El consejero delegado de AIG reconoce que las primas son "de mal gusto".

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Nuevo capítulo de la polémica por el cobro de 165 millones de dólares en primas por parte de los ejecutivos de la sección de derivados de la aseguradora AIG, rescatada de la quiebra por la inversión multimillonaria del gobierno de EE UU. Mientras el presidente Barack Obama y su equipo tratan de evitar el cobro de estas primas o, al menos, limitar sus beneficios y con las críticas contra el gobierno arreciando desde distintos frentes, hoy ha comparecido ante el subcomité de asuntos financieros del Congreso el hombre que rige los destinos de la compañía desde el pasado mes de septiembre: Edward Liddy.

En una comparecencia muy esperada y en la que ha tenido que afrontar los ataques de congresistas republicanos y demócratas, Liddy, que llegó al frente de la compañía cuando ya se habían firmado los contratos que recogen estas primas, ha asegurado que su pago es inevitable pero "de mal gusto" y que nadie mejor que ellos sabe que "AIG ha sido el receptor de generosas cantidades de ayuda gubernamental".

Liddy ha reconocido que "los errores cometidos en AIG son de una escala que pocos pueden imaginar" pero que AIG está trabajando "por el bien de los contribuyentes estadounidenses intentando maximizar la cantidad de dinero que le devolvemos al gobierno de EE UU".

Críticas de los congresistas

Paul Kanjorski, demócrata de Pensilvania que preside el subcomité, ha pedido al consejero delegado de la aseguradora que "acepte responsabilidades y no dé más excusas". Liddy también ha criticado a algunos congresistas y en concreto a al senador republicano Charles Grassley, que ayer invitó a los responsables de AIG a resolver este caso a la japonesa "dimitiendo o suicidándose".

No han sido las únicas críticas que ha tenido que oír. La demócrata Carolyn Maloney ha dicho, por ejemplo, que las bonificaciones son algo "reprobable", especialmente al estar destinadas a los directivos que "hicieron caer" a la empresa, por sus inversiones en los mercados de derivados de crédito. Maloney ha propuesto imponer un gravamen del cien por cien sobre esas primas para que vuelvan al erario público. "Queremos que nos devuelvan el dinero", ha coincidido la republicana Judy Biggert, informa Efe.

El 80% de la aseguradora está en manos del Gobierno, que ha inyectado 170.000 millones en AIG desde el pasado mes de septiembre.

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