Los secuestros financian a los talibanes en Pakistán.

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Un coche se cruzó delante del suyo y, antes de que pudiera pitarle, tres hombres armados con Kaláshnikov le conminaban a acompañarles. "No tuve elección", contó a sus amigos Shakir Ishaq hace tres semanas cuando fue liberado después de un año. Como en otros casos similares, la familia niega haber pagado rescate. Sin embargo, policía y empresarios aseguran que el secuestro de personas adineradas constituye una fuente de financiación de los talibanes. Y Peshawar, a las puertas de las zonas tribales donde campan por sus respetos, se ha convertido en su coto de caza.

Los datos ponen los pelos de punta. "En los tres primeros meses de este año hemos recibido 169 denuncias de secuestro", confía una fuente policial desde el anonimato porque no está autorizada a hablar del tema. Esa cifra excluye los casos de disputas familiares o entre vecinos (otros 75), en los que no se busca un rescate sino solucionar un contencioso. Peshawar, la capital de la Provincia de la Frontera Noroccidental, tiene cuatro millones de habitantes.

"Más del 90% de los casos afectan al mundo empresarial", asegura Sharafat Ali Mubarak, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de esta provincia. Sabe de lo que habla. Entre marzo y abril, 45 comerciantes fueron víctimas de ese tipo de extorsión. Esta semana ha habido tres secuestros en dos días. El bazar se echó a la calle y organizó una manifestación. Hace dos meses hicieron un cierre patronal. Un diplomático iraní y otro afgano permanecen secuestrados desde noviembre.

"Siempre ha habido algún caso, pero en el último año o año y medio se han multiplicado exponencialmente", señala Mubarak. La Cámara de Comercio ha contabilizado dos centenares de afectados entre sus 3.000 asociados. Las víctimas son tanto los empresarios como sus hijos. Ahora están pendientes de 15 secuestrados. "Seguro que son más, porque muchas familias evitan la publicidad y tratan de resolverlo por su cuenta", apunta. Según él, les sale más barato que cuando recurren a las autoridades.

"A este paso, el secuestro va a convertirse en la primera industria de la provincia", constata con sarcasmo el presidente de la Cámara. Por volumen de negocio no queda. Estima que las familias afectadas están pagando entre 200 millones y 500 millones de rupias (entre 2 y 5 millones de euros) para recuperar a sus seres queridos, a veces niños de muy corta edad a los que capturan a la salida del colegio. "Muchos pagos se hacen en divisas a través de Dubai o Singapur", afirma con convicción.

¿Los destinatarios? Para Mubarak está claro, los "militantes", como oficialmente se denomina a los insurgentes talibanes. Las víctimas prefieren guardar silencio. "No se puede decir nada malo de los militantes", manifiesta el familiar de un secuestrado. "Me aterroriza la posibilidad de que algo de lo que le diga pueda causarnos problemas a mí o mi familia", se disculpa.

Empresarios y comerciantes están que trinan. Los negocios han sufrido un importante bajón a causa de la inseguridad que ha generado el avance talibán. De las 2.254 industrias que había registradas la década pasada, apenas quedan 590. No se producen inversiones. Y ahora encima se juegan el pellejo al ir o venir del trabajo. Todos evitan desplazarse de noche. Se sienten abandonados por el Gobierno. Quienes pueden, están vendiendo sus propiedades y yéndose a otras zonas más tranquilas del país.

"A mi hermano lo secuestraron en una concurrida calle comercial a las diez de la mañana, a plena luz del día", recuerda Waqar Ishaq. Shakir, de 45 años y formado en Estados Unidos, se dirigía a su oficina, una ONG dedicada a la educación de los refugiados afganos. Pero quienes le capturaron sabían sin duda que los Ishaq son una gran familia de industriales de Peshawar. "Recurrimos a las autoridades, pero no sirvió de nada, el Gobierno no controla esta provincia", afirma desencantado.

"El problema es que [los secuestradores] en unos pocos minutos cruzan a las zonas tribales y allí no tenemos jurisdicción", explica Qazi Inamullah, asistente del inspector general de la policía de Peshawar. Este oficial revela que la policía proyecta autorizar permisos de armas automáticas para aquellos empresarios que se sientan amenazados.

"No es la solución; a no ser que quieran convertirnos en señores de la guerra", responde el presidente de la Cámara de Comercio. En su opinión, lo que los responsables tienen que hacer "es reavivar la economía de esta provincia y mejorar sus infraestructuras". No es una frase hecha. Mubarak y su equipo han pedido al Gobierno federal 30.000 millones de rupias (unos 300 millones de euros), el 75% de los 1.500 millones de dólares anuales que ha prometido EE UU y un 50% de los 7.600 millones de dólares ofrecidos por los Amigos de Pakistán en la reciente Conferencia de Tokio.

"Sin industrias y sin trabajo, ¿qué otra cosa pueden hacer nuestros jóvenes sino unirse a los insurgentes?". Es una reflexión que también se oye en la calle.


Comentario:

Esa forma de proceder ya es común. Hay que cortar el flujo de dinero.