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Uno de cada siete de los 534 presos que han sido liberados de la prisión estadounidense de Guantánamo desde su apertura, a principios de 2002, ha retomado sus actividades bélicas contra EE UU en el exterior. Así lo asegura un estudio del Pentágono al que ha tenido acceso el diario The New York Times, que además informa de que el documento incluye el nombre de 29 de los 74 antiguos reclusos que han vuelto al terrorismo, entre ellos Said Ali al-Shiri, que se ha convertido en un líder de Al Qaeda en Yemen, y Abdullah Ghulam Rasoul, comandante talibán. El Departamento de Defensa mantiene en el anonimato la identidad de los 45 restantes por motivos de seguridad nacional.
La información apareció este miércoles en el rotativo neoyorquino pocas horas después de que el Senado estadounidense decidiera bloquear los 80 millones de dólares solicitados por el presidente Obama para el cierre del penal, tras no lograr el apoyo de los líderes de su propio partido, y un día antes de que el mandatario presente de manera oficial su plan para cumplir su promesa de clausurar el centro en el plazo de un año. El estudio puede dar así nuevos argumentos a los republicanos y a algunos demócratas que se oponen a la medida porque aseguran que la liberación de estos presos pone en peligro la seguridad del país.
The New York Times asegura que, según dos fuentes anónimas del Gobierno, la publicación del informe del Pentágono se ha retrasado porque algunos empleados del Departamento de Defensa tienen miedo a enfadar a la Administración de Obama y poner en peligro sus puestos de trabajo, aunque según el artículo la Casa Blanca no ha ejercido presión para que se mantenga oculto.
Según fuentes oficiales citadas por la CNN, el presidente podría anunciar este jueves que uno de los detenidos acusados de terrorismo va a ser trasladado en breve a Nueva York para ser procesado ante un tribunal civil, en lo que sería el primer jucio de esta índole en territorio estadounidense. Se trata de Ahmed Khalfan Ghailini, capturado en 2004 y sobre el que pesan cargos de participar en los atentados de Al Qaeda contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, en los que murieron 224 personas.
No obstante, los líderes demócratas que decidieron no desbloquear ayer los 80 millones de dólares que solicitó Obama para cerrar la prisión han asegurado que no cambiarán de postura hasta que el presidente explique qué piensa hacer con los extranjeros presos allí como sospechosos de terrorismo. La Administración anterior de Bush estableció unos tribunales especiales para juzgar estos casos, y el problema que se plantea ahora es que si son trasladados a EE UU, sus abogados podrían recurrir ante las Cortes Federales y anular su detención.
Además, el director del FBI, Robert Mueller, advirtió también ayer en una comparecencia ante un comité de justicia del Congreso de que el traslado de los 240 detenidos que permanecen en Guantánamo a suelo estadounidense puede acarrear una serie de riesgos para el país, aunque sean recluidos en prisiones de máxima seguridad.
Según una encuesta publicada el mes pasado, el 48% de los ciudadanos estadounidenses es contrario al cierre de Guantánamo por temor a que los presos puedan ser internados en cárceles cercanas, mientras que el 48% lo respalda.
Comentario:
Se trata de una promesa de Obama que probablemente no pueda ser cumplida.
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