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Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, han participado “activamente en actos de tortura” de personas detenidas de forma preventiva bajo la figura del arraigo.
Esta denuncia la hicieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y familiares de víctimas arraigadas que sufrieron esta situación en cárceles militares.
Estas organizaciones han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos a manos de militares en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, en los que el arraigo se configura como una medida no excepcional, sino como una regla general, señalaron.
En su periodo de aplicación, según los denunciantes, las víctimas detenidas sufren torturas para obligarlos a confesar supuestos crímenes.
La PGR emplea a menudo esta figura para recopilar pruebas en contra de los delincuentes detenidos.
El presidente Felipe Calderón aseguró que en esta ciudad y en el estado de Baja California, sí han bajado de manera muy significativa los índices de criminalidad, porque las autoridades locales y federales trabajan codo con codo a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país. “Es cierto que en Tijuana, sí hemos bajado la criminalidad”.
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