Soslayan 12 legislaturas discutir sobre el aborto.

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Luego de una fuerte ofensiva conservadora, 18 estados del país reformaron sus códigos penales para castigar el aborto, mientras que en cinco entidades congelan propuestas para despenalizarlo, en otras cinco el tema no está en agenda legislativa y en dos los diputados no se deciden a discutir iniciativas a favor del “derecho a la vida” impulsadas por el panismo.

En Guerrero, Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas y Baja California Sur los congresos recibieron iniciativas en defensa del derecho del aborto pero las comisiones respectivas las tienen congeladas, mientras que en Tlaxcala y Aguascalientes “guardan” para tiempos mejores la discusión de propuestas antiaborto y en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Tabasco el tema no está agendado.

Hasta ahora se han aprobado reformas llamadas antiaborto a las legislaciones locales de Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Sólo en el Distrito Federal se aprobó una legislación en favor de los derechos de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y la maternidad.

El 1 de octubre de 2009 el PRD propuso reformar el Código de Procedimientos Penales de Guerrero para despenalizar el aborto, pero quedó congelada en la Comisión de Justicia del Congreso local por oposición del PAN y del PRI, aun cuando en esa entidad abortan 12 de cada 100 embarazadas por causas congénitas, traumatismos, infecciones y rechazos por problemas inmunológicos.

De acuerdo con datos de Servicios Estatales de Salud, el aborto se atribuye también al rechazo por violación, problemas económicos, sociales y personales.

En Sinaloa, hace un año el PRD presentó una iniciativa para despenalizar el aborto pero los 22 diputados priístas —de los 40 que integran la Legislatura— y los 14 del PAN, la mantienen congelada.

Organizaciones feministas de Hidalgo pidieron a la Legislatura local evitar un retroceso en la ley que permite a las mujeres interrumpir el embarazo por violación, malformaciones congénitas, aborto imprudencial o por motivos de salud.

“Para nosotros lo importante ya no es un avance”, dijo Adriana Jiménez Patlan, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, al indicar que los diputados locales analizan una iniciativa de ley cuyo contenido se desconoce si es a favor o en contra del aborto.

Tema evadido

Ante una sociedad conservadora, en Zacatecas el tema y discusión del aborto en tribuna se ha evadido y pospuesto por posibles costos políticos, y desde hace tres años se envió a la congeladora una iniciativa para despenalizarlo, en forma similar a la aprobada en el Distrito Federal.

En abril de 2007, la propuesta integral fue presentada ante el pleno de la 58 Legislatura por el entonces diputado perredista Aquiles González Navarro, actualmente afiliado al PT, cuado el PRD controlaba el Congreso local. El legislador consideró que su partido no lo apoyó “por instrucciones de la gobernadora Amalia García” por temor al voto de castigo.

En contraste, en la actual Legislatura, dominada por el PRI, la fracción panista elabora una “iniciativa antiaborto” que se supone basada en la Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad que el panismo impulsa a nivel nacional.

En Baja California Sur desde octubre pasado el PRD ingresó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Politizar el debate

Por “temor” de que sea politizada por el proceso electoral del 4 de julio, en Tlaxcala está detenida una propuesta a favor del “derecho a la vida”, presentada en febrero pasado por el diputado de Convergencia, José Juan Temoltzin.

“Está en la congeladora, pero creo que ahora nadie le entra porque es entrar en polémica y causaría estragos en el proceso electoral”, comentó el diputado petista José Juan Piedras Romero, quién adelantó que en breve presentará una iniciativa para defender el derecho de decisión de las mujeres, aunque consideró necesario realizar foros populares para “concientizar por qué la mujer debe tener ese derecho y dejarse de prejuicios”.

En Aguascalientes también analizan una ley antiabortista, de “protección a la vida”, presentada desde octubre de 2008 por el Partido Acción Nacional, y de la que —según el diputado local panista, Jaime Gallo— el PRI, la primera fuerza legislativa con 14 parlamentarios, “quiere sacarle raja política” luego de que en campaña sus candidatos ofrecieron proteger la vida desde su concepción.

Nada en la agenda

En Michoacán, estado gobernado por el perredismo, en la agenda legislativa no hay ninguna propuesta para regular el derecho de concepción, aunque el 16 de marzo pasado los congresistas michoacanos, incluidos los del PRI, fueron los primeros en el país en rechazar la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para penalizar el aborto.

El Código Penal de Michoacán permite el aborto en caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la madre.

En Tamaulipas, en tanto, el Código Penal vigente data de 1986, sin reformas, y aunque contempla el aborto como un delito con penas de uno a cinco años de prisión, no se sanciona en casos de ser provocado por accidente, cuando el embarazo sea por violación o si pone en peligro la vida de la madre. Aun así, penaliza “aquella conducta que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

El Código Penal de Coahuila penaliza el aborto, pero lo considera “no punible” en caso de violación, peligro de muerte de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves o cuando “se cause por culpa sin previsión de la mujer embarazada”, pero no hay ninguna iniciativa de reforma en el Congreso estatal.

En Nuevo León no se conocen iniciativas en el Congreso para despenalizar el aborto, sancionado hasta con un año de prisión por el Código Penal, salvo que sea por motivos de salud o violación, al igual que en Tabasco, donde se sanciona hasta con ocho años de cárcel a quien lo practique, aunque no punible en caso de peligro de muerte, violación o de inseminación indebida.