Urge ombudsman escolar, dice ONG.

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No sólo el narco y el crimen organizado se están “apoderando” de escuelas, sino la violencia que no es detectada ni atendida, coincidieron una treintena de organizaciones civiles al presentar el Informe Alterno del Derecho a la Educación, que propuso la creación del ombudsman de la educación.

Gloria Ramírez, titular de la Cátedra UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación) de Derechos Humanos, puso como ejemplo a Chihuahua, donde la violencia ha provocado la muerte de nueve profesores y de 55 alumnos.

Destacó: “No puede seguir siendo un problema que se resuelve con propuestas y programas piloto o buzones de quejas, se requiere de una política pública para todo el país”.

La también titular de la Academia Mexicana de Derechos Humanos criticó que los casos de los abusos sexuales, violencia verbal e institucional, se intenten resolver a través de la “conciliación” y con la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Dijo: “No es posible que sólo se ofrezca sacar al alumno de la escuela o cambiar al maestro de plantel, esto es una situación que queda impune”.

Gloria Ramírez, quien además es investigadora de la UNAM, comentó que entre 2002 y 2006, las principales quejas se refieren a abuso sexual, maltrato infantil, intolerancia religiosa, y nulo acceso a la educación en México.

El informe incluye 16 propuestas para enfrentar el problema e identifica “los focos rojos del sistema educativo”.

Organizaciones como el Observatorio Ciudadano de la Educación, la Academia de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, y las universidades de Nuevo León y Panamericana, entre otras, propusieron crear la figura del “Ombudsman de la Educación” para atender las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el entorno escolar.

Demandaron la revisión de los libros de texto gratuitos y los materiales didácticos para eliminar los contenidos que promuevan cualquier tipo de violencia o discriminación. Instaron a la Corte a “emprender una revisión crítica” en materia de derecho a la educación.