Noticia:
Por determinación del Fideicomiso de Restauración, Mantenimiento y Sostenimiento de Playas de Quintana Roo, las obras de recuperación de arenales en Cancún continuarán conforme al proyecto autorizado. El gobierno municipal encabezado por el alcalde Gregorio Sánchez (PRD) tendrá que aportar 230 millones de pesos que le corresponden, contratando el crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
La firma de la documentación por parte del edil se fijó para el lunes próximo, quedando como aval “moral y económico” el gobierno de Quintana Roo.
El anuncio se dio a conocer ayer, después de la sesión emergente del pleno del Fideicomiso, presidido por el titular de la Secretaría de Turismo, Rodolfo Elizondo, quien aclaró que no se contratará el seguro que exigió el munícipe, pues “nadie en el mundo le va a asegurar que las playas se van a mantener como están en este momento”.
El encuentro fue convocado por la Sectur para discutir la resistencia del munícipe para “cumplir con sus compromisos financieros”, consistentes en la contratación de un crédito por 230 millones de pesos con Banobras u otro banco, que se pagaría con el 25% que se aumentó a la tarifa por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre.
El planteamiento sería si las obras, suspendidas el 31 de diciembre pasado y repuestas el 2 de enero, se cancelarían, debido a las declaraciones del alcalde, quien condicionó su firma a la presentación de un programa de mantenimiento y un seguro.
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miércoles, 6 de enero de 2010
jueves, 29 de octubre de 2009
Suspenden a 5 policías corruptos de Cancún.
Noticia:
Los cinco policías de Tránsito acusados de extorsionar a la senadora de Minnesota, Michelle Fischbach, durante sus vacaciones en esta ciudad, fueron suspendidos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en tanto continúan las investigaciones.
El alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez, informó que sigue en curso la indagatoria iniciada por la Contraloría municipal contra los cinco elementos involucrados en “la mordida” a la legisladora, y que pronto “quedarán fuera”.
El edil, quien dijo que atendió el problema personalmente, manifestó que los agentes señalados por Fischbach, que niegan los hechos, “tienen derecho al pataleo, pero los corruptos se van a la calle”.
Sánchez indicó que durante su gestión, iniciada en abril de 2008, la depuración de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como parte del programa Cero Tolerancia, ha motivado la baja de unos 150 elementos, acusados de algún acto de corrupción.
En entrevistada, la directora general de Tránsito, María Esther Estiubarte, deslindó a la corporación de lo sucedido, bajo el argumento de que los cinco policías estaban asignados en la zona hotelera, donde opera la Policía Turística, y no en la ciudad, área de su competencia.
En Benito Juárez funcionan tres direcciones policiacas: Preventiva, Tránsito y Turística, todas dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. La Policía Turística, comisionada exclusivamente a la zona hotelera, está actualmente bajo el mando de Alejandro Solórzano Barragán.
La senadora Fischbach denunció que fue detenida y extorsionada por elementos de Tránsito, cuando circulaba por la zona hotelera. “Los policías le exigían entre 200 y 300 dólares para dejarla ir, sin ponerle una multa”, indicó Jorge Rodríguez Carrillo, contralor municipal.
Los cinco policías de Tránsito acusados de extorsionar a la senadora de Minnesota, Michelle Fischbach, durante sus vacaciones en esta ciudad, fueron suspendidos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en tanto continúan las investigaciones.
El alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez, informó que sigue en curso la indagatoria iniciada por la Contraloría municipal contra los cinco elementos involucrados en “la mordida” a la legisladora, y que pronto “quedarán fuera”.
El edil, quien dijo que atendió el problema personalmente, manifestó que los agentes señalados por Fischbach, que niegan los hechos, “tienen derecho al pataleo, pero los corruptos se van a la calle”.
Sánchez indicó que durante su gestión, iniciada en abril de 2008, la depuración de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como parte del programa Cero Tolerancia, ha motivado la baja de unos 150 elementos, acusados de algún acto de corrupción.
En entrevistada, la directora general de Tránsito, María Esther Estiubarte, deslindó a la corporación de lo sucedido, bajo el argumento de que los cinco policías estaban asignados en la zona hotelera, donde opera la Policía Turística, y no en la ciudad, área de su competencia.
En Benito Juárez funcionan tres direcciones policiacas: Preventiva, Tránsito y Turística, todas dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. La Policía Turística, comisionada exclusivamente a la zona hotelera, está actualmente bajo el mando de Alejandro Solórzano Barragán.
La senadora Fischbach denunció que fue detenida y extorsionada por elementos de Tránsito, cuando circulaba por la zona hotelera. “Los policías le exigían entre 200 y 300 dólares para dejarla ir, sin ponerle una multa”, indicó Jorge Rodríguez Carrillo, contralor municipal.
martes, 20 de octubre de 2009
Inicia relleno de playas en QR; acusan ecocidio.
Noticia:
Si bien la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyó que las obras de Restauración Ambiental de Playas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel son “viables”, las opiniones técnicas de cuatro instancias federales, dos instituciones científicas, un par de autoridades estatales y uno de tres ayuntamientos involucrados, advierten inquietantes dudas sobre las implicaciones que la extracción e inyección de arena tendrá para ecosistemas marinos y de duna, debido a deficiencias de los estudios ambientales presentados para soportar los trabajos.
De acuerdo con el resolutivo SGPA/DGIRA/DG/3758/09, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), órgano desconcentrado de la Semarnat y la encargada de evaluar el proyecto, se establecieron siete condicionantes principales para otorgar el permiso al Fideicomiso de Restitución de Playas, encabezado por la Secretaría de Turismo (Sectur), impulsor de las obras. Los siete puntos responden a opiniones y comentarios técnicos y especializados de diferentes instancias, ya sea gubernamentales o académicas, que fueron consultas por la DGIRA para enriquecer su evaluación.
El proyecto, indispensable para mantener la economía de más de un millón de habitantes que viven de la oferta de sol y playa, así como la competitividad de los destinos del Caribe mexicano ante los extranjeros, tiene un costo de entre 800 y mil millones de pesos, y consiste en la extracción de casi 6.2 millones de metros cúbicos de arena a depositarse en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, en porciones diferentes.
Incluye la instalación de estructuras de cierre para disminuir el golpe del oleaje y evitar la fuga de arena; el monitoreo de los trabajos durante los próximos 10 años, la búsqueda y encuentro de al menos tres bancos marinos adicionales, en un año, para la extracción de arena, y el financiamiento a través de un porcentaje de la recaudación por uso, goce y aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre, entre otros.
Entre las observaciones se alerta sobre el posible fracaso del millonario proyecto, debido las deficiencias de los estudios y las dudas sobre los impactos que éste tendrá.
Puntos en contra
El Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM destaca que el proyecto exhibe el “desconocimiento de aspectos relacionados con la dinámica costera y el potencial impacto que las obras causarán sobre la comunidad arrecifal, pradera submarina y fauna”. Enfatiza la carencia de una buena caracterización del tamaño del grano de arena a extraerse de los bancos La Ollita (al sur de Isla Contoy) y Punta Norte (Cozumel).
“Este aspecto es crítico, porque el uso de arena de grano demasiado fino fue una de las principales causas del fracaso del proyecto de rehabilitación de 2006”.
Subraya que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se admite el peligro del “fracaso del proyecto”, al no garantizar la permanencia y preservación de playas.
La Semarnat informó que de los seis bancos marinos analizados, sólo dos presentan las características idóneas para el relleno de playas por la similitud de la arena con la de las que se van a rehabilitar.
La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) consideró preocupante la sobreexplotación del banco marino de Punta Norte.
“Los cerca de 6 millones de metros cúbicos que se van a utilizar para los rellenos, van a tener un impacto significativo en el único ecosistema de dunas costeras con el que cuenta Cozumel y que está en buen estado de conservación. Se calcula una pérdida de playa de 50% después de su estabilización”.
Al respecto, la DGIRA respondió que el proyecto puede llevarse acabo siempre y cuando se coloquen mallas geotextiles para evitar la dispersión y formación de plumas de sedimentos que se dirijan hacia las formaciones coralinas; programas de monitoreo para compilar información y, en caso de haber impactos, detener las obras.
El Instituto de Ingeniería de la UNAM indicó que en la MIA del proyecto faltó información sobre las estructuras de cierre, así como los criterios de selección y explotación de los bancos de arena elegidos.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) resalta que el proyecto cumple con el Programa de Manejo del Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, y con las rutas de navegación marcadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y establece varias recomendaciones que se convirtieron en parte de las condicionantes.
El ayuntamiento de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, consideró que la MIA no contenía toda la información requerida para un proyecto de tal envergadura; que éste no era de carácter integral, al no incluir programas de restauración de dunas costeras con vegetación halófita como uno de los factores que contribuye a la dinámica de playa.
Para subsanar esta observación, una de las siete condicionantes establece la aplicación de un programa de siembra de vegetación que reconstruya las dunas costeras.
Faltó información
Para la Dirección General de Zona Federal (Zofematac), el proyecto carecía de especificaciones en cuanto a la longitud de las estructuras de protección propuestas, el número de éstas, su espaciamiento y el tipo de actividades necesarias para construirlas.
“Tampoco describe el procedimiento para retirar los espigones (estructuras), su localización ni las alteraciones que provocarán (…)”, se indica y agrega que no hay referencia alguna sobre procedimientos para restaurar la duna costera. No obstante, la Semarnat declaró ambientalmente viable el proyecto.
Las obras comenzaron desde septiembre con la instalación paulatina de maquinaria y tubería, pero el primer vertido de arena se hará hoy y se espera que el banderazo de arranque lo dé el propio presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, según lo anunciado el jueves pasado por el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.
El funcionario afirmó que el proyecto ya no enfrenta ninguna traba, debido a que el Fideicomiso de Restauración Ambiental solucionó la demanda de suspensión provisional de las obras, ordenada por el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, en respuesta a la queja de la organización Cielo, Mar y Tierra.
Si bien la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyó que las obras de Restauración Ambiental de Playas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel son “viables”, las opiniones técnicas de cuatro instancias federales, dos instituciones científicas, un par de autoridades estatales y uno de tres ayuntamientos involucrados, advierten inquietantes dudas sobre las implicaciones que la extracción e inyección de arena tendrá para ecosistemas marinos y de duna, debido a deficiencias de los estudios ambientales presentados para soportar los trabajos.
De acuerdo con el resolutivo SGPA/DGIRA/DG/3758/09, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), órgano desconcentrado de la Semarnat y la encargada de evaluar el proyecto, se establecieron siete condicionantes principales para otorgar el permiso al Fideicomiso de Restitución de Playas, encabezado por la Secretaría de Turismo (Sectur), impulsor de las obras. Los siete puntos responden a opiniones y comentarios técnicos y especializados de diferentes instancias, ya sea gubernamentales o académicas, que fueron consultas por la DGIRA para enriquecer su evaluación.
El proyecto, indispensable para mantener la economía de más de un millón de habitantes que viven de la oferta de sol y playa, así como la competitividad de los destinos del Caribe mexicano ante los extranjeros, tiene un costo de entre 800 y mil millones de pesos, y consiste en la extracción de casi 6.2 millones de metros cúbicos de arena a depositarse en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, en porciones diferentes.
Incluye la instalación de estructuras de cierre para disminuir el golpe del oleaje y evitar la fuga de arena; el monitoreo de los trabajos durante los próximos 10 años, la búsqueda y encuentro de al menos tres bancos marinos adicionales, en un año, para la extracción de arena, y el financiamiento a través de un porcentaje de la recaudación por uso, goce y aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre, entre otros.
Entre las observaciones se alerta sobre el posible fracaso del millonario proyecto, debido las deficiencias de los estudios y las dudas sobre los impactos que éste tendrá.
Puntos en contra
El Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM destaca que el proyecto exhibe el “desconocimiento de aspectos relacionados con la dinámica costera y el potencial impacto que las obras causarán sobre la comunidad arrecifal, pradera submarina y fauna”. Enfatiza la carencia de una buena caracterización del tamaño del grano de arena a extraerse de los bancos La Ollita (al sur de Isla Contoy) y Punta Norte (Cozumel).
“Este aspecto es crítico, porque el uso de arena de grano demasiado fino fue una de las principales causas del fracaso del proyecto de rehabilitación de 2006”.
Subraya que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se admite el peligro del “fracaso del proyecto”, al no garantizar la permanencia y preservación de playas.
La Semarnat informó que de los seis bancos marinos analizados, sólo dos presentan las características idóneas para el relleno de playas por la similitud de la arena con la de las que se van a rehabilitar.
La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) consideró preocupante la sobreexplotación del banco marino de Punta Norte.
“Los cerca de 6 millones de metros cúbicos que se van a utilizar para los rellenos, van a tener un impacto significativo en el único ecosistema de dunas costeras con el que cuenta Cozumel y que está en buen estado de conservación. Se calcula una pérdida de playa de 50% después de su estabilización”.
Al respecto, la DGIRA respondió que el proyecto puede llevarse acabo siempre y cuando se coloquen mallas geotextiles para evitar la dispersión y formación de plumas de sedimentos que se dirijan hacia las formaciones coralinas; programas de monitoreo para compilar información y, en caso de haber impactos, detener las obras.
El Instituto de Ingeniería de la UNAM indicó que en la MIA del proyecto faltó información sobre las estructuras de cierre, así como los criterios de selección y explotación de los bancos de arena elegidos.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) resalta que el proyecto cumple con el Programa de Manejo del Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, y con las rutas de navegación marcadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y establece varias recomendaciones que se convirtieron en parte de las condicionantes.
El ayuntamiento de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, consideró que la MIA no contenía toda la información requerida para un proyecto de tal envergadura; que éste no era de carácter integral, al no incluir programas de restauración de dunas costeras con vegetación halófita como uno de los factores que contribuye a la dinámica de playa.
Para subsanar esta observación, una de las siete condicionantes establece la aplicación de un programa de siembra de vegetación que reconstruya las dunas costeras.
Faltó información
Para la Dirección General de Zona Federal (Zofematac), el proyecto carecía de especificaciones en cuanto a la longitud de las estructuras de protección propuestas, el número de éstas, su espaciamiento y el tipo de actividades necesarias para construirlas.
“Tampoco describe el procedimiento para retirar los espigones (estructuras), su localización ni las alteraciones que provocarán (…)”, se indica y agrega que no hay referencia alguna sobre procedimientos para restaurar la duna costera. No obstante, la Semarnat declaró ambientalmente viable el proyecto.
Las obras comenzaron desde septiembre con la instalación paulatina de maquinaria y tubería, pero el primer vertido de arena se hará hoy y se espera que el banderazo de arranque lo dé el propio presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, según lo anunciado el jueves pasado por el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.
El funcionario afirmó que el proyecto ya no enfrenta ninguna traba, debido a que el Fideicomiso de Restauración Ambiental solucionó la demanda de suspensión provisional de las obras, ordenada por el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, en respuesta a la queja de la organización Cielo, Mar y Tierra.
jueves, 15 de octubre de 2009
Denuncian irregularidades y acarreo en consulta de Cancún.
Noticia:
La consulta pública realizada ayer para preguntar a la población si apoya la venta de terrenos ubicados en la zona del malecón de Cancún para pagar adeudos del gobierno municipal estuvo plagada de irregularidades, denunciaron grupos civiles, partidos políticos y regidores del propio ayuntamiento de Benito Juárez.
Acusaron que al ejercicio ciudadano convocado en el palacio municipal llegaron decenas de camiones de transporte público con habitantes acarreados, quienes traían ya respondidos sus formatos en favor del cambio de situación jurídica de bienes inmuebles públicos a privados de los tres predios que suman casi 5.4 hectáreas, para modificarles el uso del suelo y enajenarlos a favor del ayuntamiento de Benito Juárez.
Critican acarreo
El dirigente del PAN en Quintana Roo, Eduardo Martínez, criticó el “acarreo al más viejo estilo de la política del país”.
Dijo que atestiguó la llegada de transportes públicos a la avenida Náder (atrás del palacio municipal) y al parque de las Palapas, con gente participante en la consulta convocada por el gobierno de Gregorio Sánchez.
“Estas acciones traen una intención clara y los resultados no tendrán validez porque están viciados de origen. (…) El alcalde y el secretario del ayuntamiento (Lenin Zenteno), lejos de permitir que los ciudadanos se expresen libremente, recurren al más viejo estilo del acarreo de la política rancia de México, trayendo a su gente”, expresó.
En contraste, informó que más de 90% de quienes acudieron al módulo instalado por su partido para alentar a la ciudadanía a participar en la consulta, se manifestaron en contra de la venta de los predios del malecón de Cancún, que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donó al ayuntamiento para la construcción del nuevo palacio municipal y de una gran alameda para los cancunenses.
La regidora Berenice Polanco declaró que desde el martes tuvo informes de que empleados de la comuna estaban siendo obligados a votar a favor de esa enajenación de bienes.
“Desde el martes supimos que se estaba coaccionando a trabajadores. Se nos dijo que a los sindicalizados se les amenazó con perder su base si no votaban a favor de la venta.
Al respecto, el dirigente estatal del PRD, Rafael Quintanar se unió a las descalificaciones de la consulta, al asegurar que ésta no reunió los requisitos formales para considerarse como tal.
La consulta pública realizada ayer para preguntar a la población si apoya la venta de terrenos ubicados en la zona del malecón de Cancún para pagar adeudos del gobierno municipal estuvo plagada de irregularidades, denunciaron grupos civiles, partidos políticos y regidores del propio ayuntamiento de Benito Juárez.
Acusaron que al ejercicio ciudadano convocado en el palacio municipal llegaron decenas de camiones de transporte público con habitantes acarreados, quienes traían ya respondidos sus formatos en favor del cambio de situación jurídica de bienes inmuebles públicos a privados de los tres predios que suman casi 5.4 hectáreas, para modificarles el uso del suelo y enajenarlos a favor del ayuntamiento de Benito Juárez.
Critican acarreo
El dirigente del PAN en Quintana Roo, Eduardo Martínez, criticó el “acarreo al más viejo estilo de la política del país”.
Dijo que atestiguó la llegada de transportes públicos a la avenida Náder (atrás del palacio municipal) y al parque de las Palapas, con gente participante en la consulta convocada por el gobierno de Gregorio Sánchez.
“Estas acciones traen una intención clara y los resultados no tendrán validez porque están viciados de origen. (…) El alcalde y el secretario del ayuntamiento (Lenin Zenteno), lejos de permitir que los ciudadanos se expresen libremente, recurren al más viejo estilo del acarreo de la política rancia de México, trayendo a su gente”, expresó.
En contraste, informó que más de 90% de quienes acudieron al módulo instalado por su partido para alentar a la ciudadanía a participar en la consulta, se manifestaron en contra de la venta de los predios del malecón de Cancún, que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donó al ayuntamiento para la construcción del nuevo palacio municipal y de una gran alameda para los cancunenses.
La regidora Berenice Polanco declaró que desde el martes tuvo informes de que empleados de la comuna estaban siendo obligados a votar a favor de esa enajenación de bienes.
“Desde el martes supimos que se estaba coaccionando a trabajadores. Se nos dijo que a los sindicalizados se les amenazó con perder su base si no votaban a favor de la venta.
Al respecto, el dirigente estatal del PRD, Rafael Quintanar se unió a las descalificaciones de la consulta, al asegurar que ésta no reunió los requisitos formales para considerarse como tal.
martes, 13 de octubre de 2009
Acusan que alcalde insiste en ecocidio.
Noticia:
La Asociación en Defensa del Ombligo Verde —uno de los dos últimos pulmones de Cancún— denunció que entre los terrenos que el presidente municipal Gregorio Sánchez Martínez pretende vender para pagar parte de la deuda pública, se ubican los predios que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donó al municipio para construir en ellos el nuevo palacio de gobierno y una alameda central en la privilegiada zona de Malecón Cancún.
Parte del dinero de esa venta será destinado para financiar la edificación de ese nuevo palacio, pero no en la zona de Malecón Cancún, sino en el Ombligo Verde, en donde el munícipe se ha empeñado en construir la Gran Plaza Bicentenario, una plancha de cemento que suplantará el área verde y de selva media, advirtió el presidente de la agrupación que defiende el sitio, Tulio Arroyo Marroquín.
“No es un secreto que en realidad el dinero lo quieren para construir esa obra faraónica inútil y tan publicitada con recursos del erario: el palacio municipal en el Ombligo Verde y la dizque Gran Plaza Bicentenario. También (quieren el dinero) para reforzar las ilegales campañas electorales y mediáticas que ha empezado el edil por todo el estado de Quintana Roo”, aseguró en conferencia de prensa.
El activista denunció que los recursos de esa venta podrían ser usados también para el pago del reciente embargo dictado por un juzgado en contra del ayuntamiento de Benito Juárez, por un adeudo que inició con 5 millones de pesos y se incrementó a 24 millones, añadió.
“El presidente municipal ya nos anunció que pretende solventar la pifia con la venta de más terrenos municipales. El pagaré fraudulento por 5 millones de pesos, contraído por otro gobierno municipal (el de Juan Ignacio García Zalvidea), pero que los gobiernos sucesivos incluido el de Gregorio Sánchez, no lo combatieron o no lo quisieron combatir, se transformó en una deuda de 24 millones, en lugar de cero, embargando bienes y cuentas de bancos municipales”.
El trío de terrenos del Malecón Cancún, cuyo monto oscila entre los 250 y 300 millones de pesos, fue donado por el Fonatur con un candado, que estriba en la imposibilidad de cambiarles el uso de suelo, que originalmente correspondía a equipamiento y parque urbano. La idea era que ahí se edificara el palacio municipal y una gran alameda para el disfrute de los residentes, principalmente, de acuerdo con el acta de donación publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Cambian situación jurídica
Sin embargo, el edil autorizó en sesión de cabildo —celebrada el 15 de mayo pasado— cambiar la situación jurídica de dichos predios, de bien público a privado y, posteriormente, el cambio de uso de suelo de equipamiento y parque urbano a comercial residencial, para después aprobar su enajenación y que los recursos provenientes de la venta se utilizaran para obra pública.
El 3 de junio en una sesión extraordinaria de cabildo, modificaron el acuerdo anterior, para cambiar el destino de los recursos y dirigirlos al pago de proveedores y no para obra pública.
La agrupación promovió un juicio para anular esos actos de autoridad y el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo les concedió la razón en cuanto a que el ayuntamiento de Benito Juárez violentó el procedimiento de ley para lograr la enajenación de los terrenos, así como cambiarles el uso de suelo, al omitir la celebración de una consulta pública.
Consulta fraudulenta
La comuna revocó, mediante otra sesión, lo aprobado originalmente, comprometiéndose a realizar la reunión ciudadana, que se realizará mañana.
Arroyo Marroquín afirmó que dicha consulta “es fraudulenta” y está “manipulada”, pues en los formatos y cuestionarios puestos a disposición de los participantes, se omite informar de los candados impuestos por el Fonatur; tampoco se indica que quieren vender los valiosos terrenos del Malecón Cancún, para financiar la Plaza Bicentenario, desaprobada por la comunidad.
“La consulta es una simulación para manipular a la población, a la que se pretende despojar de la última ventana pública a la laguna Nichupté dejada a la ciudad de Cancún, que son los terrenos de Malecón Cancún, para venderlos y que luego el alcalde diga que la sociedad se lo autorizó”, manifestó el activista.
La Asociación en Defensa del Ombligo Verde —uno de los dos últimos pulmones de Cancún— denunció que entre los terrenos que el presidente municipal Gregorio Sánchez Martínez pretende vender para pagar parte de la deuda pública, se ubican los predios que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donó al municipio para construir en ellos el nuevo palacio de gobierno y una alameda central en la privilegiada zona de Malecón Cancún.
Parte del dinero de esa venta será destinado para financiar la edificación de ese nuevo palacio, pero no en la zona de Malecón Cancún, sino en el Ombligo Verde, en donde el munícipe se ha empeñado en construir la Gran Plaza Bicentenario, una plancha de cemento que suplantará el área verde y de selva media, advirtió el presidente de la agrupación que defiende el sitio, Tulio Arroyo Marroquín.
“No es un secreto que en realidad el dinero lo quieren para construir esa obra faraónica inútil y tan publicitada con recursos del erario: el palacio municipal en el Ombligo Verde y la dizque Gran Plaza Bicentenario. También (quieren el dinero) para reforzar las ilegales campañas electorales y mediáticas que ha empezado el edil por todo el estado de Quintana Roo”, aseguró en conferencia de prensa.
El activista denunció que los recursos de esa venta podrían ser usados también para el pago del reciente embargo dictado por un juzgado en contra del ayuntamiento de Benito Juárez, por un adeudo que inició con 5 millones de pesos y se incrementó a 24 millones, añadió.
“El presidente municipal ya nos anunció que pretende solventar la pifia con la venta de más terrenos municipales. El pagaré fraudulento por 5 millones de pesos, contraído por otro gobierno municipal (el de Juan Ignacio García Zalvidea), pero que los gobiernos sucesivos incluido el de Gregorio Sánchez, no lo combatieron o no lo quisieron combatir, se transformó en una deuda de 24 millones, en lugar de cero, embargando bienes y cuentas de bancos municipales”.
El trío de terrenos del Malecón Cancún, cuyo monto oscila entre los 250 y 300 millones de pesos, fue donado por el Fonatur con un candado, que estriba en la imposibilidad de cambiarles el uso de suelo, que originalmente correspondía a equipamiento y parque urbano. La idea era que ahí se edificara el palacio municipal y una gran alameda para el disfrute de los residentes, principalmente, de acuerdo con el acta de donación publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Cambian situación jurídica
Sin embargo, el edil autorizó en sesión de cabildo —celebrada el 15 de mayo pasado— cambiar la situación jurídica de dichos predios, de bien público a privado y, posteriormente, el cambio de uso de suelo de equipamiento y parque urbano a comercial residencial, para después aprobar su enajenación y que los recursos provenientes de la venta se utilizaran para obra pública.
El 3 de junio en una sesión extraordinaria de cabildo, modificaron el acuerdo anterior, para cambiar el destino de los recursos y dirigirlos al pago de proveedores y no para obra pública.
La agrupación promovió un juicio para anular esos actos de autoridad y el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo les concedió la razón en cuanto a que el ayuntamiento de Benito Juárez violentó el procedimiento de ley para lograr la enajenación de los terrenos, así como cambiarles el uso de suelo, al omitir la celebración de una consulta pública.
Consulta fraudulenta
La comuna revocó, mediante otra sesión, lo aprobado originalmente, comprometiéndose a realizar la reunión ciudadana, que se realizará mañana.
Arroyo Marroquín afirmó que dicha consulta “es fraudulenta” y está “manipulada”, pues en los formatos y cuestionarios puestos a disposición de los participantes, se omite informar de los candados impuestos por el Fonatur; tampoco se indica que quieren vender los valiosos terrenos del Malecón Cancún, para financiar la Plaza Bicentenario, desaprobada por la comunidad.
“La consulta es una simulación para manipular a la población, a la que se pretende despojar de la última ventana pública a la laguna Nichupté dejada a la ciudad de Cancún, que son los terrenos de Malecón Cancún, para venderlos y que luego el alcalde diga que la sociedad se lo autorizó”, manifestó el activista.
viernes, 18 de septiembre de 2009
Congreso autoriza deuda por 229 mdp para Cancún.
Noticia:
Autoriza el Congreso del estado de Quintana Roo una línea de crédito para obra pública por 229 millones 656 mil pesos al edil de Benito Juárez —Cancún—, Gregorio Sánchez Martínez. Con dicho préstamo, la deuda del ayuntamiento crecerá a más de mil millones de pesos.
Con 22 votos a favor del PRI, PRD, PAN, PT y PVEM, se autorizó al ayuntamiento perredista contratar este crédito, pero sin el aval del gobierno del estado. El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado verde-ecologista Geovanni Gamboa Vela, votó en contra de esta iniciativa y argumentó que el ayuntamiento no sustentó con documentos la garantía para pagar este empréstito.
Otros dos diputados también votaron en contra, el panista José Hadad Estéfano y William Souza, legislador independiente.
La administración del alcalde Sánchez heredó de sus antecesores una deuda por 500 millones de pesos, en promedio, pero luego solicitó un crédito por 300 millones para contingencias económicas, del cual ha tomado casi la mitad para encarar el pago de la nómina, pues la crisis ha provocado la caída de la recaudación.
Además de esos 800 millones de pesos de deuda, su gobierno pidió otros 230 millones de pesos para solventar los trabajos de recuperación de playas de Cancún. A esa cifra se le añaden otros adeudos, a decir del diputado Gamboa, quien se opuso de inicio a la aprobación del crédito.
La solicitud del dinero se justificó por la necesidad de efectuar obra pública, lo que incluía originalmente recursos para la construcción del nuevo palacio municipal y de la Plaza Bicentenario, en uno de los últimos pulmones de la ciudad, “Ombligo Verde”.
Dicho proyecto motivó un fuerte rechazo de la comunidad y de los vecinos de la zona, que criticaron no sólo la destrucción de la vegetación de selva en el sitio y la expulsión de fauna silvestre, sino el endeudamiento para obras no necesarias.
En un primer momento, los legisladores rechazaron aprobar el crédito, bajo el argumento de que no se había entregado suficiente información para garantizar la solvencia del gobierno; también, por la inclusión de la Plaza Bicentenario y del nuevo palacio municipal de Benito Juárez.
Autoriza el Congreso del estado de Quintana Roo una línea de crédito para obra pública por 229 millones 656 mil pesos al edil de Benito Juárez —Cancún—, Gregorio Sánchez Martínez. Con dicho préstamo, la deuda del ayuntamiento crecerá a más de mil millones de pesos.
Con 22 votos a favor del PRI, PRD, PAN, PT y PVEM, se autorizó al ayuntamiento perredista contratar este crédito, pero sin el aval del gobierno del estado. El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el diputado verde-ecologista Geovanni Gamboa Vela, votó en contra de esta iniciativa y argumentó que el ayuntamiento no sustentó con documentos la garantía para pagar este empréstito.
Otros dos diputados también votaron en contra, el panista José Hadad Estéfano y William Souza, legislador independiente.
La administración del alcalde Sánchez heredó de sus antecesores una deuda por 500 millones de pesos, en promedio, pero luego solicitó un crédito por 300 millones para contingencias económicas, del cual ha tomado casi la mitad para encarar el pago de la nómina, pues la crisis ha provocado la caída de la recaudación.
Además de esos 800 millones de pesos de deuda, su gobierno pidió otros 230 millones de pesos para solventar los trabajos de recuperación de playas de Cancún. A esa cifra se le añaden otros adeudos, a decir del diputado Gamboa, quien se opuso de inicio a la aprobación del crédito.
La solicitud del dinero se justificó por la necesidad de efectuar obra pública, lo que incluía originalmente recursos para la construcción del nuevo palacio municipal y de la Plaza Bicentenario, en uno de los últimos pulmones de la ciudad, “Ombligo Verde”.
Dicho proyecto motivó un fuerte rechazo de la comunidad y de los vecinos de la zona, que criticaron no sólo la destrucción de la vegetación de selva en el sitio y la expulsión de fauna silvestre, sino el endeudamiento para obras no necesarias.
En un primer momento, los legisladores rechazaron aprobar el crédito, bajo el argumento de que no se había entregado suficiente información para garantizar la solvencia del gobierno; también, por la inclusión de la Plaza Bicentenario y del nuevo palacio municipal de Benito Juárez.
lunes, 3 de agosto de 2009
Cancún, en riesgo de colapso por obras.
Noticia:
Más allá del debate que propone una moratoria en la edificación de nuevos cuartos en la zona turística de Cancún, la construcción de nuevos desarrollos habrá de parar, determinó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Esto luego de los resultados de un programa que concluyó que este centro turístico rebasó en casi 7 mil habitaciones, el número de llaves con las que legalmente podía operar, de acuerdo con los instrumentos de planeación urbana y de política ambiental, aquí aplicables.
Cancún, el primer centro turísticamente planeado de México, se diseñó para funcionar con 22 mil cuartos, según el Plan Maestro del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); esta cifra fue modificada en 1993, cuando se elaboró el Programa Director de Desarrollo Urbano, que estableció un tope de 30 mil 990 habitaciones, lo cual fue actualizado en la versión de dicho instrumento de planeación urbana, en 2005.
Hoy, este destino de sol y playa, posee 37 mil 950 cuartos hoteleros, condominales y residenciales, lo que significa casi 7 mil habitaciones de más, lo que no sólo implica el riesgo de un colapso en su infraestructura de servicios, sino impactos negativos en sus recursos naturales y la violación tanto al Plan Maestro de Cancún, como al Programa de Desarrollo Urbano y al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, vigentes.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el procurador federal, Patricio Patrón Laviada, informó que las conclusiones de éste, el llamado operativo Cuenta Cuartos, se entregaron ya al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Elvira Quezada, para detener la autorización en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo forestal, de cualquier nueva construcción en este centro turístico pues esto sería ilegal.
“También se dará instrucción al gobierno federal de que la ley ya no permite construir más cuartos en Cancún que, de hecho, fue rebasado lo que legalmente se permitía. Se le informará también al estado y al municipio (Benito Juárez), de esta situación para que tomen las medidas pertinentes. (…) La ley ya no permite construir más cuartos”, advirtió.
Para este programa, iniciado a principios de este año en la zona turística —ubicada en la denominada Unidad de Gestión Ambiental 09 (UGA 09)— inspectores de la dependencia, encabezados por el director de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, Raziel Villegas, realizaron 138 visitas a centros de hospedaje, villas y condominios. Una primera etapa abarcó del 26 al 30 de enero, con las primeras 84 visitas a hoteles, principalmente; la segunda fase, del 30 de marzo al 2 de abril se centró en villas y condominios, con 54 visitas.
Legalmente ya no hay cupo
El objetivo, además de conocer la cantidad real de habitaciones que operan en Cancún, fue el aportar información a las instituciones y autoridades competentes, de los tres órdenes de gobierno, pero principalmente a la sociedad, para decidir el futuro de este centro turístico, indicó Patrón Laviada.
Cuestionado sobre las voces emanadas de la academia local y recientemente del director general del Fonatur, Miguel Gómez Mont, quien se pronunció en favor de una moratoria e incluso de la demolición de aquellos hoteles que lograron sobredensificarse mediante “trampas” e “ilegalidades”, el procurador ambiental insistió en que no hay discusión, pues, legalmente, ya no se puede seguir construyendo y habría que proceder contra quienes emitieron permisos para permitir ese excedente.
“Legalmente no se pueden construir más cuartos, ya está rebasado. De hecho, hay una ilegalidad en que se hayan dado más permisos”, manifestó. En cuanto a contra quién o quiénes se tendría que proceder por emitir autorizaciones que rebasaron el umbral con que se planeó Cancún, respondió que la Profepa “está asumiendo su responsabilidad”.
Sin embargo, entre los responsables está, principalmente, el gobierno municipal, encargado de autorizar los cambios de usos del suelo para permitir el excedente de habitaciones y niveles en alturas de hoteles y condominios, así como las licencias de construcción.
También está la Semarnat, encargada de autorizar en materia de impacto ambiental, los desarrollos que son sometidos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
Más allá del debate que propone una moratoria en la edificación de nuevos cuartos en la zona turística de Cancún, la construcción de nuevos desarrollos habrá de parar, determinó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Esto luego de los resultados de un programa que concluyó que este centro turístico rebasó en casi 7 mil habitaciones, el número de llaves con las que legalmente podía operar, de acuerdo con los instrumentos de planeación urbana y de política ambiental, aquí aplicables.
Cancún, el primer centro turísticamente planeado de México, se diseñó para funcionar con 22 mil cuartos, según el Plan Maestro del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); esta cifra fue modificada en 1993, cuando se elaboró el Programa Director de Desarrollo Urbano, que estableció un tope de 30 mil 990 habitaciones, lo cual fue actualizado en la versión de dicho instrumento de planeación urbana, en 2005.
Hoy, este destino de sol y playa, posee 37 mil 950 cuartos hoteleros, condominales y residenciales, lo que significa casi 7 mil habitaciones de más, lo que no sólo implica el riesgo de un colapso en su infraestructura de servicios, sino impactos negativos en sus recursos naturales y la violación tanto al Plan Maestro de Cancún, como al Programa de Desarrollo Urbano y al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, vigentes.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el procurador federal, Patricio Patrón Laviada, informó que las conclusiones de éste, el llamado operativo Cuenta Cuartos, se entregaron ya al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Elvira Quezada, para detener la autorización en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo forestal, de cualquier nueva construcción en este centro turístico pues esto sería ilegal.
“También se dará instrucción al gobierno federal de que la ley ya no permite construir más cuartos en Cancún que, de hecho, fue rebasado lo que legalmente se permitía. Se le informará también al estado y al municipio (Benito Juárez), de esta situación para que tomen las medidas pertinentes. (…) La ley ya no permite construir más cuartos”, advirtió.
Para este programa, iniciado a principios de este año en la zona turística —ubicada en la denominada Unidad de Gestión Ambiental 09 (UGA 09)— inspectores de la dependencia, encabezados por el director de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, Raziel Villegas, realizaron 138 visitas a centros de hospedaje, villas y condominios. Una primera etapa abarcó del 26 al 30 de enero, con las primeras 84 visitas a hoteles, principalmente; la segunda fase, del 30 de marzo al 2 de abril se centró en villas y condominios, con 54 visitas.
Legalmente ya no hay cupo
El objetivo, además de conocer la cantidad real de habitaciones que operan en Cancún, fue el aportar información a las instituciones y autoridades competentes, de los tres órdenes de gobierno, pero principalmente a la sociedad, para decidir el futuro de este centro turístico, indicó Patrón Laviada.
Cuestionado sobre las voces emanadas de la academia local y recientemente del director general del Fonatur, Miguel Gómez Mont, quien se pronunció en favor de una moratoria e incluso de la demolición de aquellos hoteles que lograron sobredensificarse mediante “trampas” e “ilegalidades”, el procurador ambiental insistió en que no hay discusión, pues, legalmente, ya no se puede seguir construyendo y habría que proceder contra quienes emitieron permisos para permitir ese excedente.
“Legalmente no se pueden construir más cuartos, ya está rebasado. De hecho, hay una ilegalidad en que se hayan dado más permisos”, manifestó. En cuanto a contra quién o quiénes se tendría que proceder por emitir autorizaciones que rebasaron el umbral con que se planeó Cancún, respondió que la Profepa “está asumiendo su responsabilidad”.
Sin embargo, entre los responsables está, principalmente, el gobierno municipal, encargado de autorizar los cambios de usos del suelo para permitir el excedente de habitaciones y niveles en alturas de hoteles y condominios, así como las licencias de construcción.
También está la Semarnat, encargada de autorizar en materia de impacto ambiental, los desarrollos que son sometidos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
viernes, 31 de julio de 2009
Clausuran el rellenode playa en Cancún.
Noticia:
El relleno de playas que ilegalmente desarrolló desde hace un año el empresario Fernando García Zalvidea en sus hoteles Gran Caribe Real y The Royal, en la zona hotelera de Cancún, fue clausurado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañado de agentes de la Policía Federal e infantes de la Secretaría de Marina.
Como resultado de un operativo para verificar el cumplimiento de las dos clausuras aplicadas previamente por la delegación de la Profepa en Quintana Roo, personal de la Dirección de Impacto Ambiental y Zona Federal de la misma dependencia descubrió que trabajadores de los mencionados hoteles movilizaban arena sin permiso en el frente de la playa de este sitio, lo que constituye una violación a las clausuras.
Hallan cableado peligroso
Ante ello, se ordenó suspender el relleno ilegal de arena en las playas de ambos hoteles propiedad de Fernando García Zalvidea y se aseguró la maquinaria que se encontraba frente a las instalaciones turísticas.
Además, durante la supervisión realizada se descubrió que bajo la arena había cableado que suministra la energía eléctrica para hacer funcionar las dragas, lo cual implica un riesgo para los bañistas, agregó el director de Impacto y Zona Federal de la Profepa, Raziel Villegas.
Al respecto, el funcionario informó que durante el operativo apoyado también por personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fueron detenidos cinco trabajadores, quienes se encontraban a cargo de la movilización y el dragado de la arena.
Los empleados fueron aprehendidos por agentes federales, quienes los turnaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), por delitos ambientales en flagrancia.
Dijo que el hotel está impedido para usar la playa, a la que llamó “relleno ilegal” al generar terrenos ganados al mar sin la autorización en materia de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fuerza innecesaria
La incursión de las dependencias causó expectación entre los turistas alojados en los mencionados centros de hospedaje.
Algunos manifestaron su molestia, ya que si bien aplaudieron la aplicación de la ley, consideraron que la presencia de elementos con armas largas resultaba intimidante e innecesario.
El relleno de playas que ilegalmente desarrolló desde hace un año el empresario Fernando García Zalvidea en sus hoteles Gran Caribe Real y The Royal, en la zona hotelera de Cancún, fue clausurado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañado de agentes de la Policía Federal e infantes de la Secretaría de Marina.
Como resultado de un operativo para verificar el cumplimiento de las dos clausuras aplicadas previamente por la delegación de la Profepa en Quintana Roo, personal de la Dirección de Impacto Ambiental y Zona Federal de la misma dependencia descubrió que trabajadores de los mencionados hoteles movilizaban arena sin permiso en el frente de la playa de este sitio, lo que constituye una violación a las clausuras.
Hallan cableado peligroso
Ante ello, se ordenó suspender el relleno ilegal de arena en las playas de ambos hoteles propiedad de Fernando García Zalvidea y se aseguró la maquinaria que se encontraba frente a las instalaciones turísticas.
Además, durante la supervisión realizada se descubrió que bajo la arena había cableado que suministra la energía eléctrica para hacer funcionar las dragas, lo cual implica un riesgo para los bañistas, agregó el director de Impacto y Zona Federal de la Profepa, Raziel Villegas.
Al respecto, el funcionario informó que durante el operativo apoyado también por personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fueron detenidos cinco trabajadores, quienes se encontraban a cargo de la movilización y el dragado de la arena.
Los empleados fueron aprehendidos por agentes federales, quienes los turnaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), por delitos ambientales en flagrancia.
Dijo que el hotel está impedido para usar la playa, a la que llamó “relleno ilegal” al generar terrenos ganados al mar sin la autorización en materia de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fuerza innecesaria
La incursión de las dependencias causó expectación entre los turistas alojados en los mencionados centros de hospedaje.
Algunos manifestaron su molestia, ya que si bien aplaudieron la aplicación de la ley, consideraron que la presencia de elementos con armas largas resultaba intimidante e innecesario.
lunes, 13 de julio de 2009
Cancún: repudian nuevos proyectos.
Noticia:
Las irregularidades cometidas para autorizar un hotel de ocho niveles y una plaza comercial en Cancún, y la insistencia del alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez, por acabar con uno de los dos últimos pulmones de la ciudad, a fin de edificar un nuevo palacio municipal y una Plaza Bicentenario —para lo que ya hubo un primer cambio de uso de suelo—, motivaron a los pobladores a salir a las calles en protesta pacífica, denominada Marcha por un Cancún Verde.
Al clamor ciudadano se sumó el temor de residentes de la zona turística, a que el gobierno municipal otorgue el cambio de uso de suelo para la construcción de un megaproyecto condominal que suplante el campo de golf de Pok Ta Pok, pese a que el edil lanzó desde el viernes pasado una campaña mediática asegurando que no habrá tal modificación.
Bajo la consigna de “No a la destrucción de las áreas verdes urbanas”, “No al palacio municipal en el ombligo verde”, “No al cambio de uso del suelo en Pok Ta Pok” y “No a los cambios de uso del suelo de las supermanzanas 11, 15, 17 y 518”, integrantes de los comités vecinales de 11 supermanzanas localizadas en la ciudad, dos regiones populares y un fraccionamiento asentado en la zona hotelera de Cancún, salieron del ex parque de las Palapas, hacia el palacio de gobierno.
El descontento social ha crecido a raíz de que el ayuntamiento, invocando el artículo 115 constitucional que le da autonomía para decidir en planeación urbana, ha violentado los procedimientos enmarcados en la Ley de Asentamientos Humanos, para autorizar cambios de uso de suelo en el municipio.
Uno de los casos más graves es el de las supermanzanas 33 y 34, en donde se aprobó la permuta de terrenos de la Prelatura Cancún, como parte de su proyecto para ampliar la catedral, y se modificó el uso del suelo para abrir paso al proyecto del edil, bautizado como Plaza Bicentenario, rechazado por la comunidad, indicó la bióloga Martha Abúndez.
Las irregularidades cometidas para autorizar un hotel de ocho niveles y una plaza comercial en Cancún, y la insistencia del alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez, por acabar con uno de los dos últimos pulmones de la ciudad, a fin de edificar un nuevo palacio municipal y una Plaza Bicentenario —para lo que ya hubo un primer cambio de uso de suelo—, motivaron a los pobladores a salir a las calles en protesta pacífica, denominada Marcha por un Cancún Verde.
Al clamor ciudadano se sumó el temor de residentes de la zona turística, a que el gobierno municipal otorgue el cambio de uso de suelo para la construcción de un megaproyecto condominal que suplante el campo de golf de Pok Ta Pok, pese a que el edil lanzó desde el viernes pasado una campaña mediática asegurando que no habrá tal modificación.
Bajo la consigna de “No a la destrucción de las áreas verdes urbanas”, “No al palacio municipal en el ombligo verde”, “No al cambio de uso del suelo en Pok Ta Pok” y “No a los cambios de uso del suelo de las supermanzanas 11, 15, 17 y 518”, integrantes de los comités vecinales de 11 supermanzanas localizadas en la ciudad, dos regiones populares y un fraccionamiento asentado en la zona hotelera de Cancún, salieron del ex parque de las Palapas, hacia el palacio de gobierno.
El descontento social ha crecido a raíz de que el ayuntamiento, invocando el artículo 115 constitucional que le da autonomía para decidir en planeación urbana, ha violentado los procedimientos enmarcados en la Ley de Asentamientos Humanos, para autorizar cambios de uso de suelo en el municipio.
Uno de los casos más graves es el de las supermanzanas 33 y 34, en donde se aprobó la permuta de terrenos de la Prelatura Cancún, como parte de su proyecto para ampliar la catedral, y se modificó el uso del suelo para abrir paso al proyecto del edil, bautizado como Plaza Bicentenario, rechazado por la comunidad, indicó la bióloga Martha Abúndez.
viernes, 22 de mayo de 2009
Megaobra amenaza a Cancún.
Noticia:
El proyecto para construir cinco torres de 30 pisos en un predio de 57 hectáreas, donde se ubica actualmente el primer campo de golf construido en este destino turístico, amenaza la viabilidad de la zona hotelera y ha unido a residentes para impedir el megadesarrollo.
De la obra, impulsada por empresarios del sureste y por un inversionista estadounidense acusado de fraude en su país, ninguna autoridad municipal, estatal o federal ha querido establecer nexos. A los involucrados parece no importarles la cláusula que impide el cambio de uso de suelo del predio.
El ex alcalde Carlos Cardín denunció que el empresario Emilio Loret de Mola Gómory compró el campo de golf, junto con Emilio Gamboa García, de Delta Gas; los dueños de gasolineras Ricardo Vega y Antonio Karam, y la familia Mouriño, de Grupo Energético del Sureste.
Comentario:
¿En dónde esta la Semarnat y otras autoridades que se supone deben cuidar el medio ambiente y el ecosistema?
El proyecto para construir cinco torres de 30 pisos en un predio de 57 hectáreas, donde se ubica actualmente el primer campo de golf construido en este destino turístico, amenaza la viabilidad de la zona hotelera y ha unido a residentes para impedir el megadesarrollo.
De la obra, impulsada por empresarios del sureste y por un inversionista estadounidense acusado de fraude en su país, ninguna autoridad municipal, estatal o federal ha querido establecer nexos. A los involucrados parece no importarles la cláusula que impide el cambio de uso de suelo del predio.
El ex alcalde Carlos Cardín denunció que el empresario Emilio Loret de Mola Gómory compró el campo de golf, junto con Emilio Gamboa García, de Delta Gas; los dueños de gasolineras Ricardo Vega y Antonio Karam, y la familia Mouriño, de Grupo Energético del Sureste.
Comentario:
¿En dónde esta la Semarnat y otras autoridades que se supone deben cuidar el medio ambiente y el ecosistema?
viernes, 1 de mayo de 2009
Cancún enfrenta su peor crisis.
Noticia:
Los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la epidemia de influenza impactaron en Cancún, el destino turístico más importante del país y del Caribe, que ahora enfrenta una de la crisis más agudas, al reportar cancelaciones de vuelos procedentes de Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Reino Unido.
Autoridades federales, locales y empresarios admitieron que los efectos en la economía, no sólo de este destino de playa, sino del estado en general, serán severos.
El secretario de Turismo (Sectur), Rodolfo Elizondo, quien encabezó aquí una reunión de trabajo con autoridades y empresarios del estado, reconoció que para el Caribe mexicano, los daños de la emergencia sanitaria serán elevados durante este largo puente, porque de manera regular, en los centros turísticos de Cancún y la Rivera Maya, se espera el arribo masivo del turismo nacional.
Sin embargo, el funcionario federal consideró que “tampoco hay que ser pesimistas, todavía este fin de semana ustedes tendrán la oportunidad de atender a muchos turistas nacionales y vamos a ver qué pasa”.
Pasado el “puente”, la historia será otra, ya que el gobernador Félix González Canto auguró afectaciones severas a la economía de local, pues 90% del turismo que llega a la entidad es de origen extranjero y las cancelaciones se han dado en países donde se ha recomendado no viajar a México.
“Vamos a ver en los siguientes días una situación muy severa en la actividad económica de Quintana Roo”, dijo González Canto tras aclarar que la masiva salida de turistas extranjeros reportada en los últimos días en el aeropuerto de Cancún, se debe a que concluyeron los paquetes turísticos y no por desalojos de emergencia. Sin embargo, admitió que 20% de esos turistas lo hicieron de manera anticipada.
“La mayor parte de los paquetes de viajes de turistas para Quintana Roo tienen duración de una semana. La mayoría llegó el fin de semana pasado y les toca irse ya”, añadió.
Indicó que los aviones de las líneas europeas que vienen de España, Alemania e Inglaterra, llegan vacíos a Cancún.
“En el caso de las aerolíneas estadounidenses, hay una recomendación por parte del gobierno de Estados Unidos para no viajar a menos que sea necesario. Los directivos de los más de 100 hoteles que operan han pasado del nerviosismo a la angustia.
Comentario:
La única alternativa que se tiene es tomarlo con calma.
Los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la epidemia de influenza impactaron en Cancún, el destino turístico más importante del país y del Caribe, que ahora enfrenta una de la crisis más agudas, al reportar cancelaciones de vuelos procedentes de Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Reino Unido.
Autoridades federales, locales y empresarios admitieron que los efectos en la economía, no sólo de este destino de playa, sino del estado en general, serán severos.
El secretario de Turismo (Sectur), Rodolfo Elizondo, quien encabezó aquí una reunión de trabajo con autoridades y empresarios del estado, reconoció que para el Caribe mexicano, los daños de la emergencia sanitaria serán elevados durante este largo puente, porque de manera regular, en los centros turísticos de Cancún y la Rivera Maya, se espera el arribo masivo del turismo nacional.
Sin embargo, el funcionario federal consideró que “tampoco hay que ser pesimistas, todavía este fin de semana ustedes tendrán la oportunidad de atender a muchos turistas nacionales y vamos a ver qué pasa”.
Pasado el “puente”, la historia será otra, ya que el gobernador Félix González Canto auguró afectaciones severas a la economía de local, pues 90% del turismo que llega a la entidad es de origen extranjero y las cancelaciones se han dado en países donde se ha recomendado no viajar a México.
“Vamos a ver en los siguientes días una situación muy severa en la actividad económica de Quintana Roo”, dijo González Canto tras aclarar que la masiva salida de turistas extranjeros reportada en los últimos días en el aeropuerto de Cancún, se debe a que concluyeron los paquetes turísticos y no por desalojos de emergencia. Sin embargo, admitió que 20% de esos turistas lo hicieron de manera anticipada.
“La mayor parte de los paquetes de viajes de turistas para Quintana Roo tienen duración de una semana. La mayoría llegó el fin de semana pasado y les toca irse ya”, añadió.
Indicó que los aviones de las líneas europeas que vienen de España, Alemania e Inglaterra, llegan vacíos a Cancún.
“En el caso de las aerolíneas estadounidenses, hay una recomendación por parte del gobierno de Estados Unidos para no viajar a menos que sea necesario. Los directivos de los más de 100 hoteles que operan han pasado del nerviosismo a la angustia.
Comentario:
La única alternativa que se tiene es tomarlo con calma.
jueves, 22 de enero de 2009
Reprueban plan urbano en zona sur de Cancún.
Noticia:
Ante la inminente aprobación del Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos (PDU), la comunidad de dicha delegación, ubicada al sur de Cancún, solicitarán el apoyo del presidente Felipe Calderón y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para promover una controversia constitucional en contra del gobierno municipal, encabezado por Gregorio Sánchez.
La discusión y aprobación de la actualización de dicho instrumento de planeación, vigente desde 1998, estaba marcada en el orden del día de la sesión que el cabildo sostendría la tarde de ayer, que de último momento se suspendió.
“Estamos pensando en recurrir al presidente Calderón y a la Semarnat para que si aprueban el PDU, promuevan una controversia constitucional”, dijo Blanca Hernández, residente de Puerto Morelos.
La medida dejaría en suspenso la aplicación del PDU, en tanto se resolviese el juicio promovido por la Presidencia de la República, a través de la dependencia federal y es una de las pocas alternativas que poseen los pobladores, quienes advierten que es el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, quien se encuentra detrás de la presión ejercida sobre el gobierno municipal, debido a la riqueza de la zona y su futuro prometedor.
La propuesta de actualización mencionada pretende añadir 739 hectáreas más a las 5 mil 39.79 hectáreas que actualmente posee la mancha urbana, por lo que la superficie de aplicación del plan será de 5 mil 779.49 hectáreas, que inician de Punta Tanchacté hasta Punta Brava, en línea recta, es decir, de donde termina Cancún hacia donde inicia el corredor conocido como la Riviera Maya.
Además, el escenario marcado para los próximos 15 años estima que se habrán incorporado 2 mil 650 hectáreas más y que para entonces habrá más de 150 mil habitantes en dicho polígono que se divide en dos: La zona costera o del puerto y la zona urbana integrada principalmente por la colonia Cetina Gazca.
Comentario:
Pues es muy importante que intervengan otras autoridades, como las federales, para que den su opinión sobre el asunto en cuestión. Tradicionalmente, el crecimiento de las ciudades en este país ha sido de manera caótica y sin el mínimo respeto por el medio ambiente. Esta situación ya tiene que cambiar.
Ante la inminente aprobación del Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos (PDU), la comunidad de dicha delegación, ubicada al sur de Cancún, solicitarán el apoyo del presidente Felipe Calderón y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para promover una controversia constitucional en contra del gobierno municipal, encabezado por Gregorio Sánchez.
La discusión y aprobación de la actualización de dicho instrumento de planeación, vigente desde 1998, estaba marcada en el orden del día de la sesión que el cabildo sostendría la tarde de ayer, que de último momento se suspendió.
“Estamos pensando en recurrir al presidente Calderón y a la Semarnat para que si aprueban el PDU, promuevan una controversia constitucional”, dijo Blanca Hernández, residente de Puerto Morelos.
La medida dejaría en suspenso la aplicación del PDU, en tanto se resolviese el juicio promovido por la Presidencia de la República, a través de la dependencia federal y es una de las pocas alternativas que poseen los pobladores, quienes advierten que es el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, quien se encuentra detrás de la presión ejercida sobre el gobierno municipal, debido a la riqueza de la zona y su futuro prometedor.
La propuesta de actualización mencionada pretende añadir 739 hectáreas más a las 5 mil 39.79 hectáreas que actualmente posee la mancha urbana, por lo que la superficie de aplicación del plan será de 5 mil 779.49 hectáreas, que inician de Punta Tanchacté hasta Punta Brava, en línea recta, es decir, de donde termina Cancún hacia donde inicia el corredor conocido como la Riviera Maya.
Además, el escenario marcado para los próximos 15 años estima que se habrán incorporado 2 mil 650 hectáreas más y que para entonces habrá más de 150 mil habitantes en dicho polígono que se divide en dos: La zona costera o del puerto y la zona urbana integrada principalmente por la colonia Cetina Gazca.
Comentario:
Pues es muy importante que intervengan otras autoridades, como las federales, para que den su opinión sobre el asunto en cuestión. Tradicionalmente, el crecimiento de las ciudades en este país ha sido de manera caótica y sin el mínimo respeto por el medio ambiente. Esta situación ya tiene que cambiar.
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