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La Secretaría de la Función Pública encontró errores en la licitación para construir la presa El Zapotillo, por lo que determinó anular el fallo que favoreció a un consorcio integrado por dos empresas de Carlos Hank Rhon y la compañía española FCC Construcción.
El pasado 7 de enero la dependencia informó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la decisión, y solicitó la “realización de un nuevo fallo”.
Dos de las empresas que participaron en la convocatoria se inconformaron ante la Función Pública por “irregularidades” en el fallo de la Conagua.
En octubre de 2009 este diario dio a conocer que el ganador de la licitación presentó un presupuesto de 2 mil 194 millones de pesos, a pesar de que las empresas que se inconformaron por la asignación ofrecieron presupuestos hasta 40% más bajos.
El consorcio formado por Cota, Vise e Infrocsa presentó una propuesta de mil 572 millones de pesos, mientras que ICA solicitó mil 952 millones por realizar el diseño y construcción del embalse .
La Función Pública consideró fundada la inconformidad de ICA, ya que se encontraron errores en el acta que se levantó el 14 de septiembre de 2009.
Conagua citó para hoy martes a las empresas que participaron en la licitación al “acto en el que se repondrá el fallo”. Después de la nueva decisión se abrirá un periodo legal para que los interesados que así lo consideren presenten impugnaciones al proceso.
El proyecto, a realizarse en la zona de los Altos de Jalisco, enfrenta el rechazo de las tres comunidades que desaparecerán para que se realice la obra.
Para Marco Von Bortel, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), la anulación del fallo de la licitación “muestra la falta de sanidad legal y normativa que el gobierno de Jalisco y el Federal han tenido en el proyecto”. El organismo asesora legalmente a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los cuales tendrán que ser reubicados.
Von Bortel asegura que la construcción ya comenzó, a pesar de que el municipio de Cañadas de Obregón no aprobó el cambio de uso de suelo. “Esta es una muestra más de las irregularidades, por ello pedimos a la Función Pública que revise todo el proceso legal”. El caso se presentó también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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