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El pleno del Senado aprobó una reforma Constitucional con el fin de impulsar las “acciones colectivas” en el país.
El dictamen, apoyado por el senador del PRI Jesús Murillo Karam, establece que las “acciones colectivas” tienen como objeto hacer eficaces los derechos de grupo, es decir, cuando sus miembros individualmente serían incapaces de emplazar a su adversario a juicio.
De esta forma, los alcances de un fallo serán válidos para un grupo de personas que se encuentren en la misma situación que el inconforme que se querelló contra alguna institución.
El senador Murillo explicó: “Por ejemplo, a algunos maestros no los dejan sacar menos fracciones de 50 pesos de sus cuentas bancarias donde les depositan sus sueldos, pues para el banco 50 pesos puede no ser nada, pero para el maestro puede significar la comida de dos días, o de tres días, bueno, pues con una acción colectiva podría obligar al banco a darle las fracciones que requiere”
El decreto fue aprobado ayer, en la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones, por 92 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.
De esta forma, se adicionó el artículo 17 de la Constitución Política, y pasará a la Cámara de Diputados para seguir con el proceso legislativo.
El propósito de la reforma —conocida como derechos de última generación— es no sólo reparar el daño que se le ha conferido al actor, sino a todos los miembros del grupo.
Murillo Karam reconoció que no es una iniciativa de ley como tal, sino el paso previo a una futura iniciativa de ley que aterrice precisamente la posibilidad de ejercer “acciones colectivas” para los mexicanos. La reforma abre la posibilidad de facilitar el acceso a la justicia a un grupo mediante la acumulación en un solo procedimiento de reclamaciones individuales; es decir, si alguien se querella contra alguna institución financiera, la resolución permitirá abarcar a todos los afectados.
La iniciativa fue presentada el 7 de febrero de 2008 por el senador priísta bajo el argumento de que desde hace algún tiempo, el sistema jurídico mexicano ha incorporado, en un proceso inacabado de los derechos fundamentales denominados de primera, de segunda y de tercera generación.
La reforma de ley plantea rediseñar a las instituciones jurídicas que por mucho tiempo han regulado la materia con rumbo hacia el establecimiento de herramientas y mecanismos que permitan a los individuos y a los grupos de individuos hacer valer sus derechos en una forma que resulte menos costosa, expedita y eficiente.
“Las acciones colectivas tienen como objeto hacer eficaces los derechos de grupo, cuando sus miembros individualmente serían incapaces de emplazar a su adversario a juicio. Su propósito no es sólo reparar el daño que se le ha conferido al actor sino a todos los miembros del grupo. Constituyen un mecanismo eficaz para combatir las conductas antisociales”.
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