Ministro acusa a Fox de omisión en caso Oaxaca.

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Por vez primera un ex presidente de la República fue colocado en el banquillo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se analiza la posibilidad de declarar que el gobierno del ex presidente Vicente Fox es responsable, por omisión, de las violaciones graves de garantías que sufrió la población de Oaxaca durante el conflicto magisterial, político y social que se vivió en esta entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.

En la revisión del caso, de manera directa, el ministro José de Jesús Gudiño aseguró que el gobierno federal “dejó mucho tiempo en un estado de abandono absoluto al estado de Oaxaca”, al negarle apoyo de fuerzas federales que estaba obligado a brindar, con lo que prácticamente parecía “no haber Estado”.

Al gobierno federal, recordó, se le pidió, incluso se le rogó, apoyo en varias ocasiones para que interviniera, pero dicho apoyo fue negado durante varios meses, cruciales para que crecieran la violencia y las violaciones de derechos.

Tal parece, dijo Gudiño, que el apoyo se le negó a Oaxaca porque no había empatía entre el gobierno de Vicente Fox con el de Ulises Ruiz, y a manera de ejemplo recordó que en el conflicto en Atenco, en el estado de México, bastaron algunas llamadas para que la Policía Federal llegara a apoyar a la estatal, y para que el Cisen interviniera.

En este punto coincidió el ministro José Ramón Cossío, quien dijo que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se dedicó a tratar de negociar con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) la solución del conflicto, cuando dicha dependencia no tiene atribuciones para negociar. Porque, precisó, la responsable de brindar dicho apoyo era de la secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese momento a cargo del ahora ex procurador Eduardo Medina Mora.

Por este mismo motivo, el ministro Genaro Góngora también pidió responsabilizar de los hechos, por parte del gobierno, a Medina Mora.

Pero el ministro Gudiño fue más allá, al señalar entre las autoridades responsables al ex presidente Fox, al fallecido ex secretario de Gobernación Carlos Abascal, y al ex secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora.

Además, a quienes les sucedieron en el cargo, es decir, al presidente Calderón, a Francisco Ramírez Acuña y a Genaro García Luna, respectivamente, “pues no debe perderse de vista que los hechos se prolongaron aún después del relevo”.

Por lo que se refiere a las autoridades locales, el ministro Góngora pidió responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz, por tratar de solucionar el conflicto de manera tardía y por haber ordenado el operativo fallido para desalojar el zócalo de la capital, el 14 de junio de 2006, lo que radicalizó el conflicto.

En su oportunidad, el ministro Mariano Azuela, como encargado del caso, explicó que en el conflicto se registraron dos tipos de violaciones: las que sufrieron las personas ajenas al conflicto y las que se generaron contra los manifestantes por el uso excesivo de la fuerza pública en los operativos.

Mientras que el ministro Sergio Aguirre se pronunció por declarar que ni las autoridades estatales ni las federales incurrieron en violaciones de garantías, y catalogó a los integrantes de la APPO como un grupo subversivo.