo de Estado que se ejerció contra guerrilleros, políticos, militantes sociales y de derechos humanos, sindicalistas, empresarios y religiosos. Su Gobierno fue el primero que reconoció que los desaparecidos estaban muertos, aunque contó "sólo 8.000", frente a los 30.000 que denunciaban las organizaciones de derechos humanos.

El juicio que comenzó ayer en el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, un suburbio del noroeste de Buenos Aires, es el segundo en el que se fallará sobre los crímenes cometidos en los centros de detención clandestina que operaban en el regimiento de Campo de Mayo y por donde pasaron 5.500 personas. Bignone, de 81 años, que cumple prisión preventiva domiciliaria, será juzgado junto a otros siete octogenarios integrantes de las fuerzas de seguridad por 56 delitos de allanamientos ilegales, secuestros, torturas, desapariciones y homicidios entre 1976 y 1978. Antes de ser presidente de hecho de Argentina, había sido segundo comandante del Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo, en 1977.

En el banquillo de los acusados se sentarán tres militares que ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto, en lo que fue el primer juicio de la llamada megacausa de Campo de Mayo. Se trata del comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros, y de los uniformados Fernando Verplaestsen y Jorge García, que fueron sentenciados a cadena perpetua, a 25 y 18 años de prisión, respectivamente. También serán juzgados en este nuevo juicio los militares Carlos Tepedino y Eugenio Guañabens Perelló y el policía Germán Montenegro.

Una de las víctimas de los delitos indagados es el obrero Héctor Ratto, que pertenecía al comité de empresa de Mercedes-Benz. La automotriz alemana, al igual que otras empresas multinacionales y argentinas, están acusadas de denunciar ante el régimen a empleados con militancia sindical que acabaron desaparecidos.

Al regresar la democracia, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), Bignone fue hallado culpable por los delitos cometidos en Campo de Mayo, pero sorteó la cárcel gracias a las leyes del perdón que impulsó el líder radical para acotar las condenas a la junta militar que encabezó el golpe de Estado de 1976. Esas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005. Próximamente también deberá comparecer como acusado en otros dos juicios por las desapariciones de jóvenes que cumplían la mili y de médicos y enfermeros que supuestamente atendían a guerrilleros.

Después del frustrado intento por recuperar las Malvinas, que costó la vida a 900 militares de ambos bandos en dos meses de guerra, las Fuerzas Armadas de Argentina, debilitadas también por las denuncias internacionales sobre la represión ilegal y la crisis económica latinoamericana, designaron a Bignone como encargado de la transición hacia la democracia. En su primer discurso público prometió elecciones para inicios de 1984, que finalmente se adelantaron a octubre de 1983 y en las que venció Alfonsín. El Congreso elegido por el pueblo anuló la amnistía de Bignone.