72 horas de tinieblas.

Reportaje:


La tarde del 26 de noviembre (2008) Juan José, de 5 años, se extravió. Así comenzó esta súbita historia, que después se reveló como un secuestro que culminaría con su muerte. Jugaba entre los puestos del tianguis donde trabajan sus padres, en la colonia Escuadrón 201 (Distrito Federal), cuando unos comerciantes lo llamaron alrededor de las 17:30 horas. Confiado, accedió a irse con ellos.

Media hora más tarde sus padres lo buscaron. Nadie sabía nada. Solicitaron el auxilio de los tripulantes de una patrulla de la policía preventiva, quienes emprendieron el rastreo. El padre acudió a la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Iztapalapa, donde le explicaron que podría iniciar una averiguación previa dentro de 72 horas, tiempo que dijeron necesitar para asegurarse de que se trataba de un extravío o un robo. Por la noche familiares, amigos y vecinos se organizaron para buscarlo y pidieron apoyo a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.

Los padres supieron a la mañana siguiente que se trataba de un secuestro, al recibir la llamada de los captores exigiéndoles 300 mil pesos, lo cual denunciaron a las autoridades. Un noticiero televisivo nocturno difundió ese día la foto del menor, informando que había sido robado. Sus familiares creen que esto intimidó a los secuestradores, pues no volvieron a llamar.

Un taxista que lo vio en televisión les llamó para avisarles que él había trasladado a una casa en Los Reyes La Paz (estado de México) a unos hombres con los que iba Juan José. Los padres volvieron a la agencia del MP y hasta entonces, más de 24 horas después, comenzó la búsqueda institucional.

A los cinco días, agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF capturaron a cinco presuntos implicados en el crimen y localizaron el cadáver de Juan José enterrado en La Joya, paraje de Los Reyes La Paz. Los padres y la presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, María Elena Solís, piensan que si los agentes del MP hubieran actuado de inmediato el niño quizás estaría vivo.

Las primeras 72 horas, cruciales

Cada año desaparecen en México unos 45 mil menores de 18 años, principalmente en el Distrito Federal, estado de México y Jalisco, calcula México Unido contra la Delincuencia. Las cifras oficiales más recientes son de 2006, cuando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (de la PGR) y la Policía Cibernética (de la PFP) registraron el secuestro de 12 mil niños con fines de explotación laboral y sexual.

Rubén Alvarado, especialista de la UNAM, señala que ningún procedimiento judicial establece un tiempo para que los agentes del MP inicien una averiguación previa y la búsqueda, pero en todos los estados las autoridades esperan, según sus criterios, alrededor de 72 horas, aduciendo que en tal lapso puede tenerse certeza sobre las causas de la ausencia. Y coincide con organizaciones civiles en que esto viola la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya, que obligan a los Estados a actuar con diligencia ante denuncias de desaparición.

Esto es porque las primeras horas son cruciales para la localización de una persona extraviada; en ese lapso un número indeterminado de niños, niñas y mujeres ha sido desaparecido, sustraído o asesinado.



Trámites sin valor judicial

En Chihuahua se suprimieron las 72 horas de absurda espera, justo porque desde 1993 decenas de mujeres fueron desaparecidas o asesinadas en ese lapso. La Procuraduría de Justicia local impuso en 2006 el llamado “protocolo Alba”, a través del cual se activa una alerta para iniciar la búsqueda de niñas y mujeres reportadas como desaparecidas y que se consideran de “alto riesgo”, al sospecharse que las secuestraron.

El problema es que este procedimiento, advierte Marilú Andrade, de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es cada vez más lento, porque en 2008 desapareció la oficina de esa procuraduría especializada en localizar a mujeres y las agencias del MP están saturadas debido a que en el último año se incrementaron los llamados “levantones” (secuestros con el objetivo de eliminar físicamente a una persona).

El 6 de enero anterior desapareció en Ciudad Juárez, Brenda Berenice Castillo García, de 17 años. Fue el primer caso de 2009. La joven salió a buscar empleo. A la mañana siguiente sus padres presentaron una denuncia en la Procuraduría del estado, la cual emitió una alerta. Dos semanas después se ignora su paradero. “Nos atendieron rápido y dicen que la están buscando, pero no han resuelto nada. Vino un comandante sólo para decirnos que no tenían nada”, refiere su madre.

En 2007, un informe del Observatorio Ciudadano para Monitorear la Impartición de Justicia reportó que cuando una mujer desaparece en Juárez o en la capital de Chihuahua se hace un reporte de Trabajo Social, aunque carece de valor judicial. “El Estado... no promueve que las denuncias se tramiten como delitos, aún con el grave precedente de desapariciones de mujeres que derivan en asesinatos. El Estado viola, de esa manera, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (...) que obliga al Estado a intervenir desde el momento en que se denuncia la desaparición”, asienta el documento.

Desde que se creó el concepto “desapariciones de alto riesgo” en esa procuraduría, acusa el informe, de las 69 mujeres desaparecidas reconocidas como vigentes, sólo un caso en Juárez se considera oficialmente de “alto riesgo”. “La contribución de la PGJE a este concepto es que las autoridades se dieron a la tarea de distinguir a las jóvenes ‘buenas’. Usando este criterio, se procedió a discriminar de sus listados a aquellas que mantenían relaciones de confrontación con sus padres. En estos casos, la PGJE consideraba que tenía argumentos para decir que la mujer simplemente se fue para escapar de su casa”.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (de OEA) mantiene desde 2002 la recomendación al Estado mexicano de actuar con diligencia en las desapariciones de mujeres. En un reporte elaborado después de una visita a Juárez en febrero de ese año, aseguró que “frente a las denuncias de desapariciones, la información recibida por la Comisión Interamericana en casos que datan desde 2001 indica que las primeras medidas de investigación fueron adoptadas, en algunos casos, al cabo de varios días”.

“¿Y si se fue con la novia?”

Adelina Ramírez desconoce desde el 8 de julio de 2007 el paradero de su hijo Marco Antonio Osorio Ramírez, de 13 años. Desapareció en Ixtapaluca (estado de México). Por las tardes acostumbraba jugar con sus vecinos. En aquella ocasión cayó la noche y con ella la noticia de su ausencia. Adelina indagó entre vecinos y amigos. Al día siguiente acudió a la agencia del MP de Ixtapaluca, de donde volvió con la “sugerencia” de aguardar 72 horas. “Me dijeron que primero buscara si se había ido con amigos o con una novia. Me regresé resignada”. Marco Antonio no tiene novia y sus amigos son sus vecinos.

Sulma Campos Mata, directora del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), del Gobierno del DF, asegura que la mayor parte de los reportes que reciben son de adolescentes de 14 a 18 años que huyen de sus hogares por conflictos familiares.

Por ello, precisa, antes de que intervenga la policía judicial, el área de trabajo social comienza con entrevistas a los familiares, para indagar si hay conflictos o motivos para suponer que alguien escapó. Si es descartado un móvil de este tipo comienzan las investigaciones judiciales. La funcionaria asegura que el procedimiento lleva una o dos horas, aunque en el caso de niños la policía judicial inicia el rastreo de inmediato.

“El problema —agrega— es que muchos de los familiares de las personas ausentes o extraviadas acuden a las agencias del MP más cercanas y es ahí donde les piden esperar 24, 48 o 72 horas. La procuraduría del DF está tomando cartas en el asunto para que se actúe con diligencia y en Capea la búsqueda es inmediata, porque las primeras horas son las más importantes”.

La sustracción de menores

En contraste, 67.4% de los reportes de extravío obedecen a sustracciones ilegales de niños de 4 a 12 años, informa la Secretaría de Seguridad Pública federal, responsable del Registro Nacional de Personas Extraviadas. Es frecuente que uno de los padres decida llevarse a su hijo o hijos para separarlos del otro. El Código Penal Federal establece prisión de tres a diez años al padre que sustraiga fuera del país a un hijo, pero si lo hace en territorio nacional no hay castigo.

Aparte, el procedimiento judicial para devolver a esos menores a su hogar original es tardado. Alejandro Heredia, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados y Divorciados, señaló que el proceso de localización de los niños sustraídos es largo y engorroso; en caso de que los padres estén en un proceso judicial por la custodia de los hijos, el juez debe enviar un aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, lo cual puede demorar días.

De nuevo, México incumple con lo dispuesto en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya, según la cual los niños deben ser devueltos a sus hogares en menos de seis semanas, para evitar el desarraigo, sostiene el penalista de la UNAM, Rubén Alvarado.

El de Diego Solano, quien dejó de ver a su hijo hace ocho meses, es un ejemplo. Tras divorciarse, una vez establecido el régimen de visitas, el 10 de mayo de 2008 permitió que su hijo de 3 años conviviera con su mamá, quien originalmente se mudaría a Tijuana, dejando al niño bajo custodia de aquél. “Pasó una semana sin que supiera nada. Cuando le hablé a mi ex esposa para que me dijera qué había pasado, me contestó su pareja para decirme que ya no volvería a ver a mi hijo porque el verme le hacía mucho daño”.

Diego insistió y ella repitió que lo mejor sería que no lo viera más. “La demandé por la sustracción del niño y voy a pelear por tener la patria potestad, pero ni siquiera sé si en medio de todos los trámites sacaron a mi hijo de esa ciudad o del país”.