Planean sancionar a empresas “tramposas”.

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El gobierno federal sancionará hasta con mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a las empresas que recurran a trampas para retrasar o entorpecer contratos con dependencias de la administración pública federal.

El borrador del proyecto de Reglamento de la Ley de Adquisiciones, en vigor desde el 29 de mayo pasado como parte del paquete de reformas legales para enfrentar la crisis económica establece que el gobierno comprará más barato y podrá garantizar el abasto de medicinas en el sector salud.

Admite no existe forma de acreditación de que sean micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales se busca que más del 50% de las compras del gobierno se le haga a este sector, por ahora bastará con que así lo manifiesten, mientras la Secretaría de Economía no tenga una solución al respecto.

El 28 de julio pasado Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, aceptó ante el Congreso la dificultad de tener un censo de pequeñas y medianas empresas, cuando le preguntaron cuántas han cerrado por causa de la crisis económica.

"El dato de medianas y pequeñas empresas es un censo bien difícil de llevar (...) si me voy al Sistema de Información Empresarial (SIEM), increíblemente en el SIEM se han dado de alta de diciembre a julio cinco mil 400 empresas (...) la verdad es que no hay un registro que nos pueda dar la mortandad o la vida de una empresa", aseguró Ruiz Mateos.

El documento elaborado por la Secretaría de la Función Pública y próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación señala:

"Derivado de que en el orden jurídico nacional no se prevé la forma en que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acreditar su estado, para participar en los procedimientos de contratación que realiza la administración pública federal, y hasta en tanto la Secretaría de Economía establezca los medios de acreditar tal estado, se prevé que dichas empresas podrán acreditar el mismo mediante un manifiesto".

Entre las bondades que la Función Pública dice que tiene el nuevo reglamento, está que se simplifica la tramitología y promueve la participación de particulares en las licitaciones del gobierno federal, "se espera que se reduzcan los precios que el mismo paga para sus adquisiciones, arrendamientos y servicios".

El gobierno espera que "la población se vea beneficiada con mejor acceso a servicios que otorga el Estado, por ejemplo, al pagar medicamentos más baratos y puede garantizarse de mejor manera el abasto de medicinas en el sector salud".

En cuanto a las sanciones destaca la establecida en el artículo 92, para cuando las empresas quieran engañar al gobierno y retrasar un proceso en su beneficio.

"Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme solamente con multa equivalente a la cantidad de 50 y hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes en la fecha de la infracción".

Otras sanciones están previstas principalmente en la Ley de Adquisiciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo pasado.