Corte invalida bursatilización de Sonora.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el mecanismo que estableció el gobierno de Sonora para comprometer en la Bolsa Mexicana de Valores los impuestos, locales y federales, que recibiría la entidad durante 30 años.

Los ministros consideraron que la llamada bursatilización de recursos públicos —usada por municipios, entidades y el gobierno federal— se realizó en Sonora con la intención de evitar que el manejo del financiamiento obtenido pudiera transparentarse o fiscalizarse.

A propuesta del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y después de que el caso se había aplazado desde agosto, la Corte declaró inconstitucional el sistema de bursatilización en Sonora al establecer que ese financiamiento no era considerado deuda pública.

Se había establecido que durante 30 años, el Congreso local no podía tocar ni pronunciarse en torno al destino de los impuestos comprometidos, y que el manejo de los ingresos quedaría a cargo de un banco y no de la administración estatal. En consecuencia, legisladores ni ciudadanos tenían derecho a fiscalizar el manejo que le diera el gobierno a esos recursos.

Los ministros concluyeron que la bursatilización de impuestos es válida, pero sólo si es considerada como deuda pública, sujeta a mecanismos de fiscalización. Al causar confusión, aclararon que de momento este criterio sólo es válido para Sonora.

Esta petición la había hecho la Secretaría de Hacienda a la Corte, pero sin ser parte del juicio, a fin de evitar que el criterio del alto tribunal se aplicara a otros casos que se han llevado a cabo en el país.

Los ministros también explicaron que su decisión no tendrá efectos retroactivos, por lo que el gobierno de Sonora tendrá que seguir destinando recursos que reciba de los impuestos locales y de las participaciones federales para pagar 4 mil 500 millones de pesos que la administración de Eduardo Bours comprometió para este fin hasta 2038.

La única consecuencia inmediata es que la bursatilización se quedará en esta cifra, y no en los 10 mil millones que había programado Bours para lo que denominó el Plan Sonora Proyecta; y que la deuda adquirida pueda ser fiscalizada.

Los ministros sólo invalidaron el artículo 19 Bis de la Ley de Deuda Pública del estado de Sonora, que permitía al gobierno local desincorporar de la hacienda pública cualquier activo, incluidos los derechos sobre recaudación futura de impuestos, para colocarlos en fideicomisos privados de financiamiento que, a su vez, se pueden bursatilizar.

El coordinador del PRI en el Congreso local y ex secretario de Gobierno —durante la administración de Eduardo Bours—, Roberto Ruibal Astiazarán, calificó la medida como lamentable, pues “es un mecanismo novedoso, idóneo para lograr mayores niveles de inversión en los estados”.

El líder de la bancada del PAN, Enrique Reina Lizárraga, dijo que la inconstitucionalidad del esquema confirmó la postura del blanquiazul, al considerarlo poco transparente.