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Los presidentes de México, Felipe Calderón, y Francia, Nicolas Sarkozy, anunciaron ayer la creación de una comisión binacional que revisará el caso de la francesa Florence Cassez, de 34 años, condenada por la justicia mexicana a 60 años de prisión por secuestro. Sarkozy inició ayer su primera visita oficial a México.
Después de recibir la bienvenida oficial en el Palacio Nacional de la capital mexicana, Sarkozy declaró que había hablado por teléfono con Cassez, quien le informó de que pedirá su traslado a una prisión francesa bajo el amparo del Tratado de Estrasburgo, que dispone que los extranjeros sentenciados requieran la extradición a su país de origen para cumplir la condena. Cassez fue detenida en diciembre de 2005 junto con su entonces pareja, Israel Vallarta, el presunto líder de la banda Los Zodiaco, acusada de varios secuestros.
La francesa alega inocencia, aun cuando dos de las víctimas le han identificado como uno de los miembros de la banda.Cristina Ríos, que junto con su hijo de 11 años permaneció cautiva tres meses en la casa que compartían Vallarta y Cassez, la señala como "la mujer cuya voz escuché en innumerables ocasiones", según detalla en una carta reproducida en varios medios mexicanos.
Sarkozy promete atención
Sarkozy dejó claro que no impugnará "las decisiones de la justicia mexicana", pero explicó que debía abogar por su compatriota. El presidente francés recibió a los padres de Cassez la semana pasada, y les garantizó que daría "la mayor de las atenciones" al asunto.
En México, varias organizaciones de víctimas de la violencia han manifestado su rechazo a la posible extradición de la joven. "Que Florence Cassez sea oriunda de una provincia del norte francés es irrelevante. Cometió un gravísimo error al ser parte de una banda de secuestradores, aunque lo niegue y proclame su inocencia", comenta en un comunicado Alejandro Martí, presidente del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS) y padre de Fernando Martí, un joven de 14 años que fue asesinado por los secuestradores pese a que su familia había pagado el rescate. Para el presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, "si se cometió un delito en México, el juzgado y el veredicto deben darse en este país", según explica en una entrevista concedida al periódico mexicano El Universal.
Por su parte, el presidente mexicano explicó que el análisis del caso busca no sólo cumplir las obligaciones de su Gobierno con tratados y convenios internacionales, sino garantizar la tranquilidad de las víctimas que, aseguró, "no merecen sufrir además la terrible injusticia de la impunidad". Agregó que nadie en México, "independientemente de su condición social, económica o nacionalidad", puede burlar la ley. La comisión que revisará el caso estará formada por especialistas que designarán los dos Gobiernos.
Comentario:
Finalmente, se llega a un acuerdo y es la mejor solución: la cooperación conjunta.
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