Senadora colombiana denuncia plan contra universitarios.

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La senadora colombiana opositora Piedad Córdoba afirmó hoy que el gobierno del presidente Álvaro Uribe tiene un plan para encarcelar a más de 500 estudiantes universitarios, a los que pretende acusar de tener nexos con las FARC.

La legisladora, integrante del Partido Liberal, rechazó un informe entregado este martes por la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María Hurtado, según el cual la guerrilla infiltró universidades y colegios de secundaria.

“Hurtado, haciendo acopio de un plan y una estrategia para generar un ambiente de opinión en contra del Movimiento Estudiantil Universitario y en contra mía, está alistando algunos apresamientos para los próximos días”, dijo la parlamentaria a medios locales.

Según el DAS, la policía secreta colombiana, hay por lo menos 17 universidades infiltradas por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para reclutar estudiantes y cometer atentados en los principales centros urbanos del país.

Hurtado aseguró que la guerrilla también está haciendo trabajo de infiltración entre estudiantes de secundaria en los colegios estatales de varias ciudades.

Córdoba aseguró que estas denuncias son falsas, y agregó que las autoridades violan los derechos humanos, por lo cual radicó un informe sobre el tema en la Defensoría del Pueblo.

La senadora agregó que un grupo de abogados expertos en la defensa de los derechos humanos está listo para actuar, en caso de que se cometan atropellos con los estudiantes, y que dado el caso, se interpondrán denuncias ante organismos internacionales.

Córdoba, reconocida como una de las principales figuras de la oposición en Colombia, es investigada por la Corte Suprema por presuntos nexos con las FARC.

La legisladora había sido autorizada el año anterior por Uribe para mediar ante las FARC para la liberación de un grupo de secuestrados.

La labor de mediación fue cancelada por el presidente, pese a lo cual Córdoba recibió cinco ex congresistas secuestrados de parte de las FARC, a comienzos de este año.


Comentario:

Toda acusación debe ser probada en todos los términos legales. Con el pretexto de que existe un grupo guerrillero como las FARC, no se vale utilizarlo para violar derechos.