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lunes, 26 de octubre de 2009

La competitividad está en riesgo si se grava a telecom.

Noticia:


El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones que está a consideración del Senado de la República implicaría una caída en competitividad del mercado mexicano del lugar 66 al 71, de acuerdo con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). “La disminución en la demanda esperada por el aumento en precios desincentiva la inversión y complica la entrada de nuevos participantes al mercado de las telecomunicaciones, y desincentiva la competencia en el sector”, indicó.

Un estudio realizado por este gremio en el que están operadores de telefonía móvil como Telcel y Nextel, además de los principales fabricantes de la industria móvil del país, revela que el rubro de comunicaciones y transportes es el segundo gasto más importante de los hogares en México, sólo después del de alimentos, bebidas y tabaco.

En promedio, las familias mexicanas erogan un total de 4 mil 52 pesos en el trimestre para este rubro, lo cual representa 11% del ingreso total y 14% del gasto total, según los cálculos realizados por la Anatel con información del INEGI.

Pero para los hogares que se ubican en el decil más bajo de ingresos, el gasto en estos servicios es de hasta 20% en comparación con sus percepciones familiares, por lo que este impuesto afectaría más a estos usuarios de menor poder adquisitivo.

El impacto en la cadena productiva también sería considerable, agregó la Anatel, debido a que alrededor de 8 millones de líneas telefónicas son contratadas por pequeñas y medianas empresas y por microempresas que son la principal fuente de generación de empleos del país.

“Las comunicaciones son esenciales para la actividad productiva del país, por lo que el incremento en los costos tendrá un efecto cascada en toda la cadena”, advirtió el organismo.

Además, de acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) de México, existe una brecha entre la demanda de conexiones a internet y el suministro de estos accesos de 1.5 millones, la más grande en América Latina, sólo después de Brasil.

La Anatel señaló que las empresas de telecomunicaciones son una fuente importante de ingresos para el erario, pues tan sólo por el pago de derechos y aprovechamientos por el uso del espectro, el IVA e ISR aportan al fisco casi 76 mil millones de pesos al año, según los datos de 2008.

Este organismo rechazó la validez del argumento del Ejecutivo, avalado por la Cámara de Diputados, en el sentido de que este gravamen a las telecomunicaciones permitiría que el pago por el uso del espectro guarde una relación directa con el valor de mercado del uso de dicho recurso.

En este sentido, la Anatel refirió que en realidad lo que se pretende no es una valoración del mercado, sino una imposición con fines recaudatorios que nada tiene que ver con dicho valor, además de que el IEPS no es un impuesto al valor del espectro, sino al consumidor y lo único que hace es incrementar los precios finales a los usuarios.

En días recientes empresas como Telmex y Televisa se pronunciaron en contra de la aplicación de este impuesto, debido a que lo consideran negativo, tanto para la industria como para la economía.

El sector de telecomunicaciones confía en que el Senado de la República decida eliminar de la Ley de Ingresos el gravamen, ante la negativa de las empresas y el impacto económico que puede generar.

México tiene niveles de penetración de servicios de telecomunicaciones no sólo por debajo de países de la OCDE, sino incluso está rezagado frente a naciones de América Latina, principalmente con países como Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

En particular, en las conexiones de banda ancha el rezago de México es significativo, ya que sólo existen poco más de 7 millones de conexiones, cuando la meta de las autoridades federales es que para 2012 por lo menos 22 de cada 100 habitantes cuenten con este servicio en sus hogares, que adicionalmente representa un avance en la calidad de vida de la población. Es por esto que los expertos del sector advierten que un impuesto a las telecomunicaciones se contrapone a estos objetivos.

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