Narco asedia a inmobiliarias

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Empresas inmobiliarias sufren las consecuencias de la frontal lucha del gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado. Algunas de ellas son objeto de amenazas, de secuestro o no se les permite su operación si no pagan una cuota mensual para ofrecerles seguridad. Otras sufren invasión de las casas a medio construir por parte de grupos de civiles armados durante varios días.

“Esto me afectó en ventas y de plano tuve que dejar de operar en esa plaza”, afirma un desarrollador de la zona norte del país, que no quiso ser citado por cuestiones de seguridad.

Consorcio ARA recibió ofrecimiento de “servicios de seguridad”, por parte de grupos delictivos, en desarrollos de vivienda que planeaba construir en Reynosa, Tamaulipas “y mejor decidimos terminar lo que ya habíamos avanzado y dejar esa inversión para otro momento”, explicó Germán Ahumada Alduncin, director de la desarrolladora.

“De plano decidimos cerrar la plaza ante amenazas y robo de materiales y algo similar nos pasó en Ciudad Juárez (Chihhuahua)”, abundó el también presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

Por su parte, Jorge Quinzaños Suárez, vicepresidente de la ADI, reconoció que son un sector donde el narcotráfico lava sus ingresos, pero aseguró: “no hemos sido permeados de forma grave, no al menos entre quienes tenemos grandes proyectos, ni por el lado de compradores ni inversionistas. En lo primero, la Ley de Impuesto Sobre la Renta nos obliga a reportar el manejo de montos en efectivo de más de cien mil pesos; el reporte obliga dar el nombre de las personas que nos pagan de esa forma”.

El también empresario dijo que hasta ahora el gobierno federal no se ha acercado a ellos para delinear alguna estrategia en el combate al lavado de dinero.

Empresas como Urbi tienen como política que en sus desarrollos se organicen los vecinos para el mantenimiento y la administración del conjunto habitacional; ahora ofrecen un plus: este modelo de organización comunitaria les permitirá contar con mecanismos de seguridad más efectivos ante la creciente delincuencia en la ciudad.

“Tenemos también como política no aceptar ofertas de compra de varias casas por parte de una sola persona, menos aún si ofrecen pagos en efectivo”, dijo una fuente allegada a la empresa, quien también aseguró que hasta el momento nadie los ha amenazado o exigido dinero.

La ADI agrupa a las 54 empresas más relevantes del país y cuyas inversiones significan el 70% del desarrollo comercial, industrial, de salud, de vivienda y turística de todo México.

Freno a inversiones

Ahumada Alduncin dijo que el impacto de la guerra al narcotráfico por parte del gobierno federal es incuantificable y variable en cada entidad de la República. Reiteró que los desarrolladores de vivienda enfrentan presiones del crimen organizado que “está vendiendo el derecho de piso para poder operar con tranquilidad, lo cual está frenando las inversiones en el sector inmobiliario”.

Apuntó que el impacto de la inseguridad es distinto en cada ciudad, ya que esta problemática se presenta sobre todo en la frontera del norte del país, aunque en el caso particular de Tijuana hay una mejoría en esta materia.

“Cuando llegas a un estado donde corres un riesgo de seguridad, o que te estén chantajeando en venderte seguridad, es como un nuevo impuesto si frena nuevas inversiones”, reiteró el empresario Ahumada Alduncin.