Francia no abandonará a Cassez.

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El caso de Florence Cassez no está cerrado para el gobierno de Francia, ya que sus autoridades analizan recurrir a tribunales internacionales para que México cumpla con el Tratado de Estrasburgo, en materia de entrega de delincuentes.

Daniel Parfait, embajador de Francia, en entrevista con EL UNIVERSAL dijo que el caso, que provocó diferendos entre las dos naciones, no está olvidado.

El gobierno mexicano anunció el 22 de junio pasado su negativa de entregar a la secuestradora francesa, sentenciada a 60 años de prisión por tres plagios perpetrados por la banda de El Zodiaco, para que cumpliera la condena en su país natal, ante el riesgo de que se redujera esta pena o incluso pudiera ser liberada bajo las leyes que rigen en Francia en materia de secuestros.

A pesar de este escenario, el diplomático dijo que “nosotros no hemos olvidado este caso y haremos lo necesario para que se cumpla el acuerdo”.

—¿Existe la posibilidad de que su gobierno pida la intervención de tribunales internacionales, para que se cumpla en México el Tratado de Estrasburgo?

—Sí, seguiremos trabajando en este caso y haremos todo lo jurídicamente necesario para que la señora Florence Cassez cumpla su condena en Francia.

Parfait reconoció que este es un tema sensible para ambos países, ya que ha generado divergencias sobre la interpretación del Tratado de Estrasburgo, pues mientras Francia cree que es claro que México está obligado a su cumplimiento, el gobierno mexicano sostiene que cuenta con cláusulas para poder negarse a la petición de entregar a Cassez.

El Tratado de Estrasburgo –al que México se adhirió en octubre de 2007-, fue base de esta negociación, ya que el gobierno de Francia buscó hacer valer el documento para conseguir la repatriación de su ciudadana.

Aunque hace casi seis meses la Secretaría de Relaciones Exteriores dejó en claro que este instrumento internacional no obliga a la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa a aceptar la solicitud hecha por las autoridades francesas.

El propio tratado prevé que entre los requisitos para el traslado de un inculpado se necesita el consentimiento previo del Estado requerido; “el convenio de ninguna manera impone la obligación de consentir a una solicitud de traslado”, aseguró la Cancillería en su momento.

Parfait aclaró que cualquiera que sean las medidas que adopte el gobierno francés en el caso Cassez, éste no contaminará otros aspectos de la relación entre los dos países.