México, culpable de caso Radilla.

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México recibió la segunda sentencia en su contra, en menos de una semana, por violación a los derechos humanos.

Después de más de 35 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable a México por la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en un retén militar, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la llamada guerra sucia contra las guerrillas izquierdistas, según la sentencia entregada a EL UNIVERSAL.

La sentencia se registra a sólo cinco días de que la CIDH anunciara que México recibió la primera condena por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y declarara que el Estado es culpable de un triple crimen de mexicanas en 2001 en esa región, por lo que le impuso sanciones legales, morales y económicas.

Multas costosas

En un plazo de un año, el Estado deberá pagar más de 158 mil dólares por pérdida de ingresos, daño inmaterial y emergente, indemnizaciones, lucro cesante, costes, gastos y otras reparaciones a los familiares de la víctima y a sus representantes legales, además de un acto público en el que de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en desagravio a la memoria de Radilla, según el fallo de la CIDH, con sede en Costa Rica desde su creación.

El caso fue llevado en 2008, en una acusación contra el aparato político y militar mexicano por delitos de “lesa humanidad”.

Radilla fue dirigente campesino en Atoyac, donde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez laboraron como maestros en la década de 1970 y luego se convirtieron en jefes de la guerrilla en Guerrero. Rosendo Radilla Martínez, hijo de la víctima, negó que su padre fuera guerrillero.

Dijo en una de las comparecencias públicas, que la “dictadura” del PRI lo consideraba un enemigo.

En entrevista telefónica, Maria Sirvent, abogada que llevó el caso de Radilla, explicó que la sentencia declara la violación del Estado a la Convención Americana en el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso y las garantías judiciales en perjuicio de Radilla, así como de su familia.