No existe registro ni control de albergues.

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Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, acusó que la Procuraduría capitalina tenía conocimiento desde el año pasado de la resolución judicial que daba la guardia y custodia de la niña Ilse Michel a su abuela; sin embargo, no se hizo nada para acatar la orden.

Recordó que la Oficina de Defensoría de los Derechos la Infancia (ODI) hizo público el caso de la desaparición de la pequeña luego de que sus familiares no pudieran hallarla en el albergue Casitas del Sur.

El desconocimiento del paradero de Ilse Michel y siete menores más de estos albergues, es el resultado de la falta de una base de datos y control por parte de las autoridades hacia las instituciones a quienes se canalizan los niños que fueron sustraídos del seno familiar por un proceso judicial.

Gerardo Sauri acusó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y a los DIF local y nacional de “negligentes” por no realizar el monitoreo que por ley se establece a las instituciones que reciben a niños.

El especialista señaló que existen deficiencias en los procedimientos relacionados con menores. “El Estado ha abandonado a la asistencia privada a los niños abandonados, cuando su deber es garantizar que se encuentren en las mejores condiciones”.

Señaló que esta situación es “un problema que viene de muchos años atrás”. Ya en 2006 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas manifestó a México su preocupación por el alto número de niños que son canalizados a instituciones privadas sin que se tenga control de ellas. Recomendó crear un directorio de albergues y una base de datos de los menores.

“Cosa que no existe: no hay registro de dónde vienen los niños y a dónde van. El problema es así de grave”, señaló el titular de la Red por los Derechos de la Infancia.

Sauri consideró el caso de Ilse Michel y siete niños más como un reflejo “de la forma violatoria con la que procede el gobierno en el trato a menores”.

Según el artículo 25 de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado está obligado a realizar exámenes periódicos sobre el estado de salud física y mental de los niños que fueron canalizados a alguna institución. Si embargo, este acuerdo internacional es letra muerta no sólo en la ciudad, si no en el resto del país.

La Red por los Derechos de la Infancia consideró necesaria la actualización de normas de protección para menores, en las que debe reducirse la “institucionalización” de niños.

Comentario:

No es ninguna novedad que la autoridad no haga nada frente a la delincuencia y frente a los problemas que enfrentamos los mexicanos. Si de algo habría que acusarlos, entre otras muchas cosas, es de negligencia.