Valentina espera justicia desde 2002

Noticia:


La voz de Valentina Rosendo Cantú se escucha firme, segura. No titubea. Hace ocho años que esta indígena me’phaa aprendió que sólo hablando fuerte y claro podría alcanzar la justicia. En febrero de 2002 —recuerda— elementos del Ejército mexicano la violaron. En ese entonces, tenía 17 años y no hablaba español. Ahora, con 25 años, su voz se escuchará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Hoy, en la ciudad de San José de Costa Rica, donde está la sede de la CoIDH, se realizará la audiencia pública que forma parte del juicio que enfrenta el gobierno mexicano, acusado de violar los derechos humanos de la indígena me’phaa.

Desde San José, en entrevista telefónica, Valentina habla sobre lo que ha sido su vida en los últimos ocho años. “Yo no debería estar aquí si el gobierno de mi país me creyera. El gobierno de México no acepta que fueron militares los que me violaron. Lo único que pido es justicia, que castiguen a los militares, que el gobierno acepte que fueron ellos los que abusaron de mí. Estoy aquí para que me escuchen”.

El 16 de febrero de 2002, Valentina fue violada por dos militares, frente a otros seis soldados. Llegaron cuando lavaba ropa en el río del poblado de Barranca Bejuco. Recuerda que le enseñaron la fotografía de un hombre; querían que lo identificara. Ella respondió que no lo conocía.

Los militares, afirma, la golpearon en el estómago. Le jalaron el cabello, amenazaron y violaron. “Los que miraban sólo se reían cuando los otros se me encimaron”.

El doctor del Centro de Salud de Barranca Bejuco no quiso atenderla. “Sólo me dio cuatro pastillas para el dolor. Me dijo que no me iba a atender, porque no quería problemas con los militares”.

Valentina, su esposo y su hija (que entonces tenía tres meses de nacida), se trasladaron a pie hasta Ayutla, Guerrero. Su recorrido duró ocho horas.

El 8 de marzo de 2002, Valentina presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común contra elementos del Ejército, por los delitos de violación sexual y lo que resulte de la investigación; a raíz de la acusación se abrió la averiguación previa ALLE/SC/02/62/2002. En abril de ese año, las autoridades civiles se declararon incompetentes para conocer del caso y remitió la investigación a la Procuraduría General de Justicia Militar, en donde, hasta ahora, continúan las indagatorias.

EL UNIVERSAL solicitó al Ejército mexicano una entrevista sobre los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, otra indígena me’phaa que denunció al gobierno mexicano ante la CoIDH, también por ser víctima de violación cometida por soldados. Comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió que no se hablaría sobre el tema.

Amenazas y acoso

No quedarse callada, le ha traído varias consecuencias. “Después de que puse la denuncia, comenzaron a subir militares a mi comunidad (Caxitepec, municipio de Acatepec). Primero, la gente me apoyó, pero después, cuando subieron los militares, yo creo que por miedo, la comunidad cambió conmigo. Me señalaban como la mujer violada; a mi mamá le decían que es una vergüenza tener a una hija violada”.

Valentina, su esposo y su hija abandonaron su comunidad. Se instalaron en Chilpancingo, Guerrero. “La ciudad era un lugar muy grande para mí; muy extraño. Llegué sin tener nada, sin casa y sin hablar español bien. Tuve que aprender a hablar español para poder buscar justicia”.

En su comunidad, Valentina se dedicaba a la casa y a sembrar jamaica. En Chilpancingo, lavó y planchó ropa ajena. Su esposo la dejó. “Después de lo que me hicieron los militares, él cambió conmigo; me insultaba, me pegaba. Cuando llegamos a Chilpancingo, nos dejó. No aguantó más. Se fue”.

En noviembre de 2003, ante el nulo avance en las investigaciones, las organizaciones de defensa de los derechos humanos que asesoran legalmente a Valentina, llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo internacional admitió la denuncia en octubre de 2006.

En marzo de 2009, la Comisión Interamericana recomendó al Estado mexicano la adopción de una serie de medidas para reparar el daño generado por la violación de los derechos de Valentina Rosendo. Ante el incumplimiento de las recomendaciones, el 2 de agosto de 2009, la Comisión demandó al gobierno de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Recibe amenazas

Desde que el caso fue admitido por la Comisión Interamericana, Valentina, su familia y miembros de las organizaciones civiles que la apoyan comenzaron a recibir amenazas. Tal fue el acoso que miembros de las Brigadas Internacionales de Paz se trasladaron a México para resguardar la seguridad física de la indígena me’phaa. Aún así, las amenazas continuaron.

La más fuerte sucedió en diciembre de 2009, cuando dos hombres intentaron secuestrar a la hija de Valentina, de ocho años. “Me dio tanto miedo; me dio temor pensar que le puede pasar lo mismo que a mí. Por eso, nos escondimos. Tuvimos que dejar todo otra vez; escondernos”.

“Tengo mucho coraje”

Desde entonces, Valentina y su hija viven escondidas. Sólo algunos miembros de las organizaciones no gubernamentales que la apoyan con su defensa legal, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, conocen su domicilio actual. “Lo que viví y he vivido nunca va a cambiar... Tengo mucho coraje y mucha tristeza, por todo lo que me ha hecho el gobierno. No sólo a mí, sino a toda mi familia”. Por unos momentos, Valentina guarda silencio. La frase que después lanza habla mucho de por qué lleva ocho años denunciando a los militares: “El gobierno acabó todo conmigo, pero no acabó con mis esperanzas”.

Valentina comenta que todos estos años “he estado buscando justicia”. Por eso, dice, está en Costa Rica, para ver si en la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede conseguir lo que ha esperado por años: “La tranquilidad de saber que los militares están en la cárcel, que el gobierno dejará de seguirme, que el gobierno reconozca que digo la verdad”.

Sus palabras suenan más fuerte cuando recuerda las respuestas que el gobierno ha dado a su caso: “El gobierno dice: ‘Valentina está mintiendo. Dice eso, porque no quiere que (los militares) suban, porque siembran droga’. Pero en mi comunidad, no siembran droga. Sólo siembran jamaica y maíz. Eso es lo que yo vi desde que era niña, nunca he visto que ahí siembren mariguana. Yo crecí sembrando jamaica”.

Cuando habla de lo que espera para el futuro, Valentina se pregunta a sí misma: “¿Qué quiero hacer? Regresar a mi casa. Antes de esto, tenía una casa donde no pagaba renta, un esposo, mis animales... Estaba en mi comunidad. Tenía todo... Ahora, vivo escondida”.

En los próximos meses, la CoIDH deberá presentar su resolución sobre el caso. Las esperanzas de Valentina están puestas en esa resolución. No es para menos. De ella dependerá su futuro, si regresa a su comunidad o si continúa escondida.