Tesorero local, en la mira de la Corte.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza diversos proyectos de sentencia en los que se propone separar de su cargo al tesorero del gobierno del DF, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y consignarlo ante un juez para que se le procese por desacato, al no haber cumplido con varias sentencias dictadas por jueces federales.

La sanción que se propone aplicar al tesorero capitalino es una de las más fuertes que puede ordenar el máximo tribunal del país, porque la destitución es automática, definitiva e inapelable, lo mismo que el juicio penal que se iniciaría en su contra.

Luis Rosendo Gutiérrez es ubicado en la Corte como uno de los funcionarios del gobierno capitalino que de manera recurrente se ha negado a acatar los amparos que se le han concedido a diversos particulares para que se les devuelva el dinero que se les ha cobrado de manera indebida por concepto de impuestos como el predial.

De acuerdo con los expedientes en poder de la Suprema Corte de Justicia, el tesorero capitalino se ha negado a devolver cantidades que van de uno a 7 millones de pesos, y que ha perdido el gobierno del Distrito Federal en distintos juicios.

En la Corte se considera que el caso de Gutiérrez Romano, junto con el de otros funcionarios federales de menor jerarquía, servirá para enviarle un mensaje a todos los servidores públicos de que, de ahora en adelante, no se tolerará el incumplimiento de las sentencias que emitan los juzgados y tribunales federales del país.

Porque en estos casos la Corte aplicará las nuevas reglas para sancionar los desacatos que anunció desde el 31 de marzo pasado, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 107 de la Constitución, que faculta al máximo tribunal “para separar de su cargo y consignar ante el juez que corresponda a la autoridad responsable”.

Cierran resquicios

El alto tribunal decidió aplicar medidas más severas contra el incumplimiento de las sentencias, de manera coincidente, en otro caso similar en el que también estaba involucrado el tesorero del Distrito Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, además de otros funcionarios del área encargada de recaudar los impuestos en la capital del país.

En esa ocasión, el 31 de marzo pasado, la Suprema Corte había agendado revisar un caso en el que también se proponía destituirlo y consignarlo por no acatar una sentencia de amparo que le ordenaba devolverle a la empresa Apasco la sobretasa que se le había cobrado por el impuesto predial.

Pero en ese momento se salvó porque, de última hora, el gobierno capitalino comprobó que el pago ya se había efectuado y que la sentencia se había acatado.

Esta situación generó molestía en el pleno del alto tribunal. Y para evitar que se volviera a repetir, la Suprema Corte resolvió derogar un acuerdo —emitido por ella misma— que en la práctica les daba más tiempo a las autoridades para alargar o evitar el cumplimiento de una sentencia, hasta que veían en riesgo de ser sancionadas.

El acuerdo que derogaron —según reconocieron los propios ministros del máximo tribunal del país— había convertido a la Corte en una especie de gestor que tenía prácticamente que estar persiguiendo a los funcionarios, quienes incluso se negaban a responder llamadas de los funcionarios judiciales a los que se les encomendó esta labor, para que cumplieran las sentencias con el fin de que no fueran sancionados.

Las autoridades “han evadido dolosamente el cumplimiento de sus sentencias. Es indispensable, inaplazable, que este alto tribunal tome las medidas que considere necesarias para que las ejecutorias dictadas sean inmediatamente acatadas”, aseguró en ese momento el ministro de la Corte Sergio Valls Hernández.

Por este motivo determinaron que una vez que un caso de inejecución de sentencia llegue a la Corte, las autoridades sólo tendrían 10 días para cumplir las órdenes que se giraron.

Porque después de este plazo, la Suprema Corte procedería a sancionarlos tomando en cuenta únicamente la información que tuvieran en su poder, sin importar que la sentencia se cumpliera de última hora para evitar el castigo correspondiente.

Y, en el caso del tesorero del gobierno del Distrito Federal, la Corte detectó que no respetó las nuevas reglas y volvió a negarse a acatar las sentencias de amparo dictadas por juzgados y tribunales federales.