Presumen capturas y callan liberaciones.

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Los dejaron ir. Aunque de sus capturas hay fotos, se dieron conferencias de prensa y hasta las autoridades de todos los niveles las celebraron como triunfos oficiales en la guerra contra el narcotráfico. A algunos se les detuvo con armas, en enfrentamientos o persecuciones, a otros con cargamentos de droga o bien con dinero proveniente del narcotráfico. Pero el hecho es que en al menos seis casos diferentes, personas acusadas de narcotráfico quedaron en libertad y ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) u otras autoridades, tienen o dieron alguna explicación.

Cada uno de los seis casos revela que hasta ahora no hay abierta o en curso investigación alguna sobre cómo ocurrió la liberación de Sergio Peña Mendoza, El Concorde, Jorge Luis López Priego, Juan José Vázquez Marín, El Orejón, los tres acusados de pertenecer al grupo criminal de Los Zetas. Pero igual sucedió con el presunto integrante del cártel de Tijuana Omar Fernando Hidalgo, La Barbye, o el sicario “fantasma” de La Familia Michoacana, Ricardo Montelongo Soriano, y el piloto colombiano ligado al cártel de Sinaloa que transportó cinco toneladas de cocaína, Carmelo Vázquez Guerra.

Documentadas, las historias de estos seis narcotraficantes dan cuenta de una serie de irregularidades, acciones misteriosas que en algunos casos aún no tienen un final. Sin embargo, el hilo conductor de la vida de algunos de estos hombres es reincidir en sus actividades delictivas, incluso en sitios remotos como Guinea-Bissau. Lo cierto es que —según información oficial— en ninguno de los casos de libertades inexplicables hubo sanciones dentro de la cadena de responsabilidad en el ámbito del Ministerio Público de juzgados federales o estatales.



Fuga y ejecución

Del caso de Sergio Peña Mendoza, El Concorde, el tercer hombre en el mando de Los Zetas, capturado el 14 de marzo de 2009 y liberado en algún momento antes del 20 de enero de 2010, nadie quiere hablar, pues su inesperada ejecución en las calles de Reynosa, Tamaulipas, desató una escalada de violencia que tiene a poblaciones enteras de esa entidad y de Nuevo León en un estado de zozobra, al grado de que en las zonas de conflicto se viven noches enteras de balaceras, enfrentamientos en lugares públicos, ejecuciones o levantones.

Pero si bien la guerra en las entrañas del cártel del Golfo, entre los jefes de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y Miguel Treviño Morales, El Z-40, contra Eduardo Costilla, El Coss y Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, tiene como inició la ejecución en enero pasado de El Concorde, este hombre debía estar en prisión.

Eso era lo que todos creían, luego de que fue presentado en una conferencia de prensa en el Centro de Mando de la Policía Federal. Incluso la PGR lo arraigó tres días después por orden del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Arraigos, Cateos e Intervención de Comunicaciones. Pero no fue sometido a proceso, sino ejecutado.

Los antecedentes criminales de El Concorde datan de 2003. Incluyen su fuga del Centro de Readaptación Social número 2, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 13 de junio de 2006. Fue realizada por un comando bajo las órdenes de Jaime González Durán, El Hummer. Precisamente El Concorde supliría a este último como jefe de la plaza de Reynosa cuando fue capturado en 2008.

Tuvo funciones de jefe de células en Sonora y Chiapas, y se le atribuyen las ejecuciones de jefes policiacos. Se solicitó a la PGR que informara sobre la situación jurídica de El Concorde y no hubo respuesta.



De Campeche a Guinea Bissau

La tarde del 12 de abril de 2006 una noticia concentró los titulares de todos los noticieros y periódicos: un avión DC-9 matrícula N900SA, de la aerolínea Fly, sin pasajeros ni asientos pero lleno con 128 maletas con cocaína, fue asegurado en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. La aeronave llegó a esa terminal dos días antes a las 18:30 horas, procedía del aeropuerto venezolano Simón Bolívar, de Caracas.

Dos pilotos mexicanos que prestaban sus servicios a la Comisión Nacional del Agua esperaban el arribo del avión para conducirlo al aeropuerto de Toluca.



Pero los militares detectaron movimientos sospechosos. Intervinieron y lograron asegurar la droga y detener a los involucrados en la operación. Hubo conferencia del zar antidrogas de ese entonces, José Luis Santiago Vasconcelos, del subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Carlos Gaytán, fotografías del avión y la droga, y se dieron a conocer los nombres de los detenidos: Fernando Poot Pérez y Marco Pérez De Gracia, ambos mexicanos, y el piloto colombiano con pasaporte venezolano, Carmelo Vázquez Guerra.



Detenidos y droga fueron puestos a disposición de la PGR. Se dijo que la cocaína fue enviada por las FARC y que los destinatarios eran los jefes del cártel de Sinaloa. Y fue todo. Después de unas semanas, nadie se interesó más por este caso. Pero en julio de 2008, las autoridades mexicanas tuvieron que recordar algunos detalles de ese caso, pues en el aeropuerto de Guinea Bissau aterrizó un jet procedente de Venezuela cargado de coca y ni más ni menos que el piloto era Carmelo Vázquez Guerra.



Otra vez no hubo explicación oficial sobre cómo ese hombre obtuvo su libertad.



Hasta cobraba en el ayuntamiento

Omar Fernando Vázquez Hidalgo, La Barbye, era un consumado delincuente. Tenía en su contra diversas averiguaciones previas, según Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública de Baja California. Se le señaló como integrante destacado del cártel de Tijuana que dirigen los hermanos Arellano Félix; era buscado desde hacía tiempo, pero cuando fue detenido por la policía salió libre 48 horas después.

Pero para la PGR La Barbye era un maleante de poca monta y sólo fue turnado por la posesión de una dosis de crystal. Alcanzó fianza y salió libre. Empleado modesto del ayuntamiento de Tijuana, fue detenido en las inmediaciones de la frontera con San Ysidro, a bordo de un BMW.

Lo cierto es que sus antecedentes lo señalan como integrante de la célula que comandaba el ex policía Arturo Villarreal Heredia, El Nalgón, lugarteniente del cártel de Tijuana que fue detenido junto con Javier Arellano Félix, El Tigrillo. Antes de ser detenido estaba comisionado en la oficina de regidores, con el priísta Eligio Valencia.



La delegación de la PGR en Baja California aseguró que Vázquez Hidalgo no era buscado, pese a que la Policía estatal lo relacionó con al menos tres averiguaciones previas, por delincuencia organizada y secuestro. De las oficinas de la PGR salió caminando porque esa dependencia no encontró cargos mayores en su contra.



Una vez no basta

A Jorge Luis López Priego lo sorprendieron el 21 de septiembre de 2009 con 73 millones de pesos en efectivo dentro de una casa de seguridad de Los Zetas, en Monterrey, Nuevo León. El dinero era para el pago de funcionarios y policías que les vendían protección en esa entidad. Esa no era sorpresa. Lo realmente inexplicable era por qué él estaba ahí si 20 meses antes lo detuvo la policía en Villahermosa, Tabasco, con un arma letal conocida como matapolicías.

En enero de 2008, López Priego fue capturado en Villahermosa a bordo de una Hummer y armado con una pistola Five-seven. En aquella ocasión viajaba en un convoy de tres camionetas que fueron retenidas por la Policía Ministerial a raíz de un accidente automovilístico, ya que, junto con su hermano Érick David, intimidó con su arma al propietario de un vehículo con el que chocaron. Las autoridades tabasqueñas lo señalaron entonces como integrante de Los Zetas, junto con cinco personas que lo acompañaban. Todos fueron arraigados pero luego liberados, según publicó en su momento el periódico Reforma.

En el momento en que fue detenido en Monterrey, el mismo hombre aceptó que se preparaba a pagar el dinero presuntamente destinado a policías municipales, estatales y federales, abogados e incluso a la prensa local. Una de las personas que lo acompañaba cuando fue aprehendido la primera vez, Janet Yesenia Ramón, estaba con él la segunda ocasión en que fue capturado.



Salvado por un juez

A Juan José Vázquez Marín, El Orejón, lo salvó un juez, no el comando que intentó rescatarlo. El pago de una fianza evitó que este hombre ligado a Los Zetas permaneciera en prisión tras ser capturado por la Policía Federal en Linares, Nuevo León.

Su arresto no fue fácil, pues la patrulla en la que era conducido ante el Ministerio Público federal fue perseguida y rafagueada por un comando, pero eso no fue suficiente para que un juez determinara que ni la Policía Federal y ni la PGR aportaron pruebas suficientes para suponer que El Orejón pertenecía a un grupo del crimen organizado.

Lo que sí hizo el juez, de acuerdo con información publicada en medios, fue obligarlo a pagar una fianza por la portación de una pistola calibre .9 milímetros.

Pasó por el MP como un “fantasma”

No hay rastros de él, pero todas sus confesiones y fotografías quedaron grabadas. Confesó ante militares ser parte del ejército de sicarios de La Familia Michoacana y trabajar en uno de los campos de adiestramiento del grupo criminal en Tancítaro, momentos antes de ser entregado a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán e inexplicablemente desaparecer, sin que quedaran registros de él.

Ricardo Montelongo Soriano se unió a las filas de sicarios de La Familia. Abandonó su empleo por una mejor oferta: ganar 8 mil pesos semanales. Eso le dijeron para reclutarlo y comenzar a entrenarlo en el manejo de armas, el secuestro de personas y diversos métodos para asesinar.

Ricardo fue aprehendido luego de una persecución de militares y policías municipales en el poblado de Las Tinajas, municipio de Tancítaro. En medio de un enfrentamiento, este hombre de apenas 20 años de edad fue abandonado por sus cómplices; los soldados lo arrestaron en posesión de un fusil R-15, a casi 100 metros de una casa donde intentó refugiarse y en la que había un menor secuestrado.

Ante elementos castrenses y municipales Ricardo habló. Confesó, de acuerdo con información recabada por el Ejército mexicano, que La Familia tenía en esa zona un campo de adiestramiento de sicarios en el que él era entrenado.

Fue fotografiado, pero ese fue el último testimonio sobre su presencia en ese sitio. A pesar de su confesión y de ser detenido en posesión de un arma de alto poder, desapareció después de ser entregado al Ministerio Público. No hay expediente sobre él.

El caso de Ricardo Montelongo Soriano es parte de un reporte militar que lo ubica como detenido en el municipio de Tancítaro. El misterio sobre este caso es tal que la Procuraduría del estado informó de manera oficial, a través de su oficina de Prensa, que “no existen datos de la puesta a disposición de este sujeto”.