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El Ministerio Público de Honduras inició ayer un proceso contra los más altos oficiales militares por la expulsión del país del depuesto presidente Manuel Zelaya, durante el golpe de Estado que lo sacó del poder el año pasado, en lo que Mel calificó de intento de “poner un manto” a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio.
La Fiscalía general ordenó el arresto de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas hondureñas, incluyendo el jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, a quienes acusa de abuso de autoridad y extradición ilegal contra Zelaya.
El vocero de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, dijo que la cúpula militar está al tanto de la situación y pidió a la Auditoría Jurídica que estudie el caso y que conforme un equipo de defensa.
“Es una situación que está poniendo a prueba a la institución armada”, señaló.
Vásquez aseguró a medios locales que “todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar”, pero añadió que ante cualquier situación que se presente, “vamos a someternos a la Justicia hondureña si es necesario, porque nosotros somos hombres de ley”.
Además del general Romeo, integran la Junta los jefes de las ramas aérea, naval y del Ejército, que tuvieron un rol protagónico en el golpe de Estado.
Los comandos militares arrestaron a Zelaya en su casa y luego lo extraditaron a Costa Rica, alegando que sólo cumplían instrucciones judiciales. La Corte Suprema de Justicia había ordenado el arresto de Zelaya por abuso de autoridad y traición a la patria al pretender convocar una Asamblea Constituyente que buscaba derogar la Constitución e impulsar su reelección indefinida en el cargo.
Pero la expulsión de Zelaya no estaba contemplada en la orden de arresto. Los militares admitieron que tomaron esa decisión en forma unilateral. Zelaya apuntó que si la Fiscalía “está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar y ese error fue después ratificado, confirmado por el Congreso Nacional”.
Ayer concluyó la visita a Honduras del subsecretario de Estado adjunto de EU para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly, quien se reunió con el presidente del gobierno de facto, Roberto Micheletti.
Horas después, Micheletti acusó a EU de presionarlo para dimitir y aseguró que no se irá porque “noy hay argumento legal” para ello. Adelantó que no asistirá a la toma de posesión de Porfirio Lobo, el 27 de enero.
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