Evaluación de especialistas reprueba al Poder Ejecutivo.

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A dos años y medio del gobierno de Felipe Calderón, persisten fallas e inconsistencias graves en temas torales como la seguridad pública, el empleo y la protección a la infancia; razón por la cual el Ejecutivo Federal reprobó con 5.18 la evaluación que hizo un grupo de especialistas.

Un abandono “brutal” del sistema penitenciario; una “aberrante” visión sobre la protección a los derechos de la infancia y la discrecionalidad con que es aplicado el sistema de justicia, figuran entre las notas rojas de la evaluación que el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY) realizó al Ejecutivo Federal.

Con un resultado promedio de 5.18, calculado sobre la revisión particular de seis grandes tópicos, el gobierno del presidente Calderón fue evaluado por 48 especialistas de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros.

A dos años y medio de iniciada la administración de Felipe Calderón, los analistas compararon las promesas de su campaña y lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007- 2012, con los resultados mostrados hasta hoy, sobre seis temas centrales: Estado de derecho y Seguridad; Economía; Desarrollo Social; Política y Desarrollo de la Democracia; Política Internacional y Medio Ambiente.

“El gobierno federal destina recursos suficientes a la seguridad pero éstos no se gastan como deberían, no hay programas consistentes: son listas de buenos deseos pero sin un sustento técnico”, advierte el informe sobre el tema de Seguridad Pública, rubro en el que el gobierno federal obtuvo 5.5 de calificación.

Una de las principales preocupaciones de los especialistas fue la instauración de un estado policial en el país, que se ha manifestado a través de la presencia del Ejército en las calles. “Hay un matiz policializado en el Ejecutivo, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, que busca darle gran autonomía a la policía en materia de investigación, sin que quede subordinada al sistema de justicia penal”, dicta el texto de la evaluación, en poder de El UNIVERSAL.

Los evaluadores señalaron que el Ejecutivo carece de una visión sistémica de la política de seguridad pública, y manifestaron una gran preocupación por los silencios del gobierno cuando se presentan abusos por parte de la Procuraduría General de la República o del Ejército, cuya intervención genera paradojas: el discurso militarista en defensa de los derechos ciudadanos pretende generar confianza pero, por el contrario, la sensación de violencia afecta a la confianza y ésta a la economía.

Cárceles, las más abandonadas

La evaluación del CEEY califica al sistema penitenciario federal como “un medio corrupto” y “el área más abandonada de todo el sistema de justicia”, por lo que le da una calificación de 3.8.

Advierte que es urgente una política criminal que permita un uso más racional de las cárceles, pues la actual política de aprehensiones y consignaciones genera problemas penitenciarios, al no haber espacio para más reclusos.

“Con la guerra contra el narco se han agravado las penas, lo que hace que la gente esté más tiempo en prisión”, señala la doctora en antropología social Elena Azaola, quien participó en la evaluación del CEEY.

La investigadora, especialista en instituciones penitenciarias, refiere que hay un “olvido y abandono brutal” en las cárceles, así como una enorme falta de visión sobre cómo resolver este problema. “Pretenden resolver la problemática enviando más gente a la cárcel, pero eso solo multiplica los problemas sociales, pues ésta gente que está en condiciones infrahumanas sufre daños mucho más severos junto con sus familias”.

Señaló que, para ella, la calificación de 3.8 es incluso alta, “yo le di prácticamente cero”, dijo, pues se trata de uno de los rubros que exhibe un fracaso en las políticas de este sexenio. “Lo que hay no es justicia, es revancha”, afirmó la especialista Elena Azaola.



3.4 al presidente del empleo

Quien prometió convertirse en el “presidente del empleo”, impulsó esta iniciativa con el programa Primer Empleo, que consistía en exentar de las contribuciones al IMSS a quien empleara por primera vez a una persona, medida que fue calificada por los evaluadores del CEEY como un error, por lo que aplaudieron la decisión del Ejecutivo de suprimirla.

“Crear un millón 300 mil empleos era difícil, porque el país está atravesando por una baja en el empleo en Estados Unidos, y siendo que nuestra economía está tan integrada a la estadounidense, pues era muy difícil. Realmente era una promesa que no se podía cumplir si no reformaba de raíz todas las estructuras del país”, explicó el doctor en Economía, Fausto Hernández Trillo.

El profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y evaluador del CEEY, señaló que Calderón trató de cumplir con el programa que prometió, pero no especificó cuál sería. “El que se le ocurrió fue el programa de primer empleo, pero fue un error pensar que con sólo una exención de contribuciones en el primer año se solucionaría un problema que es más de corte estructural”, puntualizó.

La evaluación califica como negativas las medidas del Ejecutivo para promover el empleo, acusando la falta de políticas públicas focalizadas y la falta de apoyo a ciertos sectores de la población, como el automotriz. Esta industria, dicta la evaluación, se encuentra estancada desde 2000, y la caída en la producción de autos nuevos se explica en gran medida por la disminución del mercado potencial, derivada de la apertura del mercado a autos extranjeros usados.

Se critica que las acciones gubernamentales en torno al empleo se hayan orientado hacia una consolidación del corporativismo, sin proponerse cambiar las condiciones de los trabajadores.



“Influencias peligrosas”

Los evaluadores calificaron de “aberrante” y como un “enorme error de concepción” que el Plan Nacional de Desarrollo afirme que la Convención sobre los Derechos del Niño debe proteger a la infancia de “influencias peligrosas”, sin especificar cuáles son éstas; además de la errata en el nombre de ese instrumento de Naciones Unidas; pues en el PND la citan como “Convención de los Derechos Humanos de los Niños”.

“Esta cita habla del gran desconocimiento por parte de quienes hicieron el Plan, evidentemente no conocen la Convención y decir que ésta protege a los niños de las malas influencias trasmina una serie de prejuicios y de visiones morales”, asegura el director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), Mario Luis Fuentes.

El maestro en Desarrollo Regional afirma que el gobierno no tuvo el cuidado de asignar la redacción de este apartado del PND a alguien que tuviera comprensión de la agenda de los derechos de los niños y de la Convención; lo que denota que la agenda de derechos está muy ajena a la visión de gobierno y de la política social en particular.

“Me imagino que el gobierno decide qué es buena o mala influencia. Es una evidencia de la enorme ignorancia de quienes formularon este capítulo”.

La evaluación señala que la fractura en el sistema de protección a la infancia se manifiesta en casos como el del albergue “Casitas del Sur”, y más recientemente en el incendio de la guardería ABC, en Sonora; situaciones que dieron 3.4 de calificación en protección a la niñez.

Fuentes especificó que cuando se hizo la evaluación aún no había tenido lugar el caso ABC, pero afirmó que, de haberse realizado después, seguramente habría influido brutalmente en el ánimo para asignar una calificación aun menor.