Las leyes de México no prohíben golpear niños.

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Amarrarlos a una silla con cinta canela por “inquietos”, quemarlos con encendedor en la boca por groseros, ponerles las manos en las hornillas por tomar dinero sin permiso y azotarlos contra la mesa por no hacer bien las sumas, son algunos de los maltratos que personal de salud y trabajadoras sociales han atendido en la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría y el DIF.

Defensores de los derechos de la infancia señalan con preocupación que los golpes y otras vejaciones como formas de castigo o de imponer disciplina son aún prácticas comunes en los hogares mexicanos, no sólo tolerados socialmente, sino también amparados en las leyes que no prohíben el maltrato y que además indican como obligación de los niños el guardar respeto a sus padres.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un organismo que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA), alerta que “todo adulto se encuentra protegido legalmente del abuso, pero niñas, niños y adolescentes son castigados corporalmente por sus padres u otros responsables de su cuidado sin que existan respuestas ni mecanismos para protegerlos”.

Hasta ahora sólo 24 países prohíben legalmente el castigo corporal, tres de ellos de América Latina: Uruguay, Venezuela y Costa Rica.

México es uno de los países donde el castigo corporal no está prohibido. Aunque a nivel nacional se sanciona la violencia intrafamiliar, ningún estado de la República prohíbe expresamente los maltratos hacia los niños como una forma de castigo o método de corrección y disciplina. Es de hecho el argumento de los padres de familia para golpear a sus hijos, asegura Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia.

Expresa que, además, los códigos civiles obligan a los niños a guardar respeto y obediencia a sus padres.

En su informe sobre “El castigo corporal de niñas, niños y adolescentes”, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez del CIDH, señala que a pesar de los avances en algunos países de la región, en otros Estados esa práctica “se encuentra legitimada por la tolerancia y la aceptación social”.

Insiste en que es obligación de todos los gobiernos cumplir con sus compromisos internacionales y prohibir expresamente el castigo corporal en su legislación interna, así como establecer estrategias, políticas o planes de acción nacionales orientados a proporcionar a las personas e instituciones a cargo del cuidado de los niños formas alternativas no violentas de disciplina.

Gerardo Sauri coincide en que no basta hacer las adecuaciones legislativas, sino también elaborar y poner en práctica políticas públicas que conciban a los niños, niñas y adolescentes como personas con derechos.

“El hecho de que se establezca el respeto a los padres como una obligación legal para los niños representa una cultura adultocéntrica, una visión patriarcal que basa ese valor en el abuso de autoridad”, considera Sauri.

Los golpes no educan

Una investigación realizada por Juan Manuel Sauceda-García, del Hospital Infantil Federico Gómez; Nancy A. Olivo Gutiérrez, del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro; Jesús Gutiérrez, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y Martín Maldonado Durán, de la Clínica Menninger, de Kansas, Estados Unidos, concluye que los correctivos físicos no son efectivos si se pretende controlar un comportamiento y sólo incrementan los niveles de violencia dentro de la familia.

El estudio clínico hecho en dos grupos de 100 escolares revela que el castigo produce efectos colaterales problemáticos, pues no enseña conductas nuevas sino que suprime temporalmente, en el mejor de los casos, conductas indeseables; produce emociones negativas y comportamientos agresivos y puede generar sentimientos de culpa en la persona que castiga.

También “cuando el castigo es suficientemente duro puede producir en el niño efectos tales como esconderse de quien lo castigó, mentir y rehuir el reconocimiento de su responsabilidad por temor al desquite. En otras palabras, puede destruir el sentido de apertura y confianza en la relación padre-hijo, o alterar el desarrollo moral del niño”.

Al hospital

Lo que empieza por un castigo suele terminar en la sala de urgencias de un hospital. Así lo ha constatado Arturo Loredo Abdalá, coordinador de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado.

Cuando a Sarahí, de siete años de edad, víctima de maltrato físico y paciente de esta clínica -ubicada en el Instituto Nacional de Pediatría- se le solicitó hacer un dibujo para que expresara sus emociones, pintó a sus papás con coronas de reyes, pero a su papá pegándole a su mamá.

“Es papá, está jugando a que le pega a mi mamá. Siempre le pega”, explicó.

—¿Por qué les pones coronas? —le preguntaron a la niña.

—Porque ya vienen los Reyes Magos y ellos me dan juguetes.

Otra niña de cinco años, golpeada por su padre, explicó en su dibujo: “Es un barco, van muchos niños, muchos. Están en un bosque, los persigue el lobo, con unos ojos brillantes. Se quiere comer a los niños”.

A este lugar llegan en ocasiones niños con moretones, rasguños, quemaduras, fracturas y hemorragias que los padres de familia suelen ocultar argumentando que se trató de un accidente, pero gracias a la intervención de un grupo multidisciplinario logran detectar los casos de maltrato y los canalizan a las instituciones especializadas como el DIF y las procuradurías, explica Loredo Abdalá.

El especialista considera que el maltrato físico hacia los niños es un problema endémico en la sociedad mexicana que no basta que sea sancionada en la legislación, sino que se deben producir cambios culturales que permitan educar a los padres sobre otras formas de disciplinar y de establecer límites.

De acuerdo con la experiencia que ha tenido en esta clínica que opera oficialmente desde 1997, entre 10% y 15% de los padres golpeadores tiene alguna enfermedad psiquiátrica y 85% fue maltratado en su infancia.