Ley de la niñez.

Aunque la Cámara de Diputados corrigió ya algunos de los dislates cometidos por los senadores al redactar la mal llamada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a sus observaciones les falta todavía un elemento fundamental: reafirmar el respeto a los derechos de las madres y los padres de familia y de los tutores legítimos de menores a educar y formar a sus hijos o tutelados.

Ya en el texto original enviado por el presidente Enrique Peña Nieto se señalaba que niños, niñas y adolescentes gozarán de libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura, pero el primer mandatario matizaba correctamente al señalar que “corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, guiarlos de conformidad con sus creencias religiosas y sus tradiciones culturales”. Y también acertadamente indicaba, para evitar abusos, que esas creencias y tradiciones “no podrán ser tales que dañen o comprometan su integridad física o mental, ni la de terceros”.

Remarcaba la propuesta de Peña Nieto que “la libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden público, la moral o la salud, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.

Además, en el capítulo sobre el Derecho a la Intimidad, el texto presidencial indicaba que “no se considerará violación a lo dispuesto (…), la supervisión o restricción que realicen quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, a las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez”.

Estas salvaguardas que la iniciativa de Peña Nieto manejaba, fueron totalmente eliminadas por los senadores, de manera que el concepto de patria potestad y del derecho de los padres a educar y formar a sus hijos prácticamente desapareció y quedó anulado en el dictamen que enviaron a la Cámara de Diputados.

Los senadores reemplazaron las menciones a padres o tutores, reemplazándolas con un concepto equívoco de “familia” y colocando al Estado como la instancia superior en cuanto al derecho sobre los menores, otorgándole al gobierno, en todas sus instancias, una total discrecionalidad para aplicar las normas de ese ordenamiento.

Bien que los diputados hayan enmendado algunas de las disposiciones fascistas y totalitarias contenidas en la ley mencionada. Pero falta que muestren un real espíritu democrático y libertario confirmando en ese ordenamiento legal los legítimos derechos de los padres y tutores. La tarea aún está incompleta.