“El gobierno no me cumplió”.

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El ex guerrillero Pedro Pablo Montoya, mejor conocido por su alias de Rojas, dice no arrepentirse de haber matado a su jefe, uno de los siete comandantes de las FARC, aunque ese asesinato lo tenga en prisión y con pocas probabilidades de salir en libertad en breve a disfrutar de una jugosa recompensa.

Y todavía está esperando su dinero. En una prisión al sur de Bogotá, el ex rebelde dijo que, un año después de lo ocurrido, el gobierno no le ha cumplido las promesas que, dice, le hicieron: la recompensa por 5 mil millones de pesos (unos dos millones de dólares), protección a su familia —padre, madre y cuatro hermanos— y agilizar trámites judiciales para estar en la calle.

En todo caso, quizá nunca pueda usar el dinero que le fue pagado, ni ver la libertad, porque en la Fiscalía General indicaron que los delitos por los que se investiga al ex rebelde, como secuestro y homicidio, no son excarcelables ni indultables. Sobre el dinero, confirmó que lo recibió, aunque no considera que fue la cantidad convenida.

“Me prometieron que me iban a dar 5 mil millones de pesos y sólo me entregaron 800 millones (unos 320 mil dólares), que están congelados por cuenta de la Fiscalía dizque para reparar a mis víctimas”, explicó.

Juan Manuel Jerez, abogado de Rojas, coincidió en que el caso de su cliente no es algo que se solucione por la vía penal, sino “política”, debido a los procesos que pesan en su contra.

El ex guerrillero, de 34 años, mató en marzo de 2008 de un tiro en la cabeza a Manuel de Jesús Muñoz, alias Iván Ríos, uno de los siete miembros del “secretariado”, la máxima jefatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

También mató a alias Andrea, quien era la pareja del jefe rebelde.

Tras ocultar el cadáver de su jefe, Rojas, se escapó y llegó a una sede militar de la ciudad de Manizales, al noroeste de Bogotá, con la mano de su jefe. “Si yo no lo mato, él me mata a mí”, aseguró en una entrevista de 40 minutos en la cárcel La Picota, donde se encuentra preso por al menos siete investigaciones y por delitos como homicidio, terrorismo, hurto y secuestro, según la Fiscalía.

“Desde que Iván Ríos llegó (en 2003) al lugar donde nosotros estábamos (en la selva) empezaron a decirle que yo era un infiltrado, que era un traidor. Y eso no era cierto. Antes de que yo lo asesinara, Iván Ríos me dijo: ‘Ahora sí sé quién es usted’”, relató el ex insurgente.

Al día siguiente del anuncio oficial de la muerte del jefe rebelde, el gobierno presentó al ex guerrillero en una conferencia de prensa. Una semana antes, el gobierno había dado muerte a otro miembro del secretariado, “Raúl Reyes”, en un bombardeo en territorio ecuatoriano fronterizo. Nunca antes el Estado colombiano había logrado matar a un jefe de las FARC. Pero en aquella semana de marzo reclamó la victoria por dos.

Sin embarto, Rojas, insiste en que el gobierno no ha cumplido ubicándolo en el exterior, como también le prometió. “Al contrario, estoy en el interior de La Picota”, dijo. Además, se quejó de que su familia está desprotegida en caso de una eventual venganza de las FARC. “Yo no maté a un guerrillero de base, sino a un integrante del secretariado de las FARC”, enfatizó. El fiscal Mariano Ospina, que lleva el caso en Manizales, explicó vía telefónica que su despacho ordenó la congelación de la recompensa para una eventual indemnización a las víctimas de cuatro secuestros que son atribuidos al ex rebelde. La congelación ordenada por la Fiscalía, explicó Jerez, se produjo en septiembre y en ese mismo mes el defensor cobró parte de sus honorarios porque “yo no trabajo gratis”. Jerez declinó decir cuánto le fue pagado y dijo desconocer si de la cuenta de su cliente se hicieron retiros antes de ordenarse la congelación.

El ex guerrillero, quien dijo haber estado en las FARC durante 16 años, advirtió que nunca contará la forma exacta en que mató a “Ríos”, ni cuántas personas mató durante su paso por la guerrilla. “Con esa forma de tratar a los desmovilizados, ¿qué guerrillero se va a entregar?”, se preguntó, y añadió que el supuesto incumplimiento contra él solo tiene un ganador: las FARC. Pero tras el caso de Rojas, , al menos dos rebeldes se han fugado llevando con ellos secuestrados y uno de ellos, Wilson Bueno Largo, alias Isaza, cobró más de 400 mil dólares por escaparse en octubre con el ex congresista Oscar Tulio Lizcano, quien estuvo ocho años en poder de las FARC. Ahora, “Isaza” vive en Francia, país que ha aceptado recibir a rebeldes que liberen a rehenes.

El fiscal Ospina indicó que la única salida jurídica que tiene Rojas, es el sometimiento a la ley de llamada Ley de Justicia y Paz, que les da un máximo de ocho años en prisión a los integrantes de grupos armados irregulares que se entreguen a las autoridades y confiesen todos sus delitos.


Comentario:

¿Se puede creer en la palabra de este ex guerrillero?