Advierten a policías de Sinaloa “cuidarse”.

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La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa instruyó a sus agentes de investigación para que eviten acudir a reuniones públicas, que porten siempre sus armas de cargo y que salgan a la calle con sus familias lo menos posible, esto, como parte de una nueva estrategia para reducir los ataques de la delincuencia organizada en su contra.

El subprocurador de Justicia del estado, Rolando Bon López, informó que ante la posibilidad de una nueva escalada de ataques contra agentes ministeriales y comandantes de la corporación, se determinó dejar sin efecto la disposición de que sólo cuando se encuentran en servicio pueden portar armas.

Las medidas de extrema seguridad, que incluyen la orden de estar en contacto de manera continua con sus superiores, coincidió con la aparición de mantas colgadas en puentes peatonales con amenazas de muerte contra agentes de investigación y tras el asesinato de 33 elementos de las diversas corporaciones en lo que va del año.

El funcionario señaló que en los últimos 30 días siete agentes de procuraduría estatal fueron ejecutados, entre ellos tres comandantes, por lo que se consideró necesario un “cambio de estrategia” durante su actuación como servidores públicos y en su vida privada.

En el más reciente hecho de violencia que involucró a personal de la Procuraduría estatal, el jueves pasado, en un predio rural apareció un letrero que decía: “Siguen Bastos”, junto al cadáver del comandante Héctor del Rosario Valderrama Gastélum. En ese lugar, 20 día antes y con igual mensaje, se encontró el cadáver del agente Juan Manuel García.

Informes preliminares indicaron que el comandante fue interceptado un día antes por más de 15 hombres en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuando regresaba a su base, en el municipio de Concordia, donde había sido asignado como jefe una semana antes.

El comandante viajaba en un auto acompañado por el agente José Tamayo Reyes, a quien después dejaron en un lugar cercano a la caseta de peaje atado de pies y manos.

Valderrama Gastélum había suplido en la jefatura de la base de la Policía Ministerial del Estado en el municipio de Concordia, al comandante Sabino Hernández García, acribillado en la misma carretera junto con el agente Gregorio Camacho Avilés.

Ola de ataques

En la ciudad de Los Mochis, la mañana del 4 de septiembre, a escasos metros de su casa, el comandante de la Policía Municipal, Uvaldo Domínguez González, fue acribillado.

Su muerte se produjo días después de que se capturó a tres hombres de un grupo que enfrentó a policías y a militares, lo que desató una ola de atentados contra agentes y continuos telefonemas anónimos con amenazas.

El 6 de septiembre, tras participar en una reunión de comandantes a fin de diseñar nuevas estrategias de seguridad para los agentes ministeriales, el comandante Sabino Hernández García y el agente Óscar Castro Báez cayeron muertos bajo una lluvia de balas.

Los atacantes fueron 10 hombres que los emboscaron sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán, cerca del poblado El Diez, donde el vehículo en el que viajaban se estrelló y se incendió con los agentes en el interior.

Casi en forma similar murió siete días después el comandante de esa corporación, Óscar Castro Báez y el agente Jesús Enrique Sánchez Gómez, acribillados a tiros en la carretera Culiacán-Las Brisas, cuando se dirigían a su base en el municipio de Guasave.

“Narcomensajes” minan la moral

Los narcomensajes de muerte, seguidos por la ejecución de agentes y comandantes de diversas corporaciones, buscan resquebrajar la moral, estructura y respuesta de la policía, ante una delincuencia más agresiva y mejor equipada en armamento, consideraron expertos y jefes policiacos locales.

En mantas colocadas en puentes peatonales o en llamadas telefónicas anónimas al C-4, se han generado en forma continua amenazas contra agentes que participan en operativos donde se ha logrado la captura de pistoleros o han sido abatidos delincuentes.

Los investigadores de las diversas direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que han sido ejecutados en lo que va del año suman 33, la mayoría de ellos en la ciudad de Culiacán, la capital del estado.

La nueva oleada de ataques y asesinatos de policías se incrementó en septiembre pasado en Culiacán, Los Mochis y Navolato, Sinaloa y fue interpretada por investigadores universitarios y expertos como un claro reto a la autoridad y un intento por romper su moral.