Ye Gon debe dar pruebas para impedir extradición.

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Al considerar que el caso del empresario de origen chino y nacionalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, es uno “con circunstancias únicas”, el juez John M. Facciola concedió ayer 20 días hábiles a su defensa para que ésta pueda recabar información y presentar una moción en favor de su libertad y contra la petición de extradición que ha presentado el gobierno de México.

La esperada audiencia para debatir la extradición de Zhenli Ye Gon, se convirtió ayer en un animada escaramuza legal entre una fiscalía que tiene ante sí la complicada misión de entregar al gobierno mexicano a un acusado que ya ha sido exonerado por la justicia de Estados Unidos, y una defensa que no desaprovechó su primera intervención para tratar de poner en evidencia la poca credibilidad y la corrupción del sistema judicial mexicano que, aseguraron, dificultarían un “proceso debido” a su defendido en caso de ser extraditado.

A manera de ejemplo, los abogados de la defensa cuestionaron la credibilidad de quienes instruyeron el caso contra Ye Gon desde México y apuntaron directamente contra Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y Jorge Joaquín Díaz López, ex coordinador de investigaciones de la SIEDO, ambos despedidos acusados de corrupción o por sus vínculos con el narco.

“El hecho de que el fiscal que ejecutó la declaración jurada en la que se apoya la petición de extradición haya sido acusado de corrupción levanta dudas sobre la credibilidad del proceso”, arguyó el abogado Manuel Retureta. En una audiencia que duró poco más de una hora, el juez Facciola escuchó además el argumento de la defensa que se quejó de que el gobierno de Estados Unidos había tenido en su posesión y durante aproximadamente 18 meses evidencia que habría permitido exculpar a Zhenli Ye Gon antes de que el juez Emmet Sullivan decidiera finalmente desestimar las acusaciones en su contra el pasado 28 de agosto.

Las argumentaciones de la defensa encontraron, sin embargo, la fulminante respuesta de la fiscal, Valinda Jones, quien se negó a permitir que el proceso de extradición sea aprovechado por la defensa para tratar de entrar en el fondo judicial del asunto y para distraer la atención de los medios de comunicación para cuestionar la credibilidad de las autoridades mexicanas.

“No podemos pretender que la justicia de EU imponga estándares a la justicia mexicana”, aseveró Jones al insistir, además, en que la obligación de la justicia es respetar el Tratado de Extradición que se tiene con México.