La Corte acepta revisar fallo contra 2 indígenas.

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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia decidieron hacerse cargo de la apelación que promovió la defensa de las indígenas Alberta y Teresa en contra de la sentencia de 21 años de prisión que les dictó un juez, tras responsabilizarlas del secuestro de seis agentes.

La decisión de intervenir en este caso generó sorpresa incluso en la misma Corte por la rapidez con que se adoptó la decisión y por la trascendencia que podrá tener para casos similares.

Desde que se reformó y se modificó la integración y las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace 15 años, el alto tribunal sólo había empleado esta facultad —considerada en el artículo 105 de la Constitución— en dos ocasiones.

Petición de Juan Silva

Normalmente las apelaciones penales le corresponde atenderlas a los tribunales unitarios.

En el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, el recurso de apelación contra la sentencia que dictó el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos, le tocaba resolverla al tribunal unitario ubicado en Querétaro.

Pero a petición del ministro Juan Silva Meza, la Corte acordó intervenir debido a la relevancia que ha adquirido y porque considera que este asunto les permitirá establecer criterios en torno a la prohibición constitucional de no discriminación y respecto a los derechos de la mujer y los derechos de pueblos indígenas.

El ministro Silva pidió atraer el caso la tarde del martes y ayer, su petición fue revisada y aprobada por sus compañeros de la primera sala, que es la que se encarga de los asuntos penales.

La revisión de la sentencia dictada a las dos indígenas ñhañhü, que ha sido ampliamente cuestionada tanto por organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.

Agilizarán resolución

No existe un plazo definido para que se resuelva, pero en la Suprema Corte se prevé que sea antes de julio próximo.

Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial (ya liberada), fueron detenidas en marzo de 2006, en el tianguis de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, luego de que la media docena de ex agentes realizaron un operativo para el decomiso de productos pirata.