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lunes, 12 de octubre de 2009

GDF inicia consultas para reglamentar trabajo sexual.

Noticia:


El gobierno del Distrito Federal (GDF) busca regular el sexoservicio en la capital del país, y para ello las autoridades locales han iniciado mesas de análisis y discusión con representantes de trabajadores y trabajadoras sexuales de toda la ciudad, a fin de diseñar una ley, o en su caso, un reglamento que ordene el ejercicio de esa actividad.

La Consejería Jurídica de la administración capitalina es el área encargada de establecer los contactos y entablar el diálogo con los grupos de personas dedicadas al sexoservicio en la ciudad de México.

Hasta la semana pasada faltaba llevar a las mesas de trabajo a representantes de las personas que trabajan en la calzada de Tlalpan, pues ya se ha establecido diálogo con los grupos que operan en las zonas de Buenavista, La Merced y Sullivan, entre otros.

Además, la Consejería Jurídica del GDF ha empezado a analizar leyes y reglamentos de otras naciones, e incluso de otras entidades del país que ya han logrado ordenar el trabajo sexual, con el objetivo de adoptar las normas más eficaces y exitosas.

Se toman en cuenta experiencias internacionales de países como Holanda, Suecia, España (Cataluña), Perú, Australia, Alemania, Bolivia y Nicaragua, así como reglamentaciones locales como Veracruz, Durango, del municipio de Guadalupe, en Zacatecas, y San Luis Río Colorado, en Sonora.

Sacan iniciativas de la “congeladora”

Para diseñar el ordenamiento local, la autoridades capitalinas han rescatado del olvido iniciativas que diputados locales de anteriores legislaturas dejaron pendientes de aprobar, como la propuesta de Ley de Protección al Sexoservicio planteada en el año 2007 por el legislador perredista Juan Bustos, y la iniciativa de Ley de Trabajo Sexual en la Vía Pública que en 2005 presentó el también asambleísta del PRD, Julio César Moreno, quien actualmente es otra vez legislador local.

El gobierno de la ciudad también estaba en espera de la definición sobre quién sería el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para invitar a ese organismo a participar en la redacción del nuevo ordenamiento para el trabajo sexual.

Leticia Bonifaz, titular de la Consejería Jurídica capitalina, aceptó el reto que enfrenta el gobierno local por este intento de ordenar a quienes ejercen el trabajo sexual, pero explicó que la intención al impulsar una normatividad en este tema es actuar contra la explotación sexual y el lenocinio.

“Vamos a analizar y discutir temas como zonas de tolerancia, la operación de hoteles, los horarios; todavía no hay nada en firme y sabemos que no será fácil sacar adelante esa norma, pero esperamos que en marzo de 2010 tengamos ya un documento definido”, dijo Leticia Bonifaz Alfonzo.

Agregó que el plan del gobierno de la ciudad es crear una ley o reglamento que se encuentre en el punto medio de entre las normas más conservadoras y las más liberales existentes a nivel nacional e internacional, que por un lado garanticen los derechos de quienes se dedican a esa actividad, y por el otro de quienes viven en las zonas del DF donde ocurre el sexoservicio.

“No somos un grupo especial”

Luego de participar en estas primeras mesas de discusión con las autoridades locales, Alejandra Gil, representante de trabajadores de sexuales de la zona de Buenavista, dijo que su planteamiento al gobierno es el de abierto rechazo a crear una ley.

“Nosotros planteamos que no puede haber una ley porque no somos alguien especial. Tendría que haber leyes para doctores, para licenciados y para todo mundo. Una reglamentación se acepta, pero no una ley. No se necesitan leyes específicas para el trabajo sexual”, expuso Gil en entrevista.

Lo que se necesita, agregó, es el reconocimiento de este oficio como un trabajo, así como encontrar un justo medio entre las necesidades de este sector y las exigencias de los grupos vecinales. Por ello también rechazó cualquier planteamiento sobre establecer zonas de tolerancia, integrar padrones de trabajadores sexuales o imponerles la obligación de hacerse exámenes médicos de manera constante, pues dijo que eso es una violatación de sus derechos humanos.

“Cuando toda la población se haga exámenes médicos, nos los haremos nosotros. El gobierno de la ciudad sabe que eso sería una violación a nuestros derechos humanos. Nosotras no somos extrañas o extraterrestres para hacernos pruebas, porque no te garantizan nada; hay periodos de incubación de la enfermedad y es una falsa seguridad decir que estás bien, cuando pudiste tener una relación sin control hace ocho días”, dijo.

Expuso que no hay fecha para una segunda reunión con las autoridades, pero consideró necesario que se incorpore a personal de los juzgados cívicos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para definir criterios de actuación de policías y de jueces cívicos, pues son ellos los que más violan los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual.

Reciclan propuesta

Cuatro años después de que presentó su propuesta de Ley de Trabajo Sexual en la Vía Pública y otra vez como asambleísta del PRD, Julio César Moreno dijo que replanteará el contenido de aquella iniciativa que impulsó en 2005, a través de la cual proponía la creación de zonas de tolerancia, catalogar a quien ejerce el sexoservicio como trabajador no asalariado, y exigir a cada una de estas personas el pago de 4.4 pesos al día por el uso de la vía pública para su actividad.

“Se comentó de manera informal con el gobierno de la ciudad retomar la iniciativa ley de trabajo sexual; estamos esperando que se instale la Comisión de Procuración de Justicia aquí en la Asamblea Legislativa del DF para iniciar mesas de trabajo de carácter formal, primero con el gobierno local y después replanteando la ley”, explicó el diputado.

Consideró que debe lograrse un consenso entre los distintos sectores involucrados en el tema, sobre todo para avanzar en el derecho a la seguridad social que plantean las y los trabajadores sexuales. Aceptó que será necesario revisar planteamientos como la creación de zonas de tolerancia o la existencia de un padrón de quienes ejercen esa actividad.

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