Una fiscalía con magros resultados.

Noticia:


Militares allanaron la casa de Tomasa Vidal, reportera de Canal 5 en Ciudad Juárez, el 4 de febrero, y el lunes fue tiroteada la de Moisés García, director de El Debate de Guasave. El martes, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, lo encaró el delegado holandés, por la ineficacia judicial del gobierno mexicano para garantizar la libertad de prensa.

Y el napolitano Roberto Saviano, símbolo global de los periodistas perseguidos por el crimen, dijo a El País Semanal: “Europa, con México, es hoy el lugar de más riesgo para los escritores”.

En esta atmósfera espesa cumple tres años la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Organizaciones nacionales e internacionales, víctimas, abogados y familiares de periodistas asesinados o desaparecidos coinciden en que no hay qué celebrar, pues en todo ese tiempo la Fiscalía ha ejercido acción penal en 3 de los 88 casos atendidos; es decir, turnó al juez sólo 3.4% del total de casos abordados.

Esto, de hecho, afloró en la sesión donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó a México, el martes: Boudewijn J. van Eenennaam, representante de la delegación de Holanda, preguntó a Gómez Mont: “El gobierno de México creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, dependiente de la PGR; sin embargo, ésta ha demostrado resultar ineficaz para el propósito para el que fue creada... ¿qué acciones se llevarán a cabo para ampliar y clarificar sus facultades, así como para capacitar a los agentes investigadores en materia de libertad de expresión?”.

Reporteros Sin Fronteras ha señalado que México es, después de Irak, el país más peligroso para el ejercicio periodístico.

La Sociedad Interamericana de Prensa realizó un Mapa de Riesgo para periodistas, situando como zonas “de muy alto” y “alto riesgo” a Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guerrero. Hay cuando menos tres casos de periodistas mexicanos que viven en el exilio, uno de los cuales es Alejandro Gutiérrez, del semanario Proceso.

Sólo ocho casos

De febrero de 2006 a noviembre de 2008, la Fiscalía registró 274 agresiones, según su informe de diciembre. Octavio Orellana Wiarco, el fiscal, asegura en entrevista que “se ha resuelto 75% de ellos”. En realidad, más de 50% del total de casos fueron no resueltos, sino “determinados”; es decir, se declaró “incompetencia”, al decidir que no había elementos para la acción penal; se archivaron por no lograrse avances; o se les dejó “en reserva”, por supuesta falta de elementos para investigar. El informe no precisa cuántas personas ni en dónde han sido consignadas por atacar a periodistas.

Por sus limitadas atribuciones, la Fiscalía pudo atraer sólo 88 de los 274 casos registrados (es decir, el 32.11%). En mayo de 2008, reportó a la Cámara de Diputados que de esos 88 quedaban 29 en “trámite”. En el informe de diciembre, la cifra se había reducido a ocho. ¿Qué sucedió con los 80 restantes? Según Orellana Wiarco, fueron “determinados” también. Al final de todo, la Fiscalía ha realizado tres “consignaciones”, sin precisar si esto incluye personas o sólo expedientes.

La impunidad en los delitos contra periodistas llevó a la organización internacional ARTICLE 19 a realizar un análisis de la Fiscalía, cuyos resultados difundirá mañana. Destaca que de los 274 casos recibidos, la Fiscalía se declaró incompetente en 75%, de modo que “en tres años... no ha tenido un solo efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad, ya sea por su limitada competencia o por las deficientes investigaciones”.

Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), concluye que al no resolverse penalmente los asesinatos contra periodistas, “el sistema de justicia mexicano consagra la impunidad” y que “el que una sociedad no reciba información afecta el corazón de la democracia”.

Como una oficialía de partes

El 6 de febrero de 2006, varios hombres entraron disparando a El Mañana, periódico de Nuevo Laredo, donde también estallaron una granada. Al día siguiente, el gobierno foxista anunció la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, cuyo acuerdo de creación apareció en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero. Sólo podría atraer un caso si éste cumplía cuatro requisitos: 1 que se compruebe que la víctima era periodista, y que el delito 2 tenga como móvil coartar el ejercicio del derecho a la información o libertad de prensa; 3 sea de competencia federal o local, siempre que se acredite “previamente la conexidad”; y 4 amerite pena privativa de la libertad.

Lo anterior explica que tantas denuncias sean rechazadas por la Fiscalía, quedándose en las procuradurías estatales, la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) o la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (Control Regional), estas dos últimas de la PGR —la Fiscalía no aclara por qué los casos se envían a esta última.

David Peña, de la Asociación de Abogados Democráticos, considera que sus limitaciones jurídicas han servido de pretexto a la Fiscalía para no investigar a fondo y confirmar si las agresiones pretendían coartar la libertad de expresión; “se ha convertido en una oficina que distribuye las denuncias a SIEDO o al fuero común”.

Las cifras oficiales refuerzan su afirmación: de los 274 casos recibidos en tres años, 163 están en Control Regional; 22 en la SIEDO, y; 1 en la Visitaduría general de la PGR, quedándose la Fiscalía con sólo 88.

¿Qué hace esta última en los casos que van a otras áreas de la PGR o a procuradurías locales? El fiscal responde: “Estamos atentos, ofrecemos nuestra colaboración, pero ya no es nuestra responsabilidad”.

Aarón Jiménez Paz, director del Programa de Agravio de Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), explica en entrevista que “es muy común” encontrar casos donde “no se están agotando todas las líneas de investigación, entre ellas, que el crimen haya sido para coartar la libertad de expresión”.

El caso Rodríguez, en el limbo

Armando Rodríguez Carreón, de 40 años, prestigiado reportero policial de El Diario de Ciudad Juárez, fue asesinado el 13 de noviembre. Esa misma noche, la Delegación de la PGR en Chihuahua emitió el comunicado DPE/5171/08, dando a conocer que la Fiscalía atrajo el caso. No obstante, en su informe de diciembre (2008), ésta precisa que se hicieron “más de 40 actuaciones” y existen “tres líneas de indagación”, aunque lo incluye en el “fuero” de Control Regional. El 31 de enero, el periódico afectado sostiene en su editorial que el caso judicial de Rodríguez Carreón permanece en un limbo legal, y no hay comunicación entre la PGR y la procuraduría estatal.

En 2008, en Ciudad Juárez fueron amenazados ocho reporteros, asienta el informe “Juárez: la violencia y los medios”, presentado en enero por Reporteros Sin Fronteras. Aparte de Rodríguez Carreón, menciona al reportero Carlos Huerta Muñoz, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía, la cual no ha iniciado investigaciones.

El informe “Periodismo bajo violencia del narcotráfico 2008”, del Centro de Periodismo y Ética Pública, aborda cinco asesinatos de periodistas mexicanos ocurridos ese año, pero la Fiscalía consideró bajo su fuero sólo los de Bonifacio Cruz Santiago y Alfonso Cruz Cruz, ocurridos el 7 de febrero de 2008 en el Estado de México; en ambos dice que “la principal línea (de investigación) indica una confusión de persona”.

Las desapariciones

Entre 2005 y 2008 desaparecieron ocho periodistas mexicanos, reporta el CPJ. Pero en su informe de diciembre pasado la Fiscalía sólo se menciona cinco. Uno de ellos es José Antonio García Apac, de 52 años, quien editaba el quincenario Eco de la Cuenca de Tepalcatepec (Michoacán) y fue visto por última vez el 20 de noviembre de 2006.

La abogada Silvia Martínezacudió al ministerio público local de Apatzingan, porque el agente del Ministerio Público de la Federación de Morelia dijo ignorar la existencia de la Fiscalía para delitos contra periodistas. Más tarde, puesto que las investigaciones no avanzaban, telefoneó a dicha fiscalía, en la ciudad de México; “dejé los datos de la denuncia, me dijeron que iban a venir, pero nadie se puso en contacto”.

Si bien la Fiscalía reconoce que la desaparición de García Apac podría tener “relación con su ejercicio periodístico”, su caso fue atraído por Control Regional (julio 2007).

El sueldo del fiscal y otros dineros

La PGR destina más recursos públicos al sueldo del fiscal Octavio Orellana Wiarco, que al presupuesto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Según su portal de transparencia, el salario de aquel es de un millón 935 mil 108 pesos anuales, mientras que la Fiscalía a su cargo recibió para operar un millón 558 mil 278 pesos, en 2008 (o sea, 376 mil 830 pesos menos). Además, dicha asignación presupuestal ha disminuido cada año, como lo demuestra el que en 2006 la Fiscalía haya nacido con 2 millones 304 mil pesos para su funcionamiento (suma 32.36% superior al presupuesto para 2008).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal aseguró que el presupuesto para 2009 será idéntico al del año pasado; si es así, la dependencia a su cargo dispondrá de 129 mil 856.50 mensuales para atender las agresiones contra periodistas en el segundo país más peligroso del mundo para el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras.

Por otra parte, Orellana Wiarco (quien asumió en marzo de 2007, sucediendo a David Vega) asegura que la Fiscalía cuenta con “7 o 10 elementos” de la Agencia Federal de Investigación, y seis agentes del Ministerio Público de la Federación en la ciudad de México y uno en cada estado. Pero esto no se menciona en el organigrama de la dependencia disponible en la página virtual de la PGR.

El fiscal asegura que los 14 cursos para periodistas que ha impartido la dependencia a su cargo han ayudado a evitar agresiones, y ejemplifica con Ciudad Juárez, donde “se hicieron una serie de recomendaciones; les dijimos que cuando haya agresiones las comuniquen con los demás medios, las denuncien. Después supimos que habían recibido mensajes de amenazas. El primero que los recibió sí se alarmó, pero cuando los recibieron los demás, vieron que era el mismo texto. Los cursos sí tienen efectos”.

El curso a periodistas de Ciudad Juárez se realizó en febrero de 2008. A los nueve meses fue asesinado Armando Rodríguez Carreón.

Comentario:

Con esta información del diario El Universal, ¿qué mas pruebas necesitan las autoridades para demostrarles que no les interesa investigar y proteger a los periodistas y muchos menos a los ciudadanos comunes?