Argentina espera una ley que proteja sus bosques del desastre.

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Un aluvión de lodo en Tartagal (en el noroeste de Argentina, a 55 kilómetros del límite con Bolivia) provocó la desaparición el lunes de dos mujeres, y dejó 1.500 personas sin hogar y otras 8.500 afectadas. Pero la inundación de barro en esa ciudad de la provincia de Salta, que el miércoles fue visitada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también encendió el debate por la relación entre ese desastre natural y la deforestación que sufre Argentina; y por los 14 meses de retraso que lleva el Gobierno de este país en reglamentar la ley de protección ambiental de bosques. Organizaciones no gubernamentales reclaman que el Ejecutivo reglamente esa norma para frenar la tala de árboles nativos del país, e incluso Greenpeace ha instalado un teléfono rojo en plazas de Argentina para recoger las protestas de los ciudadanos y enviarlas a un número de la Casa Rosada (la residencia oficial del presidente argentino).

Osvaldo Canziani, que integra el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ganador del Nobel de la Paz en 2007), no oculta sus críticas a la ley aprobada por el Congreso argentino en noviembre de 2007 porque apunta a detener la tala pero no se refiere a la preservación de "la diversidad ecológica local". Sin embargo, advierte que "la deforestación y el aumento de las lluvias causaron el alud de barro en Tartagal", que ya había sufrido otra inundación en 2006. "La deforestación actúa de diversas maneras. En áreas de pendiente, como éstas, es la barrera para las correntadas. Los bosques son freno para el impacto de gotas muy grandes. La distribución de áreas boscosas define las lluvias. Además, el efecto del calentamiento global se traduce en precipitaciones más intensas que las que ya había en el norte de Argentina entre noviembre y abril. Es todo un problema combinado", concluye Canziani, en diálogo con EL PAÍS.

Teléfono rojo

El coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, Hernán Girardi, también vinculó las inundaciones de Tartagal con la deforestación, una relación que fue negada por los agricultores que plantan allí soja, donde antes había bosques, y por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. "Ante la explotación descontrolada, el ecosistema muchas veces no tiene capacidad de cicatrización para mitigar el impacto de copiosas lluvias en tan escaso tiempo", dijo el dirigente de Greenpeace. La organización denuncia que entre 1998 y 2008 se destruyeron en el norte de Argentina cerca de 1,7 millones de hectáreas de bosques nativos (casi tanto como toda la extensión de Kuwait o algo más que la de Montenegro). "Es urgente que el Ejecutivo reglamente lo antes posible la ley de bosques", demandó Girardi.

Greenpeace y otras 50 organizaciones verdes, campesinas e indígenas ?sus comunidades son desplazadas por la deforestación? habían presentado el pasado 30 de enero al secretario de Ambiente argentino, Homero Bibiloni, una carta que exigía que se aprobara la reglamentación de la ley de bosques tal como la habían acordado el Gobierno, las provincias y la sociedad civil en julio de 2008. Las ONG dicen que Bibiloni ha hecho un nuevo borrador de reglamentación sin consultarlas, de carácter más permisivo, que en lugar de multas a quienes deforesten sin autorización les impone "acciones de recomposición o compensación ambiental que son imposibles de realizar cuando se daña drásticamente un ecosistema en peligro". El 4 de febrero, Greenpeace instaló cerca de la plaza de Mayo de Buenos Aires el teléfono rojo que antes había paseado por Mar del Plata, Córdoba y Rosario.

En 2007, más de 1,3 millones de argentinos habían firmado a favor del proyecto de ley de preservación de los bosques originarios, que había presentado el diputado entonces kirchnerista Miguel Bonasso. Para que los legisladores de las provincias afectadas lo aprobaran, se crearon subsidios a los agricultores que ya no podrían continuar con la tala. En julio pasado, la anterior secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, le pasó una reglamentación de consenso a Cristina Fernández, y desde entonces se espera una decisión. Según Greenpeace, el proyecto fue frenado por el ministro de Economía, Carlos Fernández, dado que implica subvenciones anuales por 220 millones de euros. Bibiloni exculpó a la presidenta argentina de la demora y responsabilizó a la ex secretaria Picolotti de elaborar una reglamentación que no respetaba el federalismo y, por tanto, era inconstitucional. Además, dijo que algunas provincias ya estaban preparando el ordenamiento territorial que dispone la nueva legislación para determinar las áreas protegidas.

El senador kirchnerista Daniel Filmus reconoció que el aluvión de barro que destrozó Tartagal se relaciona con "el desmonte que hubo años atrás" y pidió la reglamentación de la ley de bosques. Entretanto, la presidenta Fernández evitó referirse a cuestiones ambientales en su visita, y relacionó las consecuencias del aluvión con la pobreza de una población asentada en una zona rica en hidrocarburos y soja: "Hay que decirlo con todas las letras porque el que crea que acá solamente se está así porque vino un alud... El alud lo que hizo fue complicar una situación de pobreza estructural". De todos modos, se espera que la jefa de Estado, que asumió el cargo un mes después de aprobarse la ley de bosques, termine poniéndola en práctica en los próximos días.


Comentario:

Desastres naturales y deforestación, juntos son dinamita. Es urgente detener la deforestación de este planeta.