AI solicita al gobierno reparar daño a Jacinta.

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Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí que estuvo presa tres años por supuesto secuestro de seis federales, dijo que aún cree en la justicia, pero hay muchos casos como el suyo, entre ellos, el de sus coacusadas Teresa González y Alberta Alcántara.

“En mi caso se hizo justicia, pero hay muchos todavía como el mío”, dijo en conferencia de prensa, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que llevó su defensa.

Acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta manifestó su deseo de que sus compañeras, también de la etnia otomí, sean liberadas pronto, porque están presas injustamente.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) celebró la liberación de Jacinta, pero hizo un llamado al gobierno mexicano a hacer una revisión completa e imparcial de su proceso, que repare el daño causado e incluya a Teresa González y Alberta Alcántara.

Un día después de ser liberada, y acompañada de su esposo y dos de sus hijos, Jacinta explicó que los tres años que pasó en prisión fueron muy difíciles, sobre todo por su condición de indígena y la separación de su familia.

“Los primeros días, lloraba mucho, me sentía muy triste. Una de mis compañeras me trató mal, porque era indígena y era pobre. Eso nunca se me va a olvidar”, relató entre lágrimas.

Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Leopoldo Maldonado, uno de sus abogados, dijeron que el caso de Jacinta muestra las deficiencias del sistema de procuración de justicia y la visión restringida que se tiene de los derechos de los pueblos indígenas.

Irregularidades del proceso

Entre las anomalías del proceso, Arriaga destacó la violación de los derechos de Jacinta a un traductor y el principio de presunción de inocencia, ya que fue juzgada en español, un idioma que no conocía, y enfrentó el proceso completo en prisión.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la liberación de Jacinta es apenas un componente de la justicia esperada en su caso, y debe incluir la reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables de su encarcelamiento.

Andrés Díaz, otro de los abogados del organismo, reconoció que para obtener la reparación del daño la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que reconocer plenamente la inocencia de Jacinta y las irregularidades que llevaron a su detención y enjuiciamiento.

El Centro Pro exigió también la liberación de sus coacusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron inculpadas y puestas en proceso judicial “de un secuestro que nunca existió” con las mismas pruebas con que se inculpó a Jacinta.

Las tres mujeres indígenas, fueron acusadas de secuestrar a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro, luego de que el 26 de marzo de 2006 un grupo de uniformados realizó un operativo en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán.

El operativo, realizado sin orden de cateo, se salió de todo tipo de control, generándose una confrontación entre los comerciantes y los policías, que concluyó con un convenio de conciliación. Sin embargo, cinco meses después, los agentes acusaron a las indígenas de secuestrarlos.