El Tribunal Internacional de Justicia abre el caso sobre la independencia de Kosovo.

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Serbia ha lanzado una ofensiva pacífica ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) para demostrar que la independencia de Kosovo, acordada unilateralmente en febrero de 2008, fue ilegal. Sostiene que "el derecho a la autodeterminación de los pueblos, no justifica la quiebra de la integridad territorial de un Estado legítimo", en este caso, la República de Serbia. Belgrado ha solicitado al Tribunal, máximo órgano judicial de la ONU, una opinión consultiva sobre el particular. Aunque se trata de una decisión no vinculante, ha prometido aceptarla.

El ministro de Exteriores de Serbia, Vuk Jeremic, quien participa en el proceso, ha afirmado que éste es "un momento histórico en el que se intenta resolver un problema de esta magnitud por medios pacíficos".

Convocado también ante el TIJ, con sede en La Haya, Kosovo piensa defender, por su parte, la "compatibilidad de su separación con el derecho internacional". El caso ha dividido a la comunidad internacional. De momento, 62 países, entre ellos, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, han reconocido a la nueva República de Kosovo. Entre los 36 que la han rechazado destacan España, Rusia, China e India.

Kosovo fue una provincia de Serbia, que la considera parte esencial de su territorio y la cuna de su identidad. Sin embargo, la mayoría de su población (un 90%) es de origen albanés. Otro 5% son serbios kosovares.

En 1999, hacia el final de la guerra de los Balcanes, los bombardeos de la OTAN expulsaron a las tropas serbias acusadas de crímenes contra la humanidad cometidos contra las guerrillas separatistas. A partir de ese año, Kosovo pasó a tener un régimen administrativo dependiente de Naciones Unidas que consagraba la integridad territorial de Serbia. El arreglo sí favorecía la autonomía de la provincia. En este marco legal, sancionado por el Consejo de Naciones Unidas, se apoya Belgrado para asegurar que la secesión "quiebra uno de los pilares fundamentales del derecho internacional, aplicable también a las entidades no estatales como Kosovo".

Según dijo Marcelo Kohen, catedrático de Derecho Internacional en Ginebra, "desde la época de la descolonización, ningún Estado ha sido admitido en la ONU con la oposición del Estado al que pertenecía en origen". Su colega británico, Malcom Shaw, convocado también por la delegación serbia, añadió que la postura de Naciones Unidas estaba clara. "La resolución 12/44, que reguló el régimen administrativo de Kosovo, pedía el compromiso de ambas partes para buscar soluciones dentro de las límites estatales serbios".

En un tono más político, Dusan Batakovic, embajador de Serbia en Francia, condenó durante su intervención "las atrocidades cometidas hace una década en Kosovo, tanto en nombre de la antigua Yugoslavia, como del Ejército de Liberación kosovar". El diplomático hizo votos por respetar la buena fe de todas las partes implicadas en este caso, y no olvidó mencionar que muchos de los culpables de la lucha que asoló su tierra "ya han sido juzgados".

Belgrado no quiere perder a Kosovo, pero tampoco desea dañar sus aspiraciones a una posible adhesión a la UE. De ahí que Batakovic subrayara su cooperación en la búsqueda de criminales de guerra de los Balcanes.