“El general es un delincuente”.

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La contundencia con que el fiscal estatal Pedro Luis Benítez se refirió al general brigadier Manuel Farfán Carriola sorprendió a los diputados del Congreso de Morelos: “Es un delincuente común y corriente”. La frase fue escuchada por los legisladores Javier Mújica, Fidel Demedicis, Jorge Arizmendi, Guadalupe Jiménez, Juana Barrera y Karen Villegas.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el 27 de octubre pasado, el fiscal y los legisladores sesionaron en privado durante 110 minutos para hablar de temas con “carácter confidencial”.

Uno de ellos fue el proceso que se sigue contra el ex secretario de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana, Farfán Carriola, por su probable responsabilidad en el homicidio de un policía que acudió a un llamado de auxilio sin medios de defensa.

Su presunta responsabilidad estriba, según el fiscal, en que el 26 de septiembre, cuando tres asaltantes mataron a seis personas —dos preventivos, dos bomberos y dos civiles en un asalto—, los oficiales del sector uno trabajaron sin armas debido a que el arsenal fue utilizado para una práctica de tiro con miras a un curso especializado que organizó el general.

Pasadas 24 horas de su comparecencia, Benítez Vélez ordenó la búsqueda formal de Farfán Carriola para que responda ante el Ministerio Público por la “probable comisión de delitos por omisión, uso indebido de funciones públicas y negligencia”.

Al general también se le acusa de alterar la escena donde mataron al comandante José Santiago Morales Bahena, uno de los seis acribillados, porque al arribar al sitio pateó casquillos percutidos que se encontraban en el suelo y violó el cordón de seguridad instalado por los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo).

El procurador dijo a los diputados que la investigación contra el general inició a finales de septiembre, luego de que las pesquisas preliminares confirmaron que mandó a varios policías a un llamado de auxilio sin armas.

Su persecución fue asumida por la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJE, cuyo titular Juan Andrés Peña Rodríguez envió un oficio al general Leopoldo Díaz Pérez, comandante de la 24 Zona Militar, para emplazarlo a que en un término “no mayor a 72 horas” ofreciera información sobre el paradero de Farfán Carriola.

En el oficio, con fecha 28 de octubre, se pide al general Díaz Pérez informar “si tiene conocimiento del domicilio actual del general brigadier retirado Manuel Farfán Carriola o de su ubicación física actual o de algún número telefónico y de ser afirmativa la respuesta, remitir dicha información a la fiscalía”.

La noche del martes, el cabildo de Cuernavaca acordó instruir a la Consejería Jurídica municipal a revisar la actuación del general Farfán Carriola por este caso. El alcalde priísta Manuel Martínez Garrigós dijo que la revisión incluye a su antecesor, el panista Joaquín Roque González, sin que se trate de “revanchismo político”, sino de un estricto cumplimiento con el mandato del Congreso del estado.

La investigación

La carpeta de investigación SCO1 / 7807 / 2009 abierta contra el general en retiro contiene un oficio dirigido a Ernesto García Sandoval, entonces encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana, ahora Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, para que en un término no mayor a seis horas informara y remitiera copia certificada del expediente laboral de Farfán Carriola, así como su alta como servidor público.

La PGJE solicitó el inventario del armamento que tiene la corporación policial, con el número de armas y las características de cada una de ellas.

Pide “informar de manera detallada cuáles fueron las prácticas de tiro que se realizaron los días 25 y 26 de septiembre del año en curso y anexar las documentales con las que cuenta y acredita su dicho”.

La PGJE inició la persecución de Farfán Carriola a un mes de haber sido cesado y luego de trascender la declaración ministerial del policía preventivo Víctor García Gaspar, escolta del comandante asesinado Santiago Morales Bahena, quien confirmó que su jefe no llevaba su arma cuando fue acribillado por tres asaltantes. El escolta resultó ileso debido a que siguió a su jefe a distancia y cuando escuchó las detonaciones se tiró al suelo.

Ante el Ministerio Público, el oficial subrayó que tras los hechos, el general le ordenó que se fuera a la comandancia para armarse y evitar que la prensa cuestionara por qué iba desarmado.

El 29 de septiembre, tres días después de los hechos, el general fue destituido del mando policial, pero antes de abandonar su oficina solicitó el apoyo de la 24 Zona Militar para acordonar la dependencia municipal durante casi 16 horas. En ese tiempo, los policías denunciaron que el general los interrogó para saber quién o quiénes “filtraron” a la prensa que trabajaron desarmados el 26 de septiembre.

Las actuaciones del general provocaron la comparecencia, el 30 de septiembre, del ex edil Joaquín Roque González ante el Congreso, quien dijo que nunca se enteró del curso de escoltas que organizaba el general Farfán con el armamento y tampoco que los policías habían trabajado sin armas.