Garzón persigue por blanqueo a la familia Pinochet y al Banco de Chile.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York. Les imputa un delito de blanqueo de dinero en conexión con otro de alzamiento de bienes. El magistrado, a propuesta de la Fundación Española Presidente Allende y apoyado por el fiscal Vicente González Mota, ha fijado una fianza solidaria para todos los imputados que asciende a 77.348.374 dólares (equivalentes a 51.441.746 euros) para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.

En la resolución, que es firme, el magistrado da un plazo de 10 días a los imputados y a los bancos, considerados responsables civiles subsidiarios, para que presten conjuntamente la fianza, y en caso de no hacerlo, procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 dólares (17.150.604 euros). Todo ello totalizaría más de 100 millones de dólares. Con ese dinero, el juez trata de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.

El proceso se inició el 16 de octubre de 1998 cuando el magistrado admitió la querella contra el ex dictador Augusto Pinochet (fallecido en diciembre de 2006) por delitos de genocidio, terrorismo y torturas por la ideación y puesta en marcha del Plan Cóndor, estrategia de ayuda entre las dictaduras del cono sur, según la cual unos países se encargaban de secuestrar, torturar y hacer desaparecer a los nacionales de otras naciones a cambio de recibir una ayuda recíproca. En septiembre de 2004, se amplió la querella por alzamiento de bienes contra Pinochet, su esposa y varios responsables del Banco Riggs, así como su abogado Óscar Custodio Aitken, que renunció a la defensa del general para poder defenderse a sí mismo.

El caso se archivó respecto al Banco Riggs, en febrero de 2005, después de que la entidad bancaria reconociese ante un tribunal de Washington (Estados Unidos) que había ocultado cuentas secretas de Pinochet y aceptase pagar un total de nueve millones de dólares, que era el montante de los fondos blanqueados por ese medio, a las víctimas de la dictadura militar chilena. El dinero fue gestionado por la Fundación Salvador Allende que lo distribuyó entre las víctimas.

Pero en abril de 2007 se presentó una ampliación de la querella por blanqueo de capitales contra varios altos responsables del Banco de Chile y dos de sus filiales Banchile Corredores de Bolsa SA y Banchile Administradora General de Fondos SA. El juez, sin embargo, reclamó a los querellantes que individualizaran la conducta de los responsables y que aportaran evidencias de las actuaciones de cada uno. La representación de la Fundación Española Presidente Allende presentó en julio de este año un informe de la Brigada investigadora de lavado de activos chilena, que determinaba la responsabilidad de cada uno de los imputados y en la que se cuantificaba en 77.348.374 dólares el dinero blanqueado.

Garzón ha acordado también cursar una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados de los citados delitos. El magistrado español pretende personarse en Chile, junto con la comisión judicial correspondiente, para participar en esa toma de declaraciones de los acusados.

Éste no es el único proceso que se sigue por los fondos del ex dictador, ya que el Gobierno chileno, por medio del Consejo de Defensa del Estado, demandó en abril de este año a cuatro bancos en Miami por haber ocultado supuestamente parte de la fortuna del fallecido. La demanda afectó al Banco de Chile, al portugués Espirito Santo, al PNC Financial Services Group, que absorbió al Banco Riggs y al Santander, de España. Según la demanda, los cuatro bancos ayudaron a Pinochet a ocultar 26 millones de dólares (unos 20 millones de euros), de los que la mayoría carecen de soporte legal alguno.