El Ejército vuelve a las calles de Centroamérica.

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Cuando los vientos de asonada castrense soplaban contra el jefe militar o civil de alguna de las dictaduras que gobernaron en Centroamérica, tanques relucientes salían de los cuarteles y, desafiantes, recorrían las calles conducidos por soldados de rostro embadurnado, mientras las filas de cañones aparecían en sitios estratégicos y los artilleros asumían posición de combate: la marca del golpe de Estado por la injerencia de los ejércitos en la política de la región era inconfundible.

La escena —que volvió a estremecer a los centroamericanos con el derrocamiento del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado— es un recuerdo de la historia del área. En la década de 1990, los ejércitos aceptaron retornar a sus cuarteles y quedar supeditados al poder civil, tras la pacificación regional y luego de ser pieza política clave del istmo en la mayor parte del siglo XX.

Pero las Fuerzas Armadas regresaron en 2009 a las calles de Centroamérica, no para imponer a un clan de generales o defender fronteras, sino para enfrentar al crimen organizado y asumir tareas de seguridad pública asignadas a policías en una zona que, según Naciones Unidas, es una de las más violentas del mundo.

“La seguridad ciudadana puede mejorarse con métodos autoritarios, pero eso no es lo que se busca”, dijo el politólogo panameño Carlos Guevara, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Nevada, a EL UNIVERSAL. “Se busca mejorar la seguridad con respeto a la democracia y a los derechos de las personas, fortalecer a las policías y al sistema judicial. No me parece que (el retorno de los ejércitos) sea la solución”, adujo.

Por su parte, el sociólogo guatemalteco Héctor Rosada, presidente del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad en Centroamérica (no estatal), aludió a la decisión que el gobierno mexicano adoptó en 2006 de enviar al Ejército a combatir la delincuencia y afirmó a este diario que “México tiene una buenísima experiencia de lo negativo de esa práctica”.

Los ejércitos de Guatemala y El Salvador, censurados por un historial de violaciones a los derechos humanos, desplegaron tropas fuertemente armadas en las últimas semanas en aldeas, barrios y ciudades para enfrentar a los delincuentes. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras dominan la vigilancia del país tras el golpe de Estado, entre otras misiones.

El Ejército de Nicaragua es un activo operador en trabajos cotidianos contra el crimen organizado. Imitando a Costa Rica, que abolió su Ejército en 1948, Panamá eliminó su aparato militar en 1992 para sustituirlo por una Fuerza Pública con una policía civil, pero ahora hay denuncias de “remilitarización”: unidades de élite han sido desplegadas en suelo panameño con armas de guerra y en una estructura castrense de uniformes, botas, marchas y hasta obispado.

“Lo militar acarrea muchísimos malos recuerdos a los panameños y no queremos que se repita”, alertó Guevara, en referencia al régimen militar que gobernó Panamá de 1968 a 1989 y fue depuesto hace dos décadas con una invasión armada de Estados Unidos. La Policía de Panamá no contestó las preguntas de este periódico sobre la militarización.

En guardia

Gobiernos y ejércitos defienden el retorno de los soldados a las calles. “Cuando la población ve presencia de autoridad se tiene que sentir más segura y solicita que haya presencia militar en sus lugares por la inseguridad que siente”, destacó el coronel Byron Gutiérrez, vocero del Ejército de Guatemala. Después del desplazamiento de tropas, 97 comunidades pidieron al Ministerio de Defensa que instale destacamentos militares, informó Gutiérrez a este periódico.

En El Salvador, el presidente Mauricio Funes, del izquierdista y ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sorprendió al anunciar en octubre pasado que por “el momento excepcional” de inseguridad, debió “echar mano” a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública.

El FMLN, que de 1980 a 1982 enfrentó al Ejército salvadoreño en una guerra, paradójicamente ha clamado por desmilitarizar a la sociedad.

“El peligro sería que si no tienen una orientación diferente a la que tuvieron en la década de 1980, (los ejércitos) puedan repetir métodos de atropello a la población, que era lo común”, previno Denise Brunet, de la Asociación Equipo Maíz, ente no estatal de El Salvador.

Aunque en una consulta de este rotativo admitió que la solución a la inseguridad es policial y “no militar”, defendió la medida de Funes al señalar que “sabemos que no es lo mejor sacar el Ejército a la calle” y es sólo una salida temporal.

Otros objetivos

El presidente electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el peruano Diego García-Sayán, destacó que la misión de los ejércitos es ejecutar operaciones militares en combate “que no tienen objetivo de disuadir sino de aniquilar al enemigo”. En una entrevista con este corresponsal, explicó que la meta en seguridad pública “es la prevención” con la policía, que es “muy distinta” a la que tiene la institución militar.

El uso del poder castrense es legítimo en emergencia, advirtió, pero “el crimen organizado en América Latina no es algo excepcional o de momento. Lamentablemente es algo que pareciera que ha llegado para instalarse”.