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En la primera condena contra México por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado mexicano de un triple crimen de mexicanas que se registró en 2001 en esa región del norte del país, y le impuso sanciones legales, morales y económicas, informó ayer el máximo tribunal continental de justicia.
La CIDH determinó que los homicidios en Juárez “son alarmantes” y que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, incumplió su deber de investigar para garantizarlos, y violó la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas, que fueron acosados por agentes.
El Estado debe pagar más de 847 mil dólares por indemnizaciones, lucro cesante, costas, gastos y otras reparaciones a las familias de las víctimas.
El gobierno fue acusado por los homicidios, en septiembre y octubre de 2001, de las niñas Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y de Claudia Ivette González, de 20, víctimas de la cadena de secuestro, violación, tortura y asesinato contra centenares de mexicanas que ha sacudido a Ciudad Juárez.
La sentencia data del 16 de noviembre pasado, pero fue difundida ayer.
Las cifras negras
La Corte, ente de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, reconoció que México “realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional”, pero no demostró haber adoptado “las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos, para encontrar a las víctimas con vida”.
No existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Juárez desde 1993, aunque las cifras oscilan entre 260 y 442 casos.
La sentencia recordó que representantes de las tres víctimas dijeron que el tema de género es común denominador de la violencia en Juárez, y que “niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres”.
México atribuyó los homicidios a causas y patrones criminales diversos, pero “influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”.
La Corte sentenció que el Estado deberá remover los obstáculos que impidan indagar los tres casos, y le ordenó levantar —en un plazo de un año— un monumento en memoria de las víctimas de homicidio y crear una página web que “deberá actualizarse permanentemente y contendrá información personal de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993”.
Segob responde
La Secretaría de Gobernación afirmó que México estudiará detenidamente la sentencia, y se comprometió a llevar los esfuerzos necesarios para su cumplimiento. Pero afirmó: “Cabe mencionar que la mayor parte de los puntos resolutivos de la sentencia se refieren a acciones que el gobierno federal y el gobierno del estado de Chihuahua ya están implementando”. (Con información de José G. Mejía)
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