Sindicatos frenan seguro universal.

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Expertos advirtieron que el sistema de salud mexicano requiere una “reforma integral”, pero reconocieron que los sindicatos serían “los grandes perdedores”.

John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expresó que la población ganaría con una reforma integral, “pero habría algunos perdedores, sobre todo los sindicatos, porque varios de los privilegios que tienen serían difíciles de sostener con las eventuales modificaciones”.

Nuria Homedes, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, cuestiona por qué la instauración del Seguro Popular, en 2004, no se dio sobre la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialistas en el tema responden a la investigadora: no se utilizó el andamiaje del IMSS porque las autoridades no quisieron enfrentar al sindicato.

Homedes aseguró que la aparición del Seguro Popular vino a fragmentar más el acceso a los servicios de salud y a ocasionar una ineficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al sector: “El sistema mexicano ya tenía al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud, que atendía a toda la población abierta. Pero con el Seguro Popular, ahora se suma otra segmentación más: las personas que tienen Seguro Popular y las que no”

Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, señala que el Seguro Popular duplicó las estructuras de las secretarías de salud estatales, lo que complicó el control de los recursos: “Los estados reciben el dinero del Seguro Popular y lo usan como quieren”, mencionó.

Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia que administra los recursos del Seguro Popular, reconoce que los estados desarrollan diferentes modelos de atención, por lo que se impulsa una “segunda generación de reformas” para unificar las prácticas estatales.

En la Cámara, legisladores de PRI, PVEM y PT exigieron una auditoría al gasto del Seguro Popular que se ha triplicado desde 2006. Como una muestra del “desastre”, expusieron que millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo tienen como destino la incineración.

En León, Guanajuato, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, rechazó el fracaso del Seguro Popular. “A veces los programas que son exitosos tratamos de demeritarlos”, dijo.

Afirmó que de acuerdo con encuestas realizadas por terceros, los índices de satisfacción de los usuarios están por encima de 95%.

EL UNIVERSAL publicó ayer que esos resultados fueron puestos en duda por Investigación en Salud y Demografía, ya que únicamente se preguntó a afiliados atendidos.