Bruselas confía en la "presión del mercado" para hacer cumplir sus alertas financieras.

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La Comisión Europea ha presentado hoy la propuesta con la que acudirá a la cumbre del G-20 para reforzar el control del sistema financiero y en la que, tal y como se preveía, aboga por crear en 2010 tres instituciones de supervisión (bancaria, bursátil y de seguros). Organismos que, en el ámbito micro, podrán tomar decisiones obligatorias si hay disputas entre estados y, en el macro, estar alerta para cuando aparezcan en el horizonte riesgos de una nueva crisis.

Sin embargo, para esta segunda función, que recaerá en el llamado Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, la propuesta de Bruselas no incluye la capacidad de obligar a los agentes económicos en caso de que sus actuaciones pongan en riesgo al resto del sistema. En su lugar, sí podrá emitir advertencias de riesgo y recomendaciones de actuación que la Comisión espera que se cumplan gracias "a la presión y la persuasión moral" de Bruselas y a la propia "presión del mercado".

En este punto, el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, ha detallado que será el propio Consejo quien decida si hace publica estas advertencias y recomendaciones "cuando sean convenientes". "Puede haber cuestiones delicadas y sensibles" que no sea bueno dar a conocer por su incendencia en los mercados bursátiles, ha añadido.

Consecuencias graves

Según ha precisado Almunia, no cumplir con las advertencias de la Junta tendrá "consecuencias graves", pero no en forma de sanciones o multas, si no en la medida en que persistir en la actuación criticada podría causar nuevas burbujas y generar futuras crisis. El receptor de la advertencia tendrá que comunicar las medidas adoptadas y, en caso de decidir no seguirla, deberá explicar por qué.

Sin embargo, Almunia ha defendido ante las dudas de los periodistas que el Ejecutivo comunitario confía en su credibilidad y eficacia por dos motivos principales: Uno, que a partir de ahora la UE tendrá un órgano comunitario propio y un procedimiento específico para presionar a los agentes económicos y, en segundo lugar, en que "el mercado también estará ahí haciendo presión".

Los Estados miembros ya dieron su visto bueno a la nueva estructura de supervisión en junio pasado, aunque será ahora cuando empiecen a discutirse los detalles sobre su puesta en práctica, y en especial sobre las competencias asignadas a los nuevos organismos. En este punto, aunque Almunia ha valorado que "todo el mundo" está "hablando de lo mismo", el comisario ha admitido que persisten las diferencias en los requisitos de capital que las entidades deben reservar en caso de nuevas crisis.

Supervisar el día a día

En cuanto al apartado micro, Bruselas prevé crear un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF) que consistirá en una red formada por los organismos nacionales de supervisión y las nuevas autoridades comunitarias especializadas en banca, bolsa y seguros. Para crearlas, se partirá de los actuales comités europeos de supervisores bancarios (CEBS), bursátiles (CESR) y de seguros (CEIOPS), a los que se dará nuevas competencias.

En concreto, se encargarán de proponer estándares técnicos de supervisión y garantizar una aplicación homogénea de las reglas en toda la UE, promover la cooperación entre los supervisores nacionales y mediar entre ellos en caso de desacuerdo, así como de supervisar a las agencias de calificación de riesgos. La supervisión diaria de las entidades financieras seguirá siendo responsabilidad de los organismos nacionales, pero también se prevé la creación de equipos de supervisores para vigilar a las que operan en más de un país.

Bruselas calcula que las nuevas autoridades costarán alrededor de 37 millones de euros en su primer año completo de actividad (2011) y en torno a 68 millones a partir de 2014, cantidades de las que el 60% correría a cargo de los Estados miembros y el 40% restante provendría de las arcas comunitarias.