Estados violan ley de transparencia.

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Análisis elaborados por organizaciones no gubernamentales muestran que las disposiciones constitucionales de transparencia y acceso a la información han sido ignoradas por varias entidades federativas.

Académicos y representantes de las agrupaciones civiles coinciden en que el derecho a la información gubernamental corre el riesgo de ser “una simulación”, pues la falta de sanciones ha permitido que gobernantes, dependencias y todo el sistema burocrático se invente modelos para la opacidad.

“Distintas entidades han sofisticado sus mecanismos de evasión”, resalta Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre los más comunes está la de clasificar información como “reservada”.

Las organizaciones Article 19 y Fundar preparan un estudio para evaluar las legislaciones estatales y saber qué tanto protegen y permiten el derecho a la información pública. Lo que han hallado es que ninguna de las entidades sale bien librada. “Si las calificamos del cero al 10, la mayoría está por debajo del cinco”, dice Gabriela Morales, de Article 19.

Los estados más rezagados en acceso a la información son Baja California, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo.

“Hay un marco legal, pero no se ha dado los siguientes pasos: que los ciudadanos hagan efectivo este derecho, que los gobiernos rindan cuentas sobre el uso de los recursos y, sobre todo, que se sancione a quien no cumpla”, dice Guillermo Noriega, de Sonora Ciudadana.

Utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública permitió a esta organización detectar en el entonces alcalde de Navojoa Onésimo Mariscales Delgadillo, lo que calificaron de una versión inversa de Robin Hood.

Mariscales —actual diputado federal priísta— declaró el municipio como “altamente vulnerable”. Con el dinero destinado para los más pobres pavimentó calles, pero en zonas ricas. Los ciudadanos lo bautizaron como “Hood Robin”.

El caso de Navojoa es emblemático porque se documentó que los recursos públicos no se gastaron en forma correcta. El problema, dice Noriega, es que no hubo sanciones para Mariscales.