Ministro desliga a Fox y Ruiz de violencia en Oaxaca: SCJN.

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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia comenzaron a revisar un dictamen en el que se propone declarar que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en Oaxaca durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales en dicha entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.

El documento a revisión, elaborado por el ministro Mariano Azuela Güitrón, se afirma que durante meses no existió estado de Derecho en el municipio de Oaxaca y en su zona conurbada, y que se violaron los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento, expresión, de educación y a la paz.

En especial, se destaca, las violaciones de garantías fueron sufridas por la población que no participó en el conflicto.

Pero, al final, en el dictamen, se concluye que no es posible responsabilizar a ningún funcionario de la mayoría de las violaciones cometidas.

En el documento se deslinda de toda responsabilidad a las administraciones del entonces presidente Vicente Fox y del actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, porque no incurrieron en una “omisión absoluta”.

Porque, se asegura, los gobiernos federal y estatal llevaron a cabo las acciones idóneas para solucionar el conflicto, sólo que con “resultados indeseados”, que, se aclara, no se les pueden achacar.

En opinión de Azuela lo único que procede contra el gobernador de Oaxaca es “un reproche”, por no contar “con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir el surgimiento de conflictos como el que tuvo verificativo en el Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada”.

Porque, de acuerdo con el ministro Azuela, las únicas violaciones que se les pueden atribuir a las autoridades son las que se cometieron como parte de los operativos que se implementaron “para solucionar el conflicto social en Oaxaca”.

Y éstas, se precisa, son atribuibles únicamente a los mandos policiacos y elementos de los cuerpos de las policías federales y estatales, que se vieron involucrados en un uso excesivo de la fuerza pública, detenciones de personas inocentes; y tratos inhumanos durante la captura de manifestantes.