Ebrard pide vía libre en manejo de dinero.

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El gobierno capitalino presentó a la Asamblea Legislativa del DF una iniciativa que crea la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la ciudad, con la que se le pretenden dar mayores facultades al jefe de Gobierno para transferir o modificar las finanzas de delegaciones o dependencias, sin importar si la transferencia de recursos afecta programas prioritarios, o si el dinero se destina a programas no prioritarios.

De hecho, la iniciativa elimina conceptos legales como “programa prioritario” y “no prioritario” que hoy se encuentran en el Código Financiero local, y que han servido de candado para evitar que las autoridades afecten las partidas de los principales programas de apoyo social de esta ciudad.

El actual código —que el GDF busca derogar— le permite al jefe de Gobierno modificar el contenido orgánico y financiero de los programas de dependencias, delegaciones y todo ente público local. Pero el artículo 511 del mismo código le impide al mandatario transferir recursos de programas prioritarios hacia programas no prioritarios, o disminuir el monto autorizado por los diputados a programas prioritarios, salvo que se hayan concluido las metas.

“Cualquier modificación que no cumpla los requisitos antes señalados requerirá aprobación previa en su caso de la ALDF, o cuando el ajuste alcance o rebase 10% del presupuesto anual asignado a cada dependencia, delegación y entidad”, se lee en ese artículo del código que desaparecería en 2010.

En su iniciativa, que deberá pasar por el aval de los diputados locales, se establece también que el jefe de Gobierno podrá ordenar la reducción del Presupuesto de Egresos local si los ingresos fueran menores a los programados.

Si esa reducción es de hasta 5%, sólo estará obligado a informar a la ALDF. Cuando la reducción supere 5%, tendrá que proponer a los diputados locales el monto de gasto a disminuir.

Reorganización financiera

La iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente forma parte del paquete económico para 2010 que el gobierno de Marcelo Ebrard puso a consideración de la ALDF, en espera de que entre en vigor a partir del 1 de enero.

En su exposición de motivos y en artículos transitorios, se detalla que uno de sus objetivos es integrar en un solo cuerpo disposiciones que hoy están dispersas tanto en el Código Financiero como en la Ley de Austeridad del DF.

Con la iniciativa de ley, otra facultad que se le da al jefe de Gobierno es instruir a cada dependencia y ente público a reducir su presupuesto cuando se considere necesario por interés social, económico o seguridad pública.

“Si no lo hicieran, la Secretaría de Finanzas aplicará dichas adecuaciones y las notificará a las mismas. En el caso de las delegaciones, tendrán tres días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho corresponda; en caso contrario la Secretaría de Finanzas las aplicará por su cuenta”, dice el artículo 79.

Otra novedad del proyecto es que un organismo llamado Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF será la única autoridad con facultades para autorizar la creación o modificación de programas sociales, para evitar la duplicidad, bajo impacto, ociosidad y dispersión de los subsidios, apoyos, ayudas y donativos que entregan las delegaciones o el gobierno central.

Las delegaciones tendrán que proporcionar al consejo la relación de programas sociales, para que el organismo emita una opinión sobre su viabilidad.

De aprobarse la iniciativa, los distintos órganos de gobierno deberán cuidarse de registrar remanentes al final de un ejercicio presupuestal, pues esos recursos serán considerados como ingresos y el jefe de Gobierno tendrá atribuciones para destinarlos al financiamiento de proyectos de infraestructura, con excepción de los remanentes que provengan de fondos federales.