Ponen candados a examen para residencias médicas.

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La Secretaría de Salud protegió el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas —que realizaron 23 mil 121 estudiantes, quienes buscan cursar una especialidad— contra hackers o algún tipo de robo, para evitar que la prueba sea obtenida de manera ilegal y vendida a los estudiantes, como ocurrió en el pasado.

José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, dijo que este examen electrónico “tiene candados de seguridad” porque, afirmó, “se quiere que el joven gane su lugar por sí mismo, que no haya ningún otro factor que le permita ingresar a la institución, si no es que su desempeño fue mejor que el de los demás”.

Otro candado, agregó, fue la inclusión de la foto de cada sustentante en la forma de registro, así como en la pantalla donde presenta el examen, lo que eliminó la posibilidad de que se presentara otra persona en su lugar, utilizando el nombre del que estaba inscrito.

El secretario de Salud precisó que en esta edición hubo algunos cambios en el examen, ya que por primera vez los jóvenes tuvieron la posibilidad de escoger dos opciones de especialidad, “de tal forma que si no se quedan en una, tienen la oportunidad de ser seleccionados en la segunda, de acuerdo con sus calificaciones”, dijo.

Asimismo, indicó, se realizó un proceso de estandarización y validación basado en casos clínicos, elaborado y validado por más de 190 profesores de más de 20 escuelas y facultades de Medicina del país, públicas y privadas.

En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer que este año se tienen disponibles 6 mil 450 lugares para cualesquiera de las 24 especialidades que se estudian en instituciones públicas y privadas; sin embargo, señaló, este número de plazas puede alterarse por la crisis económica, lo que dependerá de cada institución.

A este examen, indicó, acudieron poco más de 23 mil aspirantes, que por segunda ocasión se realizó por medios electrónicos en 11 sedes distribuidas en el país.

José Ángel Córdova recorrió la sede centro, ubicada en la ciudad de México, acompañado por Maki Ortiz, subsecretaria de Innovación y Calidad, quien aseguró que “no hay manera de que sea filtrado el examen”, cuyo costo fue de 71 millones de pesos.