Cisen minimizó a “tapados”.

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El Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP) consideró que los organismos de inteligencia del país, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), minimizaron o no fueron capaces de prever las movilizaciones de los “tapados” en Monterrey, Nuevo León, previo a la celebración del Día del Ejército que encabezó el presidente Felipe Calderón en esa ciudad.

Esta semana que culmina, personas en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz arremetieron contra los operativos que el Ejército instrumenta en contra del crimen organizado, al asegurar que las acciones militares violentan los derechos humanos y la estabilidad social.

El CESP, que dirige Adolfo Miranda Castillo, señala en su análisis sobre las protestas callejeras de los “tapados”, que “si se toma en cuenta que ya existían antecedentes de expresiones públicas de repudio a las acciones del Ejército en zonas de influencia de la delincuencia organizada, tanto en Sinaloa, como recientemente en Nuevo León, es claro que el servicio de inteligencia mexicano, el Cisen, no procesó adecuadamente los datos de los riesgos o que los minimizó”.

Agrega que “la impresión que prevalece, es que tras las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en respuesta a los hechos de Monterrey, la reacción del crimen organizado fue escalar la dimensión de la operación a todo el noreste del país”.

La credibilidad del Cisen ha quedado en duda y sus responsables le deben a la sociedad una actuación más oportuna, profesional, imparcial y focalizada a la agenda de riesgos del país, afirma el CESP.

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, aseguró que su gobierno ya tiene plenamente identificados a los responsables de las manifestaciones, bloqueos en puentes internacionales y cierre de carreteras de Reynosa. Afirmó que actuará conforme a la ley.

El mandatario informó que la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas y Caminos y Puentes Federales (Capufe) realizan las investigaciones y preparan las averiguaciones previas contra los manifestantes.

“Nadie tiene derecho a perjudicar a terceros al manifestarse con bloqueos”, apuntó.

A su vez, familiares de las personas detenidas por militares y federales durante el enfrentamiento del pasado martes, donde cinco personas murieron y siete agentes federales y dos civiles quedaron heridos, se manifestaron afuera de la delegación regional de la PGR, para exigir la liberación de sus parientes, al asegurar que son ajenos a los hechos.


Comentario:

Nuevamente, la incompetencia de las autoridades.