Noticia:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que indica que Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años, murieron por un fuego cruzado, carece de sustento.
Con las evidencias y testimonios que obtuvo la CNDH, se concluyó que la escena en la que murieron los dos niños fue alterada y que, incluso, la camioneta de la familia fue baleada cuando sus ocupantes ya la habían abandonado, en un aparente intento por cambiar la versión de los hechos.
El organismo emitió una recomendación a la Sedena y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se realicen las acciones correspondientes a fin de que se esclarezca la agresión y se repare el daño a las víctimas del ataque con disparos de arma de fuego y granadas, realizado por efectivos militares a 13 civiles el pasado 3 de abril, en Ciudad Mier, Tamaulipas.
Ponen en duda versión de la Sedena
El argumento difundido por la Sedena sobre el caso sostiene que los hechos tuvieron su origen en un enfrentamiento entre militares, quienes iban con dirección a Nuevo Laredo, y varias camionetas en las que viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada, con dirección a Ciudad Mier, a la altura del kilómetro 17.
La CNDH consideró que la versión es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por el organismo.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que de acuerdo con la normatividad cuenta con 15 días hábiles para analizar los fundamentos de la recomendación, “por lo que en su oportunidad se determinará si se aceptan o no los términos de la misma”.
El ombudsman nacional Raúl Plascencia informó en conferencia de prensa que se observa “con preocupación” el contenido del informe de la autoridad responsable, pues “no tiene sustento ni apego a las evidencias”. Aseguró que hubo un indebido levantamiento de indicios y de preservación de las evidencias.
“Las víctimas no opusieron resistencia ni realizaron algún tipo de ataque a los elementos militares, lo que revela un uso arbitrario de la fuerza pública”, dijo Plascencia, quien también detalló que la CNDH observó violaciones al derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica.
Así como al derecho de los menores a que se proteja su identidad, por actos consistentes en privación de la vida; atentados a la integridad y seguridad personal; uso arbitrario de la fuerza pública; tratos crueles, inhumanos o degradantes; omisión de auxilio; alteración de la escena de los hechos, y ejercicio indebido de la función pública.
Aseguró que los testimonios de las víctimas coinciden al señalar que no llevaban camionetas adelante o atrás, que la visibilidad era clara y que disminuyeron la velocidad cuando un militar les ordenó parar.
El titular de la CNDH explicó que, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, el padre de familia que conducía la camioneta avanzó hasta que los efectivos militares se lo indicaron, sin embargo, en ese momento empezaron a dispararles, por lo que huyeron al monte hasta que encontraron una casa donde les brindaron auxilio.
Derivado de ello, la CNDH inició una investigación de oficio. A partir de ahí el organismo realizó 12 solicitudes de información y de colaboración, 25 entrevistas con agraviados, autoridades y testigos, y nueve visitas al lugar de los hechos.
Más casos de agresiones a civiles
Interrogado sobre si piensa que hay un plan del gobierno federal para ocultar agresiones y violaciones a los derechos humanos, Raúl Plascencia dijo que estará al tanto para evitar que eso ocurra.
Comentó en lo que va del 2010 la CNDH ha recibido 34 casos de agresiones contra civiles como parte de los operativos contra el crimen organizado, incluido el de los menores Almanza, por el que envió varias recomendaciones a la Sedena y a la PGR para reinvestigar el asunto y pedir que se someta a los militares a exámenes toxicológicos y sicológicos. (Con información de agencias)
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jueves, 17 de junio de 2010
martes, 20 de abril de 2010
Ombudsman: GDF no se compromete.
Noticia:
La ciudad de México se encuentra a la vanguardia en materia de derechos humanos, pero requiere de un gobierno comprometido con este tema, que atienda las recomendaciones emitidas por la comisión que los vigila y promueva y respete su autoridad, consideró el ombudsman capitalino Luis González Placencia.
Durante su informe anual de labores, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) criticó que distintas dependencias de gobierno rechacen, desatiendan o reciban parcialmente las recomendaciones del organismo, por considerar que no tiene facultades para hacerles señalamientos.
Criticó además la situación que se vive en los penales capitalinos, y puso en entredicho la capacidad de protección de la vida y la integridad de los reclusos: “Es claro que la situación en las cárceles es producto de fallos estructurales que deben ser atendidos a la brevedad”.
Por su parte Marcelo Ebrard, titular del Ejecutivo local, destacó que la capital es una ciudad de avanzada y dijo que tomará en cuenta los señalamientos, a fin de que en 2010 “tengamos buenas cuentas que entregar a nuestra ciudad”.
Justificó que muchos de los problemas que fueron detallados por el ombudsman se deben a que no existe el reconocimiento de los derechos plenos a la Asamblea Legislativa, y las reformas que efectúa son contravenidas por instancias federales, como ocurre actualmente en el tema de los matrimonios gay.
Ebrard comentó que el hecho de que el Congreso de la Unión no haya aprobado recursos suficientes de las partidas federales al gobierno capitalino, ha complicado la realización de algunas líneas de acción marcadas en el Programa de Derechos Humanos del DF, como ampliar la infraestructura hospitalaria, y abatir la sobrepoblación en los penales.
Los rezagos
A lo largo de 2009 la CDHDF recibió 8 mil 168 quejas, 7 mil 600 de las cuales fueron calificadas como presuntas violaciones, principalmente a los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad, al derecho de víctimas y personas ofendidas, a la salud y a la integridad personal.
La seguridad pública y la justicia penal constituyeron el principal foco de atención por violación a derechos humanos.
En 2009, la falta de cuidado de las autoridades generó 17 muertes en hechos violentos en los reclusorios, por lo menos dos violaciones, y decenas de mujeres y adolescentes agredidos por personal del Grupo Táctico Tiburón.
La ciudad de México se encuentra a la vanguardia en materia de derechos humanos, pero requiere de un gobierno comprometido con este tema, que atienda las recomendaciones emitidas por la comisión que los vigila y promueva y respete su autoridad, consideró el ombudsman capitalino Luis González Placencia.
Durante su informe anual de labores, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) criticó que distintas dependencias de gobierno rechacen, desatiendan o reciban parcialmente las recomendaciones del organismo, por considerar que no tiene facultades para hacerles señalamientos.
Criticó además la situación que se vive en los penales capitalinos, y puso en entredicho la capacidad de protección de la vida y la integridad de los reclusos: “Es claro que la situación en las cárceles es producto de fallos estructurales que deben ser atendidos a la brevedad”.
Por su parte Marcelo Ebrard, titular del Ejecutivo local, destacó que la capital es una ciudad de avanzada y dijo que tomará en cuenta los señalamientos, a fin de que en 2010 “tengamos buenas cuentas que entregar a nuestra ciudad”.
Justificó que muchos de los problemas que fueron detallados por el ombudsman se deben a que no existe el reconocimiento de los derechos plenos a la Asamblea Legislativa, y las reformas que efectúa son contravenidas por instancias federales, como ocurre actualmente en el tema de los matrimonios gay.
Ebrard comentó que el hecho de que el Congreso de la Unión no haya aprobado recursos suficientes de las partidas federales al gobierno capitalino, ha complicado la realización de algunas líneas de acción marcadas en el Programa de Derechos Humanos del DF, como ampliar la infraestructura hospitalaria, y abatir la sobrepoblación en los penales.
Los rezagos
A lo largo de 2009 la CDHDF recibió 8 mil 168 quejas, 7 mil 600 de las cuales fueron calificadas como presuntas violaciones, principalmente a los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad, al derecho de víctimas y personas ofendidas, a la salud y a la integridad personal.
La seguridad pública y la justicia penal constituyeron el principal foco de atención por violación a derechos humanos.
En 2009, la falta de cuidado de las autoridades generó 17 muertes en hechos violentos en los reclusorios, por lo menos dos violaciones, y decenas de mujeres y adolescentes agredidos por personal del Grupo Táctico Tiburón.
martes, 9 de marzo de 2010
El Consejo de Europa, en contra del veto al 'burka'.
Noticia:
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, defendió ayer la libertad de las mujeres para llevar el burka. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Hammarberg publicó en la web un largo texto en el que dice: "Las mujeres deberían ser libres para elegir cómo visten, sin interferencias de sus comunidades ni de las autoridades". El comisario considera que hay que "condenar" la obligación de llevar el burka, pero considera que "prohibir esas ropas estaría mal". Francia planea multas de hasta 750 euros por usarlo.
"La prohibición del burka no liberará a las mujeres oprimidas, sino que puede llevarlas a la alienación en las sociedades europeas" y puede suponer "una invasión de su vida privada", añade el comisario (Suecia, 1942), que ocupa el cargo desde 2006, cuando sustituyó al español Álvaro Gil-Robles.
Thomas Hammarberg duda incluso de que las legislaciones en contra de esta prenda, como la impulsada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, "sean compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos". Asegura que la carta preserva el derecho a la vida privada y el de la libertad para manifestar las creencias religiosas. Y añade que quienes defienden la prohibición total "no han demostrado que [el burka] mine la democracia, la seguridad, el orden o la pública", únicos casos en los que se pueden restringir derechos fundamentales. "El hecho de que un número muy pequeño de mujeres lleven estas ropas hace que estas propuestas sean aún menos convincentes", añade.
El comisario insiste en que no ha sido posible probar que estas mujeres sufran mayor represión por razón de sexo que otras. Y argumenta que la medida de prohibir el burka en los hospitales, sólo implicaría que las mujeres que lo usan dejaran de acudir a estos centros. Al centrarse en vestimentas de las musulmanas, apunta, "crea la impresión de que el objetivo es una determinada religión".
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, defendió ayer la libertad de las mujeres para llevar el burka. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Hammarberg publicó en la web un largo texto en el que dice: "Las mujeres deberían ser libres para elegir cómo visten, sin interferencias de sus comunidades ni de las autoridades". El comisario considera que hay que "condenar" la obligación de llevar el burka, pero considera que "prohibir esas ropas estaría mal". Francia planea multas de hasta 750 euros por usarlo.
"La prohibición del burka no liberará a las mujeres oprimidas, sino que puede llevarlas a la alienación en las sociedades europeas" y puede suponer "una invasión de su vida privada", añade el comisario (Suecia, 1942), que ocupa el cargo desde 2006, cuando sustituyó al español Álvaro Gil-Robles.
Thomas Hammarberg duda incluso de que las legislaciones en contra de esta prenda, como la impulsada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, "sean compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos". Asegura que la carta preserva el derecho a la vida privada y el de la libertad para manifestar las creencias religiosas. Y añade que quienes defienden la prohibición total "no han demostrado que [el burka] mine la democracia, la seguridad, el orden o la pública", únicos casos en los que se pueden restringir derechos fundamentales. "El hecho de que un número muy pequeño de mujeres lleven estas ropas hace que estas propuestas sean aún menos convincentes", añade.
El comisario insiste en que no ha sido posible probar que estas mujeres sufran mayor represión por razón de sexo que otras. Y argumenta que la medida de prohibir el burka en los hospitales, sólo implicaría que las mujeres que lo usan dejaran de acudir a estos centros. Al centrarse en vestimentas de las musulmanas, apunta, "crea la impresión de que el objetivo es una determinada religión".
jueves, 21 de enero de 2010
Segob: en México hay castigo para soldados que se exceden.
Noticia:
El gobierno federal respondió a la organización internacional Human Rights Watch (HRW) que “en México, los elementos castrenses que cometen delitos son procesados y sancionados conforme a derecho, por lo que el fuero militar no es espacio de impunidad ni de privilegios”.
En un comunicado de respuesta al reporte emitido ayer por HRW, en el que se acusa a las Fuerzas Armadas de cometer violaciones graves a las garantías de los ciudadanos, en especial durante las operaciones contra el crimen organizado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que México ha registrado “avances históricos en materia de derechos humanos” y recordó a la organización que la participación del Ejército en tareas de seguridad pública “es temporal y subsidiaria, a petición fundada y motivada de autoridades civiles”.
En su comunicado, la Segob afirmó que “en el marco del esfuerzo nacional en el combate al crimen organizado, las instituciones de seguridad pública federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
“La política interna de derechos humanos del Estado mexicano ha estado orientada a institucionalizar y a consolidar políticas públicas en la materia, a partir de la implementación de reformas legales, así como del fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la protección, defensa, promoción y realización de los derechos humanos”, dijo la dependencia.
Explicó que “como parte del compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto de los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) imparte cursos, conferencias y seminarios a todo el personal militar. Asimismo, la Sedena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabajan de manera coordinada para establecer protocolos de prevención y estrategias de actuación con el objetivo de reparar violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses.
Por su parte, la Sedena y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos trabajan conjuntamente con el propósito de aprovechar la experiencia técnica de la Oficina en materia de capacitación; elaboración de indicadores de impacto; seguimiento a las recomendaciones internacionales, y seguimiento a situaciones de preocupación en materia de derechos humanos”.
La Segob dijo que cuando la Procuraduría Militar tiene conocimiento de que efectivos participaron en hechos violatorios, abre una averiguación previa para, en su caso, fincar responsabilidades.
El gobierno federal respondió a la organización internacional Human Rights Watch (HRW) que “en México, los elementos castrenses que cometen delitos son procesados y sancionados conforme a derecho, por lo que el fuero militar no es espacio de impunidad ni de privilegios”.
En un comunicado de respuesta al reporte emitido ayer por HRW, en el que se acusa a las Fuerzas Armadas de cometer violaciones graves a las garantías de los ciudadanos, en especial durante las operaciones contra el crimen organizado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que México ha registrado “avances históricos en materia de derechos humanos” y recordó a la organización que la participación del Ejército en tareas de seguridad pública “es temporal y subsidiaria, a petición fundada y motivada de autoridades civiles”.
En su comunicado, la Segob afirmó que “en el marco del esfuerzo nacional en el combate al crimen organizado, las instituciones de seguridad pública federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
“La política interna de derechos humanos del Estado mexicano ha estado orientada a institucionalizar y a consolidar políticas públicas en la materia, a partir de la implementación de reformas legales, así como del fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la protección, defensa, promoción y realización de los derechos humanos”, dijo la dependencia.
Explicó que “como parte del compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto de los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) imparte cursos, conferencias y seminarios a todo el personal militar. Asimismo, la Sedena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabajan de manera coordinada para establecer protocolos de prevención y estrategias de actuación con el objetivo de reparar violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses.
Por su parte, la Sedena y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos trabajan conjuntamente con el propósito de aprovechar la experiencia técnica de la Oficina en materia de capacitación; elaboración de indicadores de impacto; seguimiento a las recomendaciones internacionales, y seguimiento a situaciones de preocupación en materia de derechos humanos”.
La Segob dijo que cuando la Procuraduría Militar tiene conocimiento de que efectivos participaron en hechos violatorios, abre una averiguación previa para, en su caso, fincar responsabilidades.
jueves, 14 de enero de 2010
CNDH exige respeto para los detenidos.
Noticia:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la presentación de personas ante medios de comunicación, a quienes se les imputa delitos y más tarde no son comprobados, son flagrantes violaciones a las garantías individuales que vulneran el derecho de presunción de inocencia.
Luis García, primer visitador de este organismo nacional, dijo que si una persona es exhibida en un momento dado como presunto responsable de un delito y después resulta que de la investigación, el proceso y la sentencia arrojan que no lo es, “se viola el derecho de presunción de inocencia”.
Aclaró que se tienen que ver con cuidado los casos concretos, para analizar bajo qué condiciones se hizo la exhibición o presentación de éstos ante los medios de comunicación; además de verificar si se lesionó el nombre y la reputación de las personas implicadas.
EL UNIVERSAL publicó este miércoles una investigación de personas detenidas en el Operativo Chihuahua, que fueron exhibidas como multiasesinos y que posteriormente, ante los jueces, este delito no fue presentado como cargo.
Luis García comentó que la presunción de inocencia es un derecho reconocido internacionalmente y que en el caso de la justicia penal, todas las personas que están consideradas como probables responsables de un delito, lo tienen.
“Hay una línea muy delicada”, dijo, a la vez que reiteró que todas las personas tienen un derecho de presunción de inocencia “y ese es el principio fundamental que se debe salvaguardar”.
Mencionó que un tema que preocupa a la comisión nacional es la protección de los datos personales de las víctimas del delito de alto impacto.
Ante una negligencia y mal manejo de información de las autoridades, “pueden ser colocadas en un alto grado de vulnerabilidad”, dijo.
Por otro lado, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que el exhibir a personas como presuntos asesinos y que posteriormente no lo son, es resultado de las graves deficiencias que tiene el sistema de administración y procuración de justicia.
A partir de la experiencia acumulada del trabajo de la defensa de casos realizados por esta agrupación, Arriaga Valenzuela comentó: “Lo que hemos buscado es tener un sistema de justicia que se base en el reconocimiento de los derechos humanos dentro de una democracia”.
Luis Arriaga recordó que el Estado mexicano ha ratificado convenios internacionales, que obligan a velar por la vigencia de estos derechos relativos al debido proceso.
Estas garantías, agregó el visitador, sólo pueden ser respetadas en un sistema que sea acusatorio, adversarial y oral: “y aquí vemos que no hay un avance real en estos derechos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la presentación de personas ante medios de comunicación, a quienes se les imputa delitos y más tarde no son comprobados, son flagrantes violaciones a las garantías individuales que vulneran el derecho de presunción de inocencia.
Luis García, primer visitador de este organismo nacional, dijo que si una persona es exhibida en un momento dado como presunto responsable de un delito y después resulta que de la investigación, el proceso y la sentencia arrojan que no lo es, “se viola el derecho de presunción de inocencia”.
Aclaró que se tienen que ver con cuidado los casos concretos, para analizar bajo qué condiciones se hizo la exhibición o presentación de éstos ante los medios de comunicación; además de verificar si se lesionó el nombre y la reputación de las personas implicadas.
EL UNIVERSAL publicó este miércoles una investigación de personas detenidas en el Operativo Chihuahua, que fueron exhibidas como multiasesinos y que posteriormente, ante los jueces, este delito no fue presentado como cargo.
Luis García comentó que la presunción de inocencia es un derecho reconocido internacionalmente y que en el caso de la justicia penal, todas las personas que están consideradas como probables responsables de un delito, lo tienen.
“Hay una línea muy delicada”, dijo, a la vez que reiteró que todas las personas tienen un derecho de presunción de inocencia “y ese es el principio fundamental que se debe salvaguardar”.
Mencionó que un tema que preocupa a la comisión nacional es la protección de los datos personales de las víctimas del delito de alto impacto.
Ante una negligencia y mal manejo de información de las autoridades, “pueden ser colocadas en un alto grado de vulnerabilidad”, dijo.
Por otro lado, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que el exhibir a personas como presuntos asesinos y que posteriormente no lo son, es resultado de las graves deficiencias que tiene el sistema de administración y procuración de justicia.
A partir de la experiencia acumulada del trabajo de la defensa de casos realizados por esta agrupación, Arriaga Valenzuela comentó: “Lo que hemos buscado es tener un sistema de justicia que se base en el reconocimiento de los derechos humanos dentro de una democracia”.
Luis Arriaga recordó que el Estado mexicano ha ratificado convenios internacionales, que obligan a velar por la vigencia de estos derechos relativos al debido proceso.
Estas garantías, agregó el visitador, sólo pueden ser respetadas en un sistema que sea acusatorio, adversarial y oral: “y aquí vemos que no hay un avance real en estos derechos”.
miércoles, 16 de diciembre de 2009
México, culpable de caso Radilla.
Noticia:
México recibió la segunda sentencia en su contra, en menos de una semana, por violación a los derechos humanos.
Después de más de 35 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable a México por la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en un retén militar, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la llamada guerra sucia contra las guerrillas izquierdistas, según la sentencia entregada a EL UNIVERSAL.
La sentencia se registra a sólo cinco días de que la CIDH anunciara que México recibió la primera condena por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y declarara que el Estado es culpable de un triple crimen de mexicanas en 2001 en esa región, por lo que le impuso sanciones legales, morales y económicas.
Multas costosas
En un plazo de un año, el Estado deberá pagar más de 158 mil dólares por pérdida de ingresos, daño inmaterial y emergente, indemnizaciones, lucro cesante, costes, gastos y otras reparaciones a los familiares de la víctima y a sus representantes legales, además de un acto público en el que de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en desagravio a la memoria de Radilla, según el fallo de la CIDH, con sede en Costa Rica desde su creación.
El caso fue llevado en 2008, en una acusación contra el aparato político y militar mexicano por delitos de “lesa humanidad”.
Radilla fue dirigente campesino en Atoyac, donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez laboraron como maestros en la década de 1970 y luego se convirtieron en jefes de la guerrilla en Guerrero. Rosendo Radilla Martínez, hijo de la víctima, negó que su padre fuera guerrillero.
Dijo en una de las comparecencias públicas, que la “dictadura” del PRI lo consideraba un enemigo.
En entrevista telefónica, Maria Sirvent, abogada que llevó el caso de Radilla, explicó que la sentencia declara la violación del Estado a la Convención Americana en el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso y las garantías judiciales en perjuicio de Radilla, así como de su familia.
México recibió la segunda sentencia en su contra, en menos de una semana, por violación a los derechos humanos.
Después de más de 35 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable a México por la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en un retén militar, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la llamada guerra sucia contra las guerrillas izquierdistas, según la sentencia entregada a EL UNIVERSAL.
La sentencia se registra a sólo cinco días de que la CIDH anunciara que México recibió la primera condena por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y declarara que el Estado es culpable de un triple crimen de mexicanas en 2001 en esa región, por lo que le impuso sanciones legales, morales y económicas.
Multas costosas
En un plazo de un año, el Estado deberá pagar más de 158 mil dólares por pérdida de ingresos, daño inmaterial y emergente, indemnizaciones, lucro cesante, costes, gastos y otras reparaciones a los familiares de la víctima y a sus representantes legales, además de un acto público en el que de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en desagravio a la memoria de Radilla, según el fallo de la CIDH, con sede en Costa Rica desde su creación.
El caso fue llevado en 2008, en una acusación contra el aparato político y militar mexicano por delitos de “lesa humanidad”.
Radilla fue dirigente campesino en Atoyac, donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez laboraron como maestros en la década de 1970 y luego se convirtieron en jefes de la guerrilla en Guerrero. Rosendo Radilla Martínez, hijo de la víctima, negó que su padre fuera guerrillero.
Dijo en una de las comparecencias públicas, que la “dictadura” del PRI lo consideraba un enemigo.
En entrevista telefónica, Maria Sirvent, abogada que llevó el caso de Radilla, explicó que la sentencia declara la violación del Estado a la Convención Americana en el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso y las garantías judiciales en perjuicio de Radilla, así como de su familia.
lunes, 14 de diciembre de 2009
CNDH: trata es la nueva esclavitud.
Noticia:
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl Plascencia, dijo hoy que la trata de personas es una nueva forma de esclavitud que destruye los proyectos de vida de una persona.
En un comunicado de la CNDH, el ombudsman indicó: “Hoy por hoy se alude a los tratantes de personas como una de las industrias más rentables económicamente, comparable con el narcotráfico”.
Expuso que la trata de personas “lastima el sentido más profundo de la dignidad de las personas”, además de privarlas de su libertad y someterlas a explotación laboral o sexual.
Explicó que esa actividad no sólo implica privar de su libertad a una persona y someterla a explotación laboral o sexual, sino destruir su proyecto de vida.
Plascencia dijo que para combatir este delito y las violaciones a los emigrantes, la CNDH participa en la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano, de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, del Instituto Internacional de Ombudsman y del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales.
Comentó que con estos organismos internacionales intercambia experiencias y dialoga sobre los temas como son “el fenómeno migratorio y la trata de personas, que es la nueva forma de esclavitud”.
Raúl Plascencia destacó que “no es válido ningún tipo de discriminación o el aislamiento de algún sector de la población”.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, México no cumple con los estándares mínimos del combate al tráfico de personas.
El más reciente informe de la cancillería estadounidense dijo: “El gobierno de México no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas”.
“Mientras que los funcionarios mexicanos reconoce al tráfico de personas como un problema serio, es una preocupación la falta de una respuesta fuerte por parte del gobierno, especialmente a la luz del gran número de víctimas presentes en el país”.
El reporte, de 320 páginas, clasifica en tres categorías la lucha de los países contra el tráfico de personas. En categoría se encuentran los países que cumplen con los estándares mínimos del combate al tráfico de personas.
Beneficio a traficantes
En el caso de México ha resaltado que existe una gran impunidad que beneficia a traficantes y explotadores de personas; han hecho énfasis en el aumento de explotación sexual infantil.
“El año pasado no hubo sentencias ni fortalecimiento de castigos contra los perpetradores del tráfico de personas; aunque el gobierno federal abrió 24 líneas de investigación contra presuntos responsables de este delito”.
“Un número significativo de mujeres mexicanas, niñas y niños son traficados dentro del país para la explotación sexual, engañados con falsas promesas de empleo y sacados de áreas rurales pobres para ser llevados a zonas urbanas, a ciudades de la frontera o centros turísticos. (Con información de agencias)
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl Plascencia, dijo hoy que la trata de personas es una nueva forma de esclavitud que destruye los proyectos de vida de una persona.
En un comunicado de la CNDH, el ombudsman indicó: “Hoy por hoy se alude a los tratantes de personas como una de las industrias más rentables económicamente, comparable con el narcotráfico”.
Expuso que la trata de personas “lastima el sentido más profundo de la dignidad de las personas”, además de privarlas de su libertad y someterlas a explotación laboral o sexual.
Explicó que esa actividad no sólo implica privar de su libertad a una persona y someterla a explotación laboral o sexual, sino destruir su proyecto de vida.
Plascencia dijo que para combatir este delito y las violaciones a los emigrantes, la CNDH participa en la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano, de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, del Instituto Internacional de Ombudsman y del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales.
Comentó que con estos organismos internacionales intercambia experiencias y dialoga sobre los temas como son “el fenómeno migratorio y la trata de personas, que es la nueva forma de esclavitud”.
Raúl Plascencia destacó que “no es válido ningún tipo de discriminación o el aislamiento de algún sector de la población”.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, México no cumple con los estándares mínimos del combate al tráfico de personas.
El más reciente informe de la cancillería estadounidense dijo: “El gobierno de México no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas”.
“Mientras que los funcionarios mexicanos reconoce al tráfico de personas como un problema serio, es una preocupación la falta de una respuesta fuerte por parte del gobierno, especialmente a la luz del gran número de víctimas presentes en el país”.
El reporte, de 320 páginas, clasifica en tres categorías la lucha de los países contra el tráfico de personas. En categoría se encuentran los países que cumplen con los estándares mínimos del combate al tráfico de personas.
Beneficio a traficantes
En el caso de México ha resaltado que existe una gran impunidad que beneficia a traficantes y explotadores de personas; han hecho énfasis en el aumento de explotación sexual infantil.
“El año pasado no hubo sentencias ni fortalecimiento de castigos contra los perpetradores del tráfico de personas; aunque el gobierno federal abrió 24 líneas de investigación contra presuntos responsables de este delito”.
“Un número significativo de mujeres mexicanas, niñas y niños son traficados dentro del país para la explotación sexual, engañados con falsas promesas de empleo y sacados de áreas rurales pobres para ser llevados a zonas urbanas, a ciudades de la frontera o centros turísticos. (Con información de agencias)
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Amnistía: militares violan derechos.
Noticia:
Un informe de Amnistía Internacional (AI) que documenta niveles “escandalosos” de violaciones a derechos humanos cometidas por militares tuvo una pronta respuesta de la Secretaría de Gobernación que lo consideró únicamente “dichos y percepciones” sin sustento.
El informe del organismo dedicado a México menciona que los abusos del Ejército son “frecuentes”, y en algunas zonas “habituales” y “rutinarios”.
En un mensaje, la directora adjunta del programa América de AI, Kerrie Howard, afirma que hay “un preocupante patrón de crímenes cometidos por el Ejército en sus operativos de seguridad, abusos que las autoridades de México niegan e ignoran”.
Al presentar el documento “México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército”, Alberto Herrera, representante de AI en el país, convocó a una movilización internacional de las secciones de ese organismo para manifestarse ante las representaciones mexicanas en 150 países para expresar su “consternación” por la violencia del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.
Sobre el tema, el presidente Felipe Calderón dijo que la criminalidad no se resolverá por “arte de magia” y, por ello, declinó escuchar “voces ingenuas” que pretenden que el Estado se retire de esa lucha.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que se reunió con el secretario de la Defensa para garantizar que el combate a la delincuencia se realice dentro de la ley.
En entrevista, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comentó: “Frente a una evidencia real se procederá, pero si todos estamos sólo en los dichos, en reclamaciones que no se sustentan, nosotros tenemos que respaldar a las corporaciones para que den la batalla, y ellas saben que no se permitirán abusos. Que donde haya evidencia se procederá en su contra porque al final ésta es una lucha por la gente y no en contra de la gente”.
Ayer y el lunes EL UNIVERSAL presentó investigaciones de organismos no gubernamentales y testimonios de víctimas que sufrieron abusos militares en Tijuana y en Ciudad Juárez.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) que documenta niveles “escandalosos” de violaciones a derechos humanos cometidas por militares tuvo una pronta respuesta de la Secretaría de Gobernación que lo consideró únicamente “dichos y percepciones” sin sustento.
El informe del organismo dedicado a México menciona que los abusos del Ejército son “frecuentes”, y en algunas zonas “habituales” y “rutinarios”.
En un mensaje, la directora adjunta del programa América de AI, Kerrie Howard, afirma que hay “un preocupante patrón de crímenes cometidos por el Ejército en sus operativos de seguridad, abusos que las autoridades de México niegan e ignoran”.
Al presentar el documento “México: nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército”, Alberto Herrera, representante de AI en el país, convocó a una movilización internacional de las secciones de ese organismo para manifestarse ante las representaciones mexicanas en 150 países para expresar su “consternación” por la violencia del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.
Sobre el tema, el presidente Felipe Calderón dijo que la criminalidad no se resolverá por “arte de magia” y, por ello, declinó escuchar “voces ingenuas” que pretenden que el Estado se retire de esa lucha.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que se reunió con el secretario de la Defensa para garantizar que el combate a la delincuencia se realice dentro de la ley.
En entrevista, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comentó: “Frente a una evidencia real se procederá, pero si todos estamos sólo en los dichos, en reclamaciones que no se sustentan, nosotros tenemos que respaldar a las corporaciones para que den la batalla, y ellas saben que no se permitirán abusos. Que donde haya evidencia se procederá en su contra porque al final ésta es una lucha por la gente y no en contra de la gente”.
Ayer y el lunes EL UNIVERSAL presentó investigaciones de organismos no gubernamentales y testimonios de víctimas que sufrieron abusos militares en Tijuana y en Ciudad Juárez.
martes, 1 de diciembre de 2009
“Hay que llamar a las cosas por su nombre”.
Noticia:
Ha sido expulsado de Venezuela por denunciar que el gobierno de Hugo Chávez empujaba a toda una nación hacia la intolerancia. Cuba lo ha acusado de ser un “mercenario al servicio de los sectores anticubanos en EU”, por haberse atrevido a señalar que “Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano Fidel”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), padece las consecuencias de su lucha en favor de los derechos humanos.
¿Cómo se vive bajo la piel de una persona considerada non grata para gobiernos como el de Cuba o el de Venezuela?
Obviamente no es agradable recibir este tipo de insultos. Pero esto demuestra que algunos gobiernos prefieren recurrir a las descalificaciones personales antes que aceptar el diálogo.
¿Hasta qué punto el haber dicho que Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano Fidel inhabilita a HRW y a José Miguel Vivanco como interlocutor eficaz en Cuba?
Nosotros tenemos una única misión. Y esa es el mostrar, en los términos más objetivos posibles, la realidad en distintas partes del mundo. Y si esa realidad nos lleva a conclusiones que pueden ser muy duras, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Como en el caso de Cuba, donde el aumento de las tácticas represivas ha sido patente durante el mandato de Raúl Castro.
¿Es posible modificar la dinámica de las relaciones de EU con Cuba cuando el gobierno de La Habana se mantiene impasible frente al ofrecimiento de cambio de Barack Obama?
Si al presidente Obama le preocupan los derechos humanos en Cuba y las relaciones con América Latina, revisar la política unilateral de aislamiento frente a Cuba es quizá la mejor opción para influir eficazmente en la isla, de la mano de una coalición multilateral que incluya a la Unión Europea, Canadá y algunos países de la región.
¿Qué papel puede jugar México en este esfuerzo multilateral?
El papel de México puede ser fundamental, entre otras razones porque, de todos los países de la región, México es uno de los que está más cerca de Cuba y por ello puede tener un papel muy importante en el debate. Hoy el gobierno de México tiene mucha credibilidad en el plano internacional en materia de derechos humanos.
¿Cómo ha sido el 2009 en materia de derechos humanos en el Hemisferio?
“En términos generales ha sido un año triste y con grandes altibajos. Hemos visto algunos progresos en el terreno judicial para alentar la libertad de expresión en países como Chile. Sin embargo, en países como México hemos visto como la situación de violencia se ha deteriorado gravemente, particularmente en el norte del país (...) No hemos podido constatar avances en la lucha contra la impunidad y el Ejército sigue atrincherado en su defensa del fuero militar.
¿En los casos específicos de Honduras y Venezuela?
“Honduras es un caso muy frustrante. Hemos estado varias veces ahí constatando violaciones a los derechos humanos del régimen de facto, como arrestos masivos, brutalidad policial... Hay muchos casos de censura contra los medios (...) En Venezuela continúan los sistemáticos esfuerzos del presidente Hugo Chávez por concentrar el poder (...). Es preocupante cómo se siguen recortando las libertades públicas en Venezuela.
Ha sido expulsado de Venezuela por denunciar que el gobierno de Hugo Chávez empujaba a toda una nación hacia la intolerancia. Cuba lo ha acusado de ser un “mercenario al servicio de los sectores anticubanos en EU”, por haberse atrevido a señalar que “Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano Fidel”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), padece las consecuencias de su lucha en favor de los derechos humanos.
¿Cómo se vive bajo la piel de una persona considerada non grata para gobiernos como el de Cuba o el de Venezuela?
Obviamente no es agradable recibir este tipo de insultos. Pero esto demuestra que algunos gobiernos prefieren recurrir a las descalificaciones personales antes que aceptar el diálogo.
¿Hasta qué punto el haber dicho que Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano Fidel inhabilita a HRW y a José Miguel Vivanco como interlocutor eficaz en Cuba?
Nosotros tenemos una única misión. Y esa es el mostrar, en los términos más objetivos posibles, la realidad en distintas partes del mundo. Y si esa realidad nos lleva a conclusiones que pueden ser muy duras, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Como en el caso de Cuba, donde el aumento de las tácticas represivas ha sido patente durante el mandato de Raúl Castro.
¿Es posible modificar la dinámica de las relaciones de EU con Cuba cuando el gobierno de La Habana se mantiene impasible frente al ofrecimiento de cambio de Barack Obama?
Si al presidente Obama le preocupan los derechos humanos en Cuba y las relaciones con América Latina, revisar la política unilateral de aislamiento frente a Cuba es quizá la mejor opción para influir eficazmente en la isla, de la mano de una coalición multilateral que incluya a la Unión Europea, Canadá y algunos países de la región.
¿Qué papel puede jugar México en este esfuerzo multilateral?
El papel de México puede ser fundamental, entre otras razones porque, de todos los países de la región, México es uno de los que está más cerca de Cuba y por ello puede tener un papel muy importante en el debate. Hoy el gobierno de México tiene mucha credibilidad en el plano internacional en materia de derechos humanos.
¿Cómo ha sido el 2009 en materia de derechos humanos en el Hemisferio?
“En términos generales ha sido un año triste y con grandes altibajos. Hemos visto algunos progresos en el terreno judicial para alentar la libertad de expresión en países como Chile. Sin embargo, en países como México hemos visto como la situación de violencia se ha deteriorado gravemente, particularmente en el norte del país (...) No hemos podido constatar avances en la lucha contra la impunidad y el Ejército sigue atrincherado en su defensa del fuero militar.
¿En los casos específicos de Honduras y Venezuela?
“Honduras es un caso muy frustrante. Hemos estado varias veces ahí constatando violaciones a los derechos humanos del régimen de facto, como arrestos masivos, brutalidad policial... Hay muchos casos de censura contra los medios (...) En Venezuela continúan los sistemáticos esfuerzos del presidente Hugo Chávez por concentrar el poder (...). Es preocupante cómo se siguen recortando las libertades públicas en Venezuela.
domingo, 22 de noviembre de 2009
“Un peligro, defender garantías ”.
Noticia:
En México, defensores de derechos humanos ponen en peligro diariamente su vida al buscar la justicia, debido a que no cuentan con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad física.
La actividad cotidiana los orilla a asumir el reto de vencer o morir, al toparse con la represión oficial, la impunidad y la corrupción que impera entre las fuerzas de seguridad en todo el país.
Representantes de organizaciones no gubernamentales, así como activistas y luchadores sociales denuncian que en Chiapas o Tamaulipas, en Guerrero o Chihuahua, no hay condiciones para realizar las tareas de promoción y defensa de las garantías individuales.
“Nunca imaginamos que en nuestra lucha por el imperio de la ley nos encontraríamos padeciendo un Estado de excepción, donde el respeto de nuestros derechos fundamentales ha quedado al arbitrio de las fuerzas castrenses y policiacas”, advierte el informe 2009 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Guerrero.
En octubre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) emitió un reporte sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en este país, en el que advierte:
“El incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor”.
El documento señala que Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Chihuahua son los lugares donde se han denunciado más violaciones contra los defensores de garantías en el país.
José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, explica que su labor se vio mermada desde que el gobierno federal inició una guerra frontal contra el narcotráfico. “Derechohumanistas institucionales y del ámbito civil han sido asesinados, secuestrados, golpeados, y son constantemente objeto de amenazas por parte del crimen organizado en todo el país.”
Esta situación ha obligado a un gran número de luchadores sociales a abandonar las ciudades donde vivían, luego de recibir amenazas de muerte.
En México, defensores de derechos humanos ponen en peligro diariamente su vida al buscar la justicia, debido a que no cuentan con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad física.
La actividad cotidiana los orilla a asumir el reto de vencer o morir, al toparse con la represión oficial, la impunidad y la corrupción que impera entre las fuerzas de seguridad en todo el país.
Representantes de organizaciones no gubernamentales, así como activistas y luchadores sociales denuncian que en Chiapas o Tamaulipas, en Guerrero o Chihuahua, no hay condiciones para realizar las tareas de promoción y defensa de las garantías individuales.
“Nunca imaginamos que en nuestra lucha por el imperio de la ley nos encontraríamos padeciendo un Estado de excepción, donde el respeto de nuestros derechos fundamentales ha quedado al arbitrio de las fuerzas castrenses y policiacas”, advierte el informe 2009 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Guerrero.
En octubre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) emitió un reporte sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en este país, en el que advierte:
“El incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor”.
El documento señala que Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Chihuahua son los lugares donde se han denunciado más violaciones contra los defensores de garantías en el país.
José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, explica que su labor se vio mermada desde que el gobierno federal inició una guerra frontal contra el narcotráfico. “Derechohumanistas institucionales y del ámbito civil han sido asesinados, secuestrados, golpeados, y son constantemente objeto de amenazas por parte del crimen organizado en todo el país.”
Esta situación ha obligado a un gran número de luchadores sociales a abandonar las ciudades donde vivían, luego de recibir amenazas de muerte.
jueves, 19 de noviembre de 2009
Edil acumula 253 quejas ante CEDH.
Noticia:
El alcalde Gregorio Sánchez ha acumulado personalmente en este año el récord histórico de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con 253 denuncias, según reportes del organismo en la zona norte de Quintana Roo.
Laura Susana Martínez, segunda visitadora de Derechos Humanos, dijo que 149 quejas han sido ingresadas por residentes que se oponen a la destrucción del Ombligo Verde.
En este lugar se pretende construir el nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario, plancha de cemento que amenaza con acabar uno de los últimos pulmones de la ciudad.
Las otras 104 denuncias en contra del edil fueron interpuestas por comerciantes informales desalojados la madrugada del 6 de octubre pasado de la zona conocida como “El Crucero”.
Gregorio Sánchez Martínez, munícipe de Benito Juárez (Cancún), asumió el cargo bajo las siglas del PRD, PT y Convergencia en abril de 2008 y concluirá su periodo en 2011.
La funcionaria indicó que de las 963 quejas acumuladas en lo que va del año, en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel, la lista la encabeza Sánchez Martínez, autonombrado “alcalde ciudadano”, no como gobierno, sino como edil con 253 denuncias.
El segundo lugar en el listado de denuncias ante la Comisión lo ocupa —ya como dependencia de gobierno— la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, también de Cancún. Las quejas son por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, lesiones y allanamiento de morada.
El centenar de denuncias por el tema del Ombligo Verde, como se conoce a las supermanzanas 31 y 32, cuyos usos de suelo correspondían originalmente a Parque Urbano y Equipamiento, fueron presentadas el 27 de julio pasado, por vecinos de la zona, debido a las violaciones cometidas por la comuna para dar paso al proyecto del nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario, proyecto que fue presentado a la iniciativa privada hace dos días, casi en secreto.
Ricardo Lujambio, Alicia María González Canseco, Jorge Alberto Blancarte, Tulio Arroyo y Betina Cetto, entregaron el paquete con la centena de quejas, en las que se denuncia al presidente municipal, por atentar contra el derecho constitucional de todo ciudadano a crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano, al insistir en llevar a cabo una obra rechazada por los habitantes de la zona, sin someterlo a consulta pública.
Los residentes dicen en sus denuncias que sus derechos a la salud, a la tranquilidad, al descanso y a crecer en un medio ambiente adecuado están violentados por el munícipe, sin contar con las transgresiones al marco legal.
El alcalde Gregorio Sánchez ha acumulado personalmente en este año el récord histórico de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con 253 denuncias, según reportes del organismo en la zona norte de Quintana Roo.
Laura Susana Martínez, segunda visitadora de Derechos Humanos, dijo que 149 quejas han sido ingresadas por residentes que se oponen a la destrucción del Ombligo Verde.
En este lugar se pretende construir el nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario, plancha de cemento que amenaza con acabar uno de los últimos pulmones de la ciudad.
Las otras 104 denuncias en contra del edil fueron interpuestas por comerciantes informales desalojados la madrugada del 6 de octubre pasado de la zona conocida como “El Crucero”.
Gregorio Sánchez Martínez, munícipe de Benito Juárez (Cancún), asumió el cargo bajo las siglas del PRD, PT y Convergencia en abril de 2008 y concluirá su periodo en 2011.
La funcionaria indicó que de las 963 quejas acumuladas en lo que va del año, en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Cozumel, la lista la encabeza Sánchez Martínez, autonombrado “alcalde ciudadano”, no como gobierno, sino como edil con 253 denuncias.
El segundo lugar en el listado de denuncias ante la Comisión lo ocupa —ya como dependencia de gobierno— la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, también de Cancún. Las quejas son por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, lesiones y allanamiento de morada.
El centenar de denuncias por el tema del Ombligo Verde, como se conoce a las supermanzanas 31 y 32, cuyos usos de suelo correspondían originalmente a Parque Urbano y Equipamiento, fueron presentadas el 27 de julio pasado, por vecinos de la zona, debido a las violaciones cometidas por la comuna para dar paso al proyecto del nuevo palacio municipal y la Plaza Bicentenario, proyecto que fue presentado a la iniciativa privada hace dos días, casi en secreto.
Ricardo Lujambio, Alicia María González Canseco, Jorge Alberto Blancarte, Tulio Arroyo y Betina Cetto, entregaron el paquete con la centena de quejas, en las que se denuncia al presidente municipal, por atentar contra el derecho constitucional de todo ciudadano a crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano, al insistir en llevar a cabo una obra rechazada por los habitantes de la zona, sin someterlo a consulta pública.
Los residentes dicen en sus denuncias que sus derechos a la salud, a la tranquilidad, al descanso y a crecer en un medio ambiente adecuado están violentados por el munícipe, sin contar con las transgresiones al marco legal.
martes, 10 de noviembre de 2009
Albañiles acusan tortura en Nayarit.
Noticia:
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit (CEDH) informó que Martín Eduardo Morelia Ramos, El Perusi, uno de los albañiles acusados de torturar y videograbar a cinco adolescentes en Tepic, nunca participó en los hechos debido a que en esa fecha estaba recluido en la cárcel.
Huicot Rivas Álvarez, presidente de la CEDH, detalló que los cuatro albañiles acusados de torturar a los estudiantes denunciaron haber sido objeto de golpes, intimidación y amenazas por parte de agentes estatales para que se declararan culpables, lo que motivó la ampliación del trámite del expediente de queja.
En la investigación se detectó que El Perusi, estuvo recluido en el Cereso Venustiano Carranza desde el 7 de agosto de 2008 hasta el 16 de octubre de 2009. Fecha posterior a cuando acontecieron los hechos contenidos en el video. “Se advierte claramente la imposibilidad material para participar en los hechos acontecidos el día 13 de octubre de 2009 (tres días antes a que obtuviera su libertad).
Por tratarse de irregularidades graves, la CEDH giró medidas cautelares al procurador general de Justicia, Héctor Béjar Fonseca, solicitándole “reconsiderar su actuación, continuar un desglose de la averiguación previa respectiva, perfeccionar la indagatoria y ordenar a la Policía Estatal investigar los hechos contenidos en los videos multicitados”.
Los hechos
El martes 13 de octubre, cinco jóvenes detenidos dentro de una casa en Tepic, a la que ingresaron para robar, fueron sometidos a un interrogatorio en el que se les infligieron golpes y torturas, incluyendo vejaciones sexuales, todo fue videograbado.
El 21 de octubre, en la página electrónica www.Youtube.com se publicaron videos, en los que se exhibe el agravio a los jóvenes.
El 24 de octubre, el gobernador Ney González Sánchez fijó un plazo máximo de 12 horas para que el procurador de Justicia y el director de la Policía Estatal Investigadora (PEI) dieran “resultados definitivos sobre las indagatorias de la vejación a los cinco preparatorianos.
El 25 de octubre, justo cuando vencía el ultimátum, la Procuraduría anunció la captura de cuatro albañiles como presuntos responsables de la tortura.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit (CEDH) informó que Martín Eduardo Morelia Ramos, El Perusi, uno de los albañiles acusados de torturar y videograbar a cinco adolescentes en Tepic, nunca participó en los hechos debido a que en esa fecha estaba recluido en la cárcel.
Huicot Rivas Álvarez, presidente de la CEDH, detalló que los cuatro albañiles acusados de torturar a los estudiantes denunciaron haber sido objeto de golpes, intimidación y amenazas por parte de agentes estatales para que se declararan culpables, lo que motivó la ampliación del trámite del expediente de queja.
En la investigación se detectó que El Perusi, estuvo recluido en el Cereso Venustiano Carranza desde el 7 de agosto de 2008 hasta el 16 de octubre de 2009. Fecha posterior a cuando acontecieron los hechos contenidos en el video. “Se advierte claramente la imposibilidad material para participar en los hechos acontecidos el día 13 de octubre de 2009 (tres días antes a que obtuviera su libertad).
Por tratarse de irregularidades graves, la CEDH giró medidas cautelares al procurador general de Justicia, Héctor Béjar Fonseca, solicitándole “reconsiderar su actuación, continuar un desglose de la averiguación previa respectiva, perfeccionar la indagatoria y ordenar a la Policía Estatal investigar los hechos contenidos en los videos multicitados”.
Los hechos
El martes 13 de octubre, cinco jóvenes detenidos dentro de una casa en Tepic, a la que ingresaron para robar, fueron sometidos a un interrogatorio en el que se les infligieron golpes y torturas, incluyendo vejaciones sexuales, todo fue videograbado.
El 21 de octubre, en la página electrónica www.Youtube.com se publicaron videos, en los que se exhibe el agravio a los jóvenes.
El 24 de octubre, el gobernador Ney González Sánchez fijó un plazo máximo de 12 horas para que el procurador de Justicia y el director de la Policía Estatal Investigadora (PEI) dieran “resultados definitivos sobre las indagatorias de la vejación a los cinco preparatorianos.
El 25 de octubre, justo cuando vencía el ultimátum, la Procuraduría anunció la captura de cuatro albañiles como presuntos responsables de la tortura.
viernes, 6 de noviembre de 2009
Militares torturan a detenidos: CIDH.
Noticia:
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, han participado “activamente en actos de tortura” de personas detenidas de forma preventiva bajo la figura del arraigo.
Esta denuncia la hicieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y familiares de víctimas arraigadas que sufrieron esta situación en cárceles militares.
Estas organizaciones han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos a manos de militares en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, en los que el arraigo se configura como una medida no excepcional, sino como una regla general, señalaron.
En su periodo de aplicación, según los denunciantes, las víctimas detenidas sufren torturas para obligarlos a confesar supuestos crímenes.
La PGR emplea a menudo esta figura para recopilar pruebas en contra de los delincuentes detenidos.
El presidente Felipe Calderón aseguró que en esta ciudad y en el estado de Baja California, sí han bajado de manera muy significativa los índices de criminalidad, porque las autoridades locales y federales trabajan codo con codo a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país. “Es cierto que en Tijuana, sí hemos bajado la criminalidad”.
Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, han participado “activamente en actos de tortura” de personas detenidas de forma preventiva bajo la figura del arraigo.
Esta denuncia la hicieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y familiares de víctimas arraigadas que sufrieron esta situación en cárceles militares.
Estas organizaciones han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos a manos de militares en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, en los que el arraigo se configura como una medida no excepcional, sino como una regla general, señalaron.
En su periodo de aplicación, según los denunciantes, las víctimas detenidas sufren torturas para obligarlos a confesar supuestos crímenes.
La PGR emplea a menudo esta figura para recopilar pruebas en contra de los delincuentes detenidos.
El presidente Felipe Calderón aseguró que en esta ciudad y en el estado de Baja California, sí han bajado de manera muy significativa los índices de criminalidad, porque las autoridades locales y federales trabajan codo con codo a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país. “Es cierto que en Tijuana, sí hemos bajado la criminalidad”.
CNDH emite 34 recomendaciones por abuso militar.
Noticia:
Durante la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) su ma un total de 45 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De este número —registrado del 1 de diciembre de 2006 al 15 de octubre de 2009— 34 corresponden a hechos ligados con la participación de militares en apoyo de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, se informó.
De las 34 recomendaciones, 20 son aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial; dos recibidas en tiempo para presentar pruebas, y una admitida sin pruebas de cumplimiento, mientras que 11 están en tiempo para ser contestadas.
Esto se constata en las respuestas que el Ejecutivo envía a los senadores, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, como parte de la pregunta parlamentaria en torno al tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón.
A principios de octubre, las diferentes fracciones en el Senado enviaron 50 preguntas al Ejecutivo, divididas en política exterior, política interior, política económica y política social. El PAN hizo 13 cuestionamientos, seguido del PRI, con 10; nueve del PRD y seis para PVEM, Convergencia y PT.
A pregunta de la bancada del PT, que preside Ricardo Monreal, se confirma que en la actual administración, la Sedena ha aceptado todas las recomendaciones que le han sido formuladas por la CNDH.
Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), se han registrado 18 casos en que miembros del Ejército son señalados como responsables de violaciones a derechos humanos, de los cuales 10 están en trámite activo.
El Ejecutivo informó de la capacitación a 71 mil 700 elementos en materia de derechos humanos; a 19 mil 499 integrantes en materia de equidad y género y a 15 mil 328, en derecho internacional humanitario.
Durante la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) su ma un total de 45 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De este número —registrado del 1 de diciembre de 2006 al 15 de octubre de 2009— 34 corresponden a hechos ligados con la participación de militares en apoyo de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, se informó.
De las 34 recomendaciones, 20 son aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial; dos recibidas en tiempo para presentar pruebas, y una admitida sin pruebas de cumplimiento, mientras que 11 están en tiempo para ser contestadas.
Esto se constata en las respuestas que el Ejecutivo envía a los senadores, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, como parte de la pregunta parlamentaria en torno al tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón.
A principios de octubre, las diferentes fracciones en el Senado enviaron 50 preguntas al Ejecutivo, divididas en política exterior, política interior, política económica y política social. El PAN hizo 13 cuestionamientos, seguido del PRI, con 10; nueve del PRD y seis para PVEM, Convergencia y PT.
A pregunta de la bancada del PT, que preside Ricardo Monreal, se confirma que en la actual administración, la Sedena ha aceptado todas las recomendaciones que le han sido formuladas por la CNDH.
Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), se han registrado 18 casos en que miembros del Ejército son señalados como responsables de violaciones a derechos humanos, de los cuales 10 están en trámite activo.
El Ejecutivo informó de la capacitación a 71 mil 700 elementos en materia de derechos humanos; a 19 mil 499 integrantes en materia de equidad y género y a 15 mil 328, en derecho internacional humanitario.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Senado elige hoy terna para CNDH.
Noticia:
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra (PT), llamó a todas las fuerzas políticas a tener una “enorme dosis de sensibilidad” para elegir este miércoles de entre 27 finalistas a la terna de la que surguirá el nuevo Ombudsman nacional.
En entrevista con EL UNIVERSAL dijo estar en contra de un arreglo de cuotas entre los partidos, y pidió ver el proceso de elección sin una visión empresarial o de administración.
“Yo les llamo a que sean capaces de entender y de sentir lo que le hace falta al pueblo. Si las procuradurías no cumplen con su deber, hay que enmendarles la plana también”, dijo.
La Comisión de Derechos Humanos está citada hoy a las cinco de la tarde para avalar una terna finalista que, si todo sale con acuerdos, se someterá el jueves al pleno, de tal manera que para ser nuevo Ombudsman debe obtener más de dos terceras partes de la votación.
Ibarra dijo que no tiene arreglo con ninguno de los 27 aspirantes y consideró que cada bancada tiene el derecho de ponerse de acuerdo: “lo que sí estaría muy mal es que cupularmente se pongan de acuerdo para sacar lo que les convenga a los diferentes grupos. No se trata de un negocio, donde se tengan que administrar bienes”.
Ante la posibilidad de que se posponga la elección de la terna, Ibarra dijo que pedirá que el día de hoy se llegue definitivamente a un acuerdo, pues sería “riesgoso” posponerlo más, toda vez que la sociedad mexicana tendrá suspicacias del proceso.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra (PT), llamó a todas las fuerzas políticas a tener una “enorme dosis de sensibilidad” para elegir este miércoles de entre 27 finalistas a la terna de la que surguirá el nuevo Ombudsman nacional.
En entrevista con EL UNIVERSAL dijo estar en contra de un arreglo de cuotas entre los partidos, y pidió ver el proceso de elección sin una visión empresarial o de administración.
“Yo les llamo a que sean capaces de entender y de sentir lo que le hace falta al pueblo. Si las procuradurías no cumplen con su deber, hay que enmendarles la plana también”, dijo.
La Comisión de Derechos Humanos está citada hoy a las cinco de la tarde para avalar una terna finalista que, si todo sale con acuerdos, se someterá el jueves al pleno, de tal manera que para ser nuevo Ombudsman debe obtener más de dos terceras partes de la votación.
Ibarra dijo que no tiene arreglo con ninguno de los 27 aspirantes y consideró que cada bancada tiene el derecho de ponerse de acuerdo: “lo que sí estaría muy mal es que cupularmente se pongan de acuerdo para sacar lo que les convenga a los diferentes grupos. No se trata de un negocio, donde se tengan que administrar bienes”.
Ante la posibilidad de que se posponga la elección de la terna, Ibarra dijo que pedirá que el día de hoy se llegue definitivamente a un acuerdo, pues sería “riesgoso” posponerlo más, toda vez que la sociedad mexicana tendrá suspicacias del proceso.
lunes, 2 de noviembre de 2009
Derechos de indígenas, a estudio en inicio de sesiones de CIDH.
Noticia:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy un nuevo periodo de sesiones con el estudio de varios casos de violaciones en América Latina, en especial de los derechos de los pueblos indígenas.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizará hasta el viernes 2 de noviembre 54 casos, solicitados por gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región.
Las sesiones arrancan hoy con una agenda dominada por las denuncias sobre violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, con dos audiencias generales sobre problemas que persisten en toda Sudamérica y dos concretas sobre Argentina y Panamá.
La jornada incluirá también las dos únicas audiencias privadas del periodo de sesiones, sobre la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en Venezuela, país que ha solicitado además dos audiencias públicas, sobre los derechos humanos y la criminalización de la protesta social en su territorio.
Los países que más casos presentarán ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas.
En el caso de Perú, la CIDH evaluará el martes las acciones del Estado ante las recomendaciones internacionales de legislar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de reconocer la propiedad colectiva de estas comunidades.
Otra de las audiencias destacadas será la que analizará la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Colombia, país que lleva por primera vez ante la CIDH denuncias relacionadas con este tema, relativamente nuevo para la Comisión y cuya importancia en la región está en aumento.
La misma preocupación centrará el viernes un caso sobre la ausencia de regulación en los países de la región de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
En un calendario dominado por asuntos que la CIDH ya ha estudiado con anterioridad, como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, destacan además las denuncias relacionadas con las violaciones de derechos en Honduras, tras el golpe de Estado que en junio otorgó el poder al presidente de facto Roberto Micheletti.
La Comisión también escuchará casos sobre derechos humanos en Cuba, sobre los niños desaparecidos a consecuencia del conflicto armado en El Salvador y sobre la libertad de radiodifusión en toda la región.
Los Estados que asistirán al 137 periodo de sesiones de la CIDH son Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Venezuela, Haití, Cuba, Perú, Colombia y México, según el calendario de audiencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy un nuevo periodo de sesiones con el estudio de varios casos de violaciones en América Latina, en especial de los derechos de los pueblos indígenas.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizará hasta el viernes 2 de noviembre 54 casos, solicitados por gobiernos y asociaciones de derechos humanos de 18 países de la región.
Las sesiones arrancan hoy con una agenda dominada por las denuncias sobre violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, con dos audiencias generales sobre problemas que persisten en toda Sudamérica y dos concretas sobre Argentina y Panamá.
La jornada incluirá también las dos únicas audiencias privadas del periodo de sesiones, sobre la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en Venezuela, país que ha solicitado además dos audiencias públicas, sobre los derechos humanos y la criminalización de la protesta social en su territorio.
Los países que más casos presentarán ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas.
En el caso de Perú, la CIDH evaluará el martes las acciones del Estado ante las recomendaciones internacionales de legislar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de reconocer la propiedad colectiva de estas comunidades.
Otra de las audiencias destacadas será la que analizará la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Colombia, país que lleva por primera vez ante la CIDH denuncias relacionadas con este tema, relativamente nuevo para la Comisión y cuya importancia en la región está en aumento.
La misma preocupación centrará el viernes un caso sobre la ausencia de regulación en los países de la región de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
En un calendario dominado por asuntos que la CIDH ya ha estudiado con anterioridad, como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, destacan además las denuncias relacionadas con las violaciones de derechos en Honduras, tras el golpe de Estado que en junio otorgó el poder al presidente de facto Roberto Micheletti.
La Comisión también escuchará casos sobre derechos humanos en Cuba, sobre los niños desaparecidos a consecuencia del conflicto armado en El Salvador y sobre la libertad de radiodifusión en toda la región.
Los Estados que asistirán al 137 periodo de sesiones de la CIDH son Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Venezuela, Haití, Cuba, Perú, Colombia y México, según el calendario de audiencias.
jueves, 29 de octubre de 2009
“Un error, rechazo a visita de relator”.
Noticia:
Es un error que el gobierno de México haya rechazado la colaboración de Philip Alston, relator para ejecuciones extrajudiciales y sumarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y haya postergado su visita al país, cuando se enfrenta un escenario de violencia grave por los homicidios que a diario ocurren.
Lo anterior lo sostuvo en entrevista con El UNIVERSAL, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien dijo estar sorprendido ante la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues su negativa a permitir la presencia del relator contrasta con la política de apoyo que ha tenido México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde el sexenio foxista.
Alston dio a conocer el martes que el gobierno mexicano le informó que “podía hacer una visita en 2011” aunque su mandato como relator concluye en 2010, cuando “no es un secreto que México atraviesa por graves problemas y yo quería entender mejor la situación. Hay un enorme número de gente asesinada diariamente en el país”.
El directivo de HRW dijo que México comete “un error” porque “se pierde de la experiencia de un jurista internacional, con todas las credenciales para poder analizar el fenómeno de las ejecuciones; y bien podría formular recomendaciones” para mejorar el combate a los criminales.
Afirmó que la “negativa elegante” del gobierno para que Alston visite México, representa romper con un esquema de cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dijo confiar en que éste no sea un signo de cambio en la política de derechos humanos del gobierno, ya que Vivanco está en México y se ha reunido con senadores que analizan la reforma en la materia “y veo una voluntad de crear un marco normativo acorde a los compromisos internacionales”.
Aunque en el informe de labores de la SRE sobre su trabajo a lo largo de 12 meses en materia de derechos humanos, no existe una sola mención de que se haya gestionado o analizado una visita del relator Philip Alston.
Sólo da cuenta de que en junio de 2009 extendió una invitación al relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados, Leandro Despouy, así como a la relatora para la Libertad de Expresión de la OEA.
Es un error que el gobierno de México haya rechazado la colaboración de Philip Alston, relator para ejecuciones extrajudiciales y sumarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y haya postergado su visita al país, cuando se enfrenta un escenario de violencia grave por los homicidios que a diario ocurren.
Lo anterior lo sostuvo en entrevista con El UNIVERSAL, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien dijo estar sorprendido ante la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues su negativa a permitir la presencia del relator contrasta con la política de apoyo que ha tenido México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde el sexenio foxista.
Alston dio a conocer el martes que el gobierno mexicano le informó que “podía hacer una visita en 2011” aunque su mandato como relator concluye en 2010, cuando “no es un secreto que México atraviesa por graves problemas y yo quería entender mejor la situación. Hay un enorme número de gente asesinada diariamente en el país”.
El directivo de HRW dijo que México comete “un error” porque “se pierde de la experiencia de un jurista internacional, con todas las credenciales para poder analizar el fenómeno de las ejecuciones; y bien podría formular recomendaciones” para mejorar el combate a los criminales.
Afirmó que la “negativa elegante” del gobierno para que Alston visite México, representa romper con un esquema de cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dijo confiar en que éste no sea un signo de cambio en la política de derechos humanos del gobierno, ya que Vivanco está en México y se ha reunido con senadores que analizan la reforma en la materia “y veo una voluntad de crear un marco normativo acorde a los compromisos internacionales”.
Aunque en el informe de labores de la SRE sobre su trabajo a lo largo de 12 meses en materia de derechos humanos, no existe una sola mención de que se haya gestionado o analizado una visita del relator Philip Alston.
Sólo da cuenta de que en junio de 2009 extendió una invitación al relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados, Leandro Despouy, así como a la relatora para la Libertad de Expresión de la OEA.
miércoles, 28 de octubre de 2009
Relevo en CNDH no se negociará: Ibarra.
Noticia:
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra (PT), consideró que la elección de la terna para designar al presidente de la CNDH se pospuso porque ni PAN ni PRI alcanzaron un acuerdo para tener un nuevo ombudsman acorde a sus requerimientos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la senadora dijo que espera que el 6 de noviembre —nueva fecha límite— ambos partidos ya lleven clara su idea y un método adecuado.
Ibarra garantizó que a pesar de la espera, no habrá un acuerdo cupular ni negociaciones: “Si podemos hacerlo antes (la elección), lo haremos, para evitar más suspicacias”.
“No sé si alguna gente que está dolida vaya a sentir que está mal (el retraso), lo que garanticé es que no tengo ningún acuerdo cupular con nadie, y nadie se ha atrevido ni se atreverá a proponerme nada, porque saben que voy a decir que no”, aseguró.
Ayer, el pleno del Senado ratificó el acuerdo para ampliar el plazo para que en comisiones se elija la terna para seleccionar al nuevo presidente de la CNDH que, según la primera convocatoria, debió aprobarse el lunes.
Nueva fecha
El acuerdo confirma que será el próximo 6 de noviembre la fecha límite para que la Comisión de Derechos Humanos elija la terna de finalistas y la someta al pleno para elegir al próximo ombudsman nacional.
“La Cámara de Senadores autoriza ampliar el plazo dispuesto en la base octava de la convocatoria aprobada el pasado 24 de septiembre, para que la designación de la terna de candidatos y la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ahí se dispone, se realice a más tardar el 6 de noviembre de 2009”, dice el resolutivo de la comunicación enviada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La lista final incluye 27 candidatos que ya comparecieron ante las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, y entre ellos se escogerán tres perfiles que posteriormente serán sometidos al pleno, donde el próximo presidente de la CNDH deberá obtener dos terceras partes de los votos.
Urgen método para terna
Ibarra aseguró que no hubo acuerdo previo para posponer la fecha de elección de la terna, y negó que vaya a comprometerse a alguna “cosa indebida”.
“Creo que más bien se debió a que no estaban de acuerdo todavía ellos, en un cierto consenso entre PRI y PAN, para sacar algún ombudsman que estuviera a tono con lo que querían”.
“Yo no quise decir nada, no hablé de ningún candidato ni de ninguna posibilidad, y he mantenido mi promesa de no hacerle propaganda a nadie, porque a lo mejor es quemarlo”.
La senadora dijo que se ha hablado de varios métodos para elegir la terna, pero insistió en que para el 6 de noviembre debe darse un acuerdo.
Ayer, también se turnó a la Comisión de Derechos Humanos un memorial de particulares que pide al Ejecutivo atender la recomendación de la CNDH sobre la fumigación de guarderías, asilos y hospitales.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra (PT), consideró que la elección de la terna para designar al presidente de la CNDH se pospuso porque ni PAN ni PRI alcanzaron un acuerdo para tener un nuevo ombudsman acorde a sus requerimientos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la senadora dijo que espera que el 6 de noviembre —nueva fecha límite— ambos partidos ya lleven clara su idea y un método adecuado.
Ibarra garantizó que a pesar de la espera, no habrá un acuerdo cupular ni negociaciones: “Si podemos hacerlo antes (la elección), lo haremos, para evitar más suspicacias”.
“No sé si alguna gente que está dolida vaya a sentir que está mal (el retraso), lo que garanticé es que no tengo ningún acuerdo cupular con nadie, y nadie se ha atrevido ni se atreverá a proponerme nada, porque saben que voy a decir que no”, aseguró.
Ayer, el pleno del Senado ratificó el acuerdo para ampliar el plazo para que en comisiones se elija la terna para seleccionar al nuevo presidente de la CNDH que, según la primera convocatoria, debió aprobarse el lunes.
Nueva fecha
El acuerdo confirma que será el próximo 6 de noviembre la fecha límite para que la Comisión de Derechos Humanos elija la terna de finalistas y la someta al pleno para elegir al próximo ombudsman nacional.
“La Cámara de Senadores autoriza ampliar el plazo dispuesto en la base octava de la convocatoria aprobada el pasado 24 de septiembre, para que la designación de la terna de candidatos y la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ahí se dispone, se realice a más tardar el 6 de noviembre de 2009”, dice el resolutivo de la comunicación enviada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
La lista final incluye 27 candidatos que ya comparecieron ante las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, y entre ellos se escogerán tres perfiles que posteriormente serán sometidos al pleno, donde el próximo presidente de la CNDH deberá obtener dos terceras partes de los votos.
Urgen método para terna
Ibarra aseguró que no hubo acuerdo previo para posponer la fecha de elección de la terna, y negó que vaya a comprometerse a alguna “cosa indebida”.
“Creo que más bien se debió a que no estaban de acuerdo todavía ellos, en un cierto consenso entre PRI y PAN, para sacar algún ombudsman que estuviera a tono con lo que querían”.
“Yo no quise decir nada, no hablé de ningún candidato ni de ninguna posibilidad, y he mantenido mi promesa de no hacerle propaganda a nadie, porque a lo mejor es quemarlo”.
La senadora dijo que se ha hablado de varios métodos para elegir la terna, pero insistió en que para el 6 de noviembre debe darse un acuerdo.
Ayer, también se turnó a la Comisión de Derechos Humanos un memorial de particulares que pide al Ejecutivo atender la recomendación de la CNDH sobre la fumigación de guarderías, asilos y hospitales.
martes, 27 de octubre de 2009
Provida va contra Álvarez Icaza.
Noticia:
El comité nacional Provida y su director, Jorge Serrano Limón, se manifestaron en contra de que el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza sea designado titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues aseguró que sólo Raúl Plascencia y Javier Moctezuma Barragán cumplen con los requisitos para defender el derecho a la vida.
Jorge Serrano Limón solicitó al Senado que en la terna que enviará al presidente Felipe Calderón se incluyan los nombres de Raúl Plascencia y Javier Moctezuma para que se elija entre ambos aspirantes.
Serrano informó que si ninguno de ellos es incluido o designado como ombudsman nacional, Provida recurrirá a la impugnación y al veto hasta en las tres ocasiones en las que se puede intervenir en el proceso, de acuerdo con la legislación.
Después de evaluar a 15 de los aspirantes, Serrano aseguró que “la candidatura ideal” es la de Raúl Plascencia. Sin embargo, destacó la postulación de Javier Moctezuma, del que dijo tiene un perfil “ambiguo y pragmático”, pero al que podrían apoyar por su trayectoria.
Se manifestó por que el nuevo ombudsman “utilice toda la fuerza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” para acabar con la legalización del aborto en el Distrito Federal.
Provida aseguró que impedirán que Patricia Olamendi, Gerardo Laveaga, José Francisco Gallardo, Guadalupe Morfín y Susana Pedroza puedan ser designados por mantener una “postura pro-aborto”.
Acusó a Morfín de no haber impedido que un número mayor de mujeres fueran asesinadas en Ciudad Juárez; en tanto, que de Pedroza condenó su apoyo a homosexuales y lesbianas.
El comité nacional Provida y su director, Jorge Serrano Limón, se manifestaron en contra de que el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza sea designado titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues aseguró que sólo Raúl Plascencia y Javier Moctezuma Barragán cumplen con los requisitos para defender el derecho a la vida.
Jorge Serrano Limón solicitó al Senado que en la terna que enviará al presidente Felipe Calderón se incluyan los nombres de Raúl Plascencia y Javier Moctezuma para que se elija entre ambos aspirantes.
Serrano informó que si ninguno de ellos es incluido o designado como ombudsman nacional, Provida recurrirá a la impugnación y al veto hasta en las tres ocasiones en las que se puede intervenir en el proceso, de acuerdo con la legislación.
Después de evaluar a 15 de los aspirantes, Serrano aseguró que “la candidatura ideal” es la de Raúl Plascencia. Sin embargo, destacó la postulación de Javier Moctezuma, del que dijo tiene un perfil “ambiguo y pragmático”, pero al que podrían apoyar por su trayectoria.
Se manifestó por que el nuevo ombudsman “utilice toda la fuerza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” para acabar con la legalización del aborto en el Distrito Federal.
Provida aseguró que impedirán que Patricia Olamendi, Gerardo Laveaga, José Francisco Gallardo, Guadalupe Morfín y Susana Pedroza puedan ser designados por mantener una “postura pro-aborto”.
Acusó a Morfín de no haber impedido que un número mayor de mujeres fueran asesinadas en Ciudad Juárez; en tanto, que de Pedroza condenó su apoyo a homosexuales y lesbianas.
Debate fiscal atora relevo en la CNDH.
Noticia:
Las negociaciones de senadores para modificar el paquete fiscal aprobado por la Cámara de Diputados entrampó el proceso para elegir la terna final de aspirantes a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Tras la decisión, los partidos representados en el Senado de la República expresaron su “temor” de que las discusiones sobre el Presupuesto 2010 contaminen los nombramientos que deben concretarse antes de que finalice 2009 y tengan la misma suerte que el relevo del ombudsman.
Ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta decidió posponer para la próxima semana la elección de los tres candidatos finalistas a suceder a José Luis Soberanes por considerar que ambos procesos —Ley de Ingresos y elección del nuevo presidente de la CNDH—, se definirían al mismo tiempo. El plazo fatal lo fijaron para el 6 de noviembre.
Además del nombramiento en la Comisión, el Senado tendrá que elegir al nuevo gobernador del Banco de México, a un integrante del consejo consultivo de la propia CNDH y a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros.
En San Lázaro, los diputados tendrán que definir al nuevo auditor superior de la Federación y debatir el Presupuesto de Egresos del gobierno federal.
En el Senado, el debate sobre el paquete fiscal para 2010 se atoró luego de que PAN, PRI y PRD no alcanzaron definiciones en torno al aumento del IVA, al impuesto de 3% a telecomunicaciones y el incremento de 28% a 30% del Impuesto Sobre la Renta.
Las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos se declararon en sesión permanente, para analizar las minutas correspondientes a la Ley de Ingresos 2010. Hoy se volverán a reunir.
A propuesta del senador priísta Fernando Castro Trenti se desahogarán las minutas que no contienen oposición ni polémica, para dejar al final el IVA y el aumento de los gravámenes.
Priístas mencionaron que analizaron en privado otras opciones ante el rechazo al incremento del IVA; entre ellas, aumentar la deuda del gobierno y cambiar la expectativa de precio del petróleo para 2010.
El Senado tiene hasta el viernes para aprobar eventuales cambios y regresarlos a diputados para su procesamiento.
En tanto, la dirigencia nacional del PRD reiteró su llamado a desechar el aumento al IVA, al ISR y el gravamen a telecomunicaciones, por lo que anunció una propuesta alternativa para darle recursos al gobierno a través de eliminar regímenes especiales e impulsar el cobro de impuestos a grandes empresas y a alimentos chatarra, así como a los productos milagro.
Las negociaciones de senadores para modificar el paquete fiscal aprobado por la Cámara de Diputados entrampó el proceso para elegir la terna final de aspirantes a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Tras la decisión, los partidos representados en el Senado de la República expresaron su “temor” de que las discusiones sobre el Presupuesto 2010 contaminen los nombramientos que deben concretarse antes de que finalice 2009 y tengan la misma suerte que el relevo del ombudsman.
Ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta decidió posponer para la próxima semana la elección de los tres candidatos finalistas a suceder a José Luis Soberanes por considerar que ambos procesos —Ley de Ingresos y elección del nuevo presidente de la CNDH—, se definirían al mismo tiempo. El plazo fatal lo fijaron para el 6 de noviembre.
Además del nombramiento en la Comisión, el Senado tendrá que elegir al nuevo gobernador del Banco de México, a un integrante del consejo consultivo de la propia CNDH y a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros.
En San Lázaro, los diputados tendrán que definir al nuevo auditor superior de la Federación y debatir el Presupuesto de Egresos del gobierno federal.
En el Senado, el debate sobre el paquete fiscal para 2010 se atoró luego de que PAN, PRI y PRD no alcanzaron definiciones en torno al aumento del IVA, al impuesto de 3% a telecomunicaciones y el incremento de 28% a 30% del Impuesto Sobre la Renta.
Las comisiones unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos se declararon en sesión permanente, para analizar las minutas correspondientes a la Ley de Ingresos 2010. Hoy se volverán a reunir.
A propuesta del senador priísta Fernando Castro Trenti se desahogarán las minutas que no contienen oposición ni polémica, para dejar al final el IVA y el aumento de los gravámenes.
Priístas mencionaron que analizaron en privado otras opciones ante el rechazo al incremento del IVA; entre ellas, aumentar la deuda del gobierno y cambiar la expectativa de precio del petróleo para 2010.
El Senado tiene hasta el viernes para aprobar eventuales cambios y regresarlos a diputados para su procesamiento.
En tanto, la dirigencia nacional del PRD reiteró su llamado a desechar el aumento al IVA, al ISR y el gravamen a telecomunicaciones, por lo que anunció una propuesta alternativa para darle recursos al gobierno a través de eliminar regímenes especiales e impulsar el cobro de impuestos a grandes empresas y a alimentos chatarra, así como a los productos milagro.
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